27 de maig de 2012

El Estado provoca el doble de déficit que las autonomías



El Estado provoca el doble de déficit que las autonomías

 

Las autonomías se desvían más porque el Gobierno les exige un sacrificio muy alto | El gasto no financiero en el 2011 aumentó el 2,6% y en Catalunya se redujo el 7%

Política | 27/05/2012 
Jordi Barbeta
Jordi Barbeta  Barcelona -  La teoría proclamada por el actual Gobierno del PP y por el anterior Gobierno socialista según la cual las comunidades autónomas son las culpables del déficit público ha sido refutada por las cifras, por los hechos y por expertos en Economía Aplicada y Hacienda Pública de distinta orientación ideológica. La Administración central del Estado viene generando sistemáticamente el doble de déficit que las comunidades autónomas en su conjunto. Ni siquiera el afloramiento del déficit oculto de las comunidades de Madrid, Valencia y Castilla y León desmiente la realidad en cifras absolutas y relativas.

El Estado gasta más y se sacrifica menos. Sí es una verdad aritmética que las comunidades autónomas suelen presentar una desviación presupuestaria superior a la del Estado, pero a ello contribuye de manera considerable una razón política: es el Gobierno central quien fija la distribución de los objetivos de déficit y como quien parte y reparte se lleva la mejor parte, la Administración central obliga a las comunidades a sacrificarse más que a sí misma, fijándoles un ambicioso objetivo de déficit, al tiempo que les recorta los ingresos y les transfiere nuevas obligaciones de gasto.

Los datos ilustran la diferencia de magnitudes. En el 2010 el déficit de la Administración central fue del 5,8% del PIB frente al 2,8% de las comunidades autónomas y en 2011 la diferencia fue de 5,1% frente al 3,3% contando lo que escondían Esperanza Aguirre y sus correligionarios. Para este año, el Gobierno central ha impuesto un objetivo de déficit considerablemente más riguroso para las comunidades autónomas, el 1,5%, que para él mismo, el 3,5%.

Hay que tener en cuenta que desde hace ya varios años, la parte del león del gasto público corresponde a las comunidades autónomas. Según los datos más actualizados, en el 2010 la Administración central sólo asumió el 20.4% del total del gasto público en España; en cambio, las comunidades autónomas tuvieron que hacer frente al 34,6%. El resto corresponde a la administración local, 13,4%, y a la Seguridad Social, 31,6%. Así pues, a pesar de tener menos compromisos de gasto, el Estado se autoexige menos sacrificios y genera más déficit.

Como la situación no mueve precisamente al optimismo ni en en Madrid ni en Bruselas, y en Frankfurt no se fían de nada ni de nadie, el Gobierno de Rajoy se vio obligado en abril pasado a revisar los objetivos de déficit para el conjunto de las administraciones públicas para el año 2013 y no quiso aprovechar la ocasión para predicar con el ejemplo. El Gobierno mantuvo el objetivo global del 3%, pero modificó la distribución del esfuerzo entre las diferentes administraciones: cuatro décimas más de ajuste para la Administración central, frente a las seis décimas que le impone a las autonomías

De acuerdo con la nueva filosofía anticrisis que llevó a reformar la constitución y elaborar la ley de estabilidad presupuestaria, las administraciones públicas españolas están obligadas a pagar prioritariamente las deudas y los intereses antes que nada. Los compromisos financieros pasan por delante de la salud y de las pensiones si es necesario. Eso significa que la reducción del déficit sólo se puede realizar en los gastos no financieros. Pues bien, un informe elaborado por el Departament de Economia de la Generalitat de Catalunya demuestra con cifras que en el 2011, con la crisis en pleno apogeo, el Estado no sólo no redujo su gasto no financiero, sino que lo incrementó un 2,6%, mientras que Catalunya redujo sus gastos no financieros en un 7%. Contándolo todo, el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero que tenía en Elena Salgado el gran cerebro de la austeridad, aumentó el gasto en un 0,4%, mientras que Catalunya, sin ir más lejos, lo reducía en el 9,35%.

Gasto estatal frente a gasto social. El dato anterior es fundamental para el análisis político. Proporcionalmente, el esfuerzo que tienen que hacer el Estado y las autonomías podría parecer similar, pero es casi una obviedad que el margen de maniobra no es el mismo. Las comunidades han asumido la responsabilidad del gasto social, Han de hacer frente a la sanidad pública, la educación y los servicios propios del Estado del bienestar. Son competencias en las que contraer el gasto resulta mucho más difícil y políticamente más controvertido, sobre todo en épocas de crisis como la actual. Los ingresos caen en picado, pero las necesidades de gasto social se mantienen, cuando no se disparan. Desde el punto de vista político, si el Gobierno central aplaza una inversión en, pongamos por caso, un tramo de la red ferroviaria del AVE o en la adquisición de material militar, no tendrá la misma repercusión social, política o electoral, que cuando el Gobierno de una comunidad autónoma cierra escuelas o centros sanitarios o deja sin subvención a los centros de integración de discapacitados.

La deslealtad institucional. Los gobiernos de las comunidades autónomas han denunciado por otra parte el fenómeno de la deslealtad institucional, practicada por la Administración central, independientemente del signo político del gobierno de turno. El principio de lealtad institucional está establecido en la Lofca y se define como "la determinación del impacto positivo o negativo que las disposiciones generales aprobadas por el Estado tengan sobre las comunidades autónomas , tanto en materia de ingresos como en materia de nuevas obligaciones de gasto".

Sin embargo, una cosa es predicar y otra muy distinta dar trigo. El ejemplo paradigmático es la ley de la Dependencia. Fue el proyecto político estelar de la primera legislatura de Zapatero. Aunque los servicios sociales son competencia autonómica, los dos partidos mayoritarios, PSOE y PP, que andaban a la greña en casi todo, se pusieron rápidamente de acuerdo para asumir las ayudas a la dependencia como un derecho universal que compete al Estado. Se pusieron la medalla de la sensibilidad social, pero encargaron la gestión a las comunidades autónomas. Con la crisis, la financiación empezó a fallar y los gobiernos autonómicos tuvieron que hacer frente casi en solitario a algunos pagos y a todas las protestas de los que no recibían las ayudas prometidas.

En el 2009, con el tripartito de Montilla en la Generalitat y Zapatero en la Moncloa, el Govern de Catalunya denunció que la deslealtad del gobierno amigo equivalía al 5% de su presupuesto consolidado, es decir, 1.849 millones de euros, sin contar el desfase de la ley de la dependencia. Ahora mismo, el Gobierno catalán cifra la deuda por deslealtad institucional en 2.428,9 millones de euros.

Gastos considerados periféricos. No entra dentro del capítulo de la deslealtad institucional, pero forma parte también del eterno modus operandi de la Administración central que, cuando tiene que recortar gastos, empieza siempre por reducir transferencias que tiene comprometidas y que realiza directamente a entidades con sede en las comunidades autónomas. Por ejemplo, en Catalunya las subvenciones directas al Gran Teatre del Liceu o al MACBA. El Gobierno central deja de pagar, pero el problema se queda en la comunidad. Según cálculos de la Generalitat, este año el Gobierno del Estado suprimirá subvenciones a entidades catalanas por valor de 484 millones y las entidades perjudicadas obviamente piden auxilio a la administración más próxima y más implicada. Eso nunca le ocurrirá al Museo del Prado, que depende del Estado, que le ha subido este año el presupuesto.

Las duplicidades. La crítica más recurrente sobre el denominado "despilfarro autonómico" hace referencia a los organismos públicos de distintas administraciones que tienen encomendada prácticamente la misma función y que acaban incluso compitiendo entre sí. Expertos consultados señalan el origen de esta disfunción en el recelo demostrado por la Administración del Estado respecto a las autonomías y a la "artificiosidad política" de algunas comunidades autónomas.

Ha habido proliferación de organismos e instituciones multiplicadas por diecisiete, parlamentos, órganos consultivos, defensores del pueblo, tribunales de cuentas, empresas públicas, etcétera, pero la burocracia estatal mantiene una dura resistencia a dejar paso al poder autonómico. El Institut d'Estudis Autonòmics señala en un informe reciente que el Estado interviene sistemáticamente en ámbitos de competencia autonómica exclusiva amparándose en los preceptos constitucionales que le facultan para fijar la legislación básica o establecer la coordinación general.

La pugna entre administraciones genera derroche de recursos y de energías como demuestra el siguiente ejemplo: las competencias en cultura son exclusivas de las comunidades autónomas pero sigue existiendo el ministerio y los organismos que dependen de él, como el Instituto Nacional de Artes Escénicas y de la Música (INAEM). En el 2008, este organismo publicó una convocatoria de ayudas para la construcción de equipamientos. La Generalitat recurrió y el Tribunal Constitucional le acaba de dar la razón, pero sólo la razón, porque las ayudas se pagaron en el 2008 y se justificaron en el 2009. Total, hechos consumados por parte del Estado, competencia absurda entre administraciones, más gasto público y encima pleitos y procedimientos judiciales, aunque el paradigma del absurdo lo culminó Ángeles González-Sinde, la ministra de Cultura con Zapatero, que sin reparar en gastos pujó con dinero público para llevarse a Salamanca el archivo Centelles sobre escenas de la guerra civil en Catalunya.

http://www.lavanguardia.com/politica/20120527/54300262698/el-estado-provoca-el-doble-de-deficit-que-las-autonomias.html 

 

 

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