La corrupción rompe la confianza
La corrupción frena la salida de la crisis, genera ineficiencias en la economía y degrada la imagen de España en el extranjero
Miguel Ángel García Vega - 11 AGO 2013 - El País - La co- rrupción es un viaje a la noche más oscura del ser humano. Allí
donde el escritor Francis Scott Fitzgerald narraba que son siempre las
tres de la mañana. Es una travesía que tiene un peaje moral y ético,
pero también un coste económico. Y aunque no hay cifras precisas, los
expertos nos acercan a algunos números que revelan la magnitud de la
herida. Friedrich Schneider, profesor de Economía de la Universidad
Johannes Kepler en Linz (Austria) y una referencia en estos temas, ha
elaborado un cálculo para España. “El 1% del PIB”, dice. O sea, unos
10.500 millones de euros anuales. Es el daño de la corrupción en las
cuentas españolas.
Pero hay otras cifras. El Banco Mundial estima que el coste oscila
entre el 0,5% y el 2% de la riqueza nacional en los países de la OCDE.
Mario Monti, ex primer ministro de Italia, quiso conocer también ese
precio y averiguó que el 3,8% (60.000 millones de euros) de los bienes y
servicios producidos en su país desaguaba en las alcantarillas de la
corrupción. Ahora bien, todos estos cálculos podrían quedarse cortos por
razones como la negativa de las víctimas a denunciar las situaciones
corruptas.
Sean o no exactos, ponerle números a la corrupción ayuda a entender
que este comportamiento tiene una repercusión directa en la economía y
en la vida de todos. “No forma parte de una extraña realidad ajena a
temas cotidianos y vitales como la sanidad, la educación o la cultura.
Dinero que se llevan los corruptos, dinero que no llega a nuestras
escuelas y hospitales. Además, compromete nuestro futuro”, apunta
Enrique Alcat, profesor en el Instituto de Empresa (IE). “La corrupción
está obstaculizando la salida de España de la crisis, genera
inestabilidad política, empeora la imagen del país, degrada la confianza
del inversor y aumenta la incertidumbre financiera”, reflexiona José
María Mella, catedrático de Economía de la Universidad Autónoma de
Madrid, quien recalca que “es un mecanismo depredador de los recursos de
la sociedad”. ¿Por qué? Porque desvía el dinero de una mayoría hacia
una minoría que acapara la riqueza y que suele estar bien conectada con
los centros de decisión. Y a la vez es una artimaña empobrecedora, ya
que reduce el gasto público social y merma el Estado del bienestar.
El pasado mes de junio, la ONG Transparencia Internacional reunió en
Lisboa a 150 activistas de todo el mundo para analizar hasta dónde ha
calado la corrupción. Los datos referidos a la Unión Europea fueron
desoladores. Entre un 10% y un 20% de los contratos públicos se pierden
por la corrupción, el 5% del presupuesto anual europeo no se justifica y
se malogra cerca de un billón de euros en inversión al año. La Comisión
Europea, en un borrador de trabajo fechado ese mismo mes, da precisión a
esas cifras. Calcula Bruselas que la corrupción cuesta 120.000 millones
de euros anuales, el 1,1% de la riqueza de la Europa de los Veintiocho.
Sobre los países de la UE se extienden como un lodo oscuro, viscoso y
pegadizo 20 millones de casos de corrupción a pequeña escala en el
sector público. Por si fuera poco, todo esto sucede dentro de unas
fronteras donde operan, según la Oficina Europea de Policía (Europol),
3.600 organizaciones criminales.
Un profesor austriaco calcula un daño equivalente al 1% del PIB
El anterior es un mapa que cartografía la preocupación. Sobre todo
porque revela hasta qué punto está extendida y hasta qué punto la
toleramos. “España siempre ha sido muy permisiva con la corrupción”,
apunta Jesús Lizcano, presidente de la ONG Transparencia Internacional
España. “Le doy un dato: el 70% de los políticos que estaban imputados
por corrupción han sido reelegidos en las últimas elecciones locales”.
Pese a todo, hay algún atisbo de cambio. El Barómetro de Opinión del CIS
(Centro de Investigaciones Sociológicas) de julio pasado sitúa a la
corrupción como el segundo problema (37,4%) que más preocupa a los
españoles después del paro (80,9%).
Es una buena noticia porque esa mayor preocupación abre la puerta a
luchar contra nuestros propios demonios. “En España, históricamente se
ha convivido con la idea de que todo el mundo defrauda”, recuerda Carlos
Cruzado, presidente de los Técnicos de Hacienda (Gestha).
Las grandes empresas y las todopoderosas fortunas (42.711 millones de
euros al año) son los principales defraudadores en nuestro país. Le
siguen, a bastante distancia, las pymes (10.150 millones) y los
autónomos (5.111), rompiendo ese mito urbano de que es en la pregunta
“¿con IVA o sin IVA?” donde reside el mayor fraude. Lo que sí habría que
cuestionarse es qué supone que en torno al 20% de la riqueza de España
la genere la economía sumergida.
Es evidente que la corrupción afecta a las arcas del Estado. No solo
por la evasión fiscal, sino también debido al aumento del gasto público
improductivo, ya que sube los costes de licitaciones que no son
competitivas. Además disminuye la capacidad inversora de la
Administración y baja la calidad de los servicios públicos. Y en el lado
de la iniciativa privada también causa sus destrozos, pues elimina la
competencia al promover regulaciones ineficientes y amañadas para
generar ingresos.
El dinero se desvía de una mayoría hacia una minoría bien conectada
Pero este viaje hacia la noche oscura no se detiene aquí. Va más
allá. “La corrupción supone que la actividad económica se genere de
manera ineficiente, ya que distorsiona el mercado e impide que
determinadas actividades las desarrollen aquellas empresas que podrían
hacerlo de una forma más eficaz”, relata Beñat Bilbao-Osorio, director
asociado y economista del Centro de Competitividad y Rendimiento Global
(Foro Económico Mundial). Y también te lleva a lugares donde no
quisieras estar. “Los escándalos nos meten en la liga de Grecia, Italia,
Chipre. En la que nosotros no estábamos. Jugábamos en la del déficit,
el paro, la ineficacia. Pero no en esa”, observa el economista José
Carlos Díez.
Cada país tiene una forma de corrupción definida por su propio ADN.
En el caso español está vinculada a actividades relacionadas con el
mundo inmobiliario (suelo, construcción y obras públicas). El escritor
Rafael Chirbes, en su premonitoria novela Crematorio (2007), narró los
entresijos de ese submundo en el que se mezclaban corrupción, política
municipal y ladrillo. Aquellas páginas eran “un fuego que ardía
deprisa”, como las ha calificado el propio autor. Y también fácilmente,
como señala José María Mella, de la Universidad Autónoma de Madrid: “En
esos sectores es sencillo apoderarse de las rentas generadas a través de
concesiones y relaciones privilegiadas con las Administraciones
públicas, ya sean locales o autonómicas”.
Sin embargo, el ladrillo, y sus aledaños no son la única fuente de
corrupción. Muchos expertos apuntan a la financiación de los partidos.
“Ha bajado la virulencia de los escándalos inmobiliarios porque con la
crisis la burbuja estalló, pero el problema de cómo se financian los
partidos permanece. Es un tema que no puede continuar siendo opaco”,
razona Manuel Escudero, director general de Deusto Business School
(Universidad de Deusto). Luz y taquígrafos que los analistas transcriben
en varias propuestas: limitar los mandatos de los cargos públicos, no
incluir en las listas a encausados por corrupción, eliminar los
privilegios de los aforados, que muchas veces les hace impunes al
delito, y tener un Tribunal de Cuentas que sea eficaz. Y por extensión,
como escribía hace poco en EL PAÍS el experto en derecho Segismundo
Álvarez Royo-Villanova, “terminar con la impresentable práctica de que
las grandes empresas de sectores regulados sean el retiro dorado de toda
clase de ex”.
Hay quien, como el prestigioso jurista Antonio Garrigues Walker,
mantiene el optimismo en esa mirada hacia nuestro pasado y nuestro
porvenir. “Un alto porcentaje de los escándalos guarda relación con la
época de la borrachera económica. No por ello quiero decir que pierdan
impacto, pero lo que está claro es que al final todo se descubre, y que
lo que está ocurriendo es una lección dura, pero muy positiva, para
reducir la corrupción que ya sucede a todos los niveles. Vamos hacia una
época mejor en este tema, y la Ley de Transparencia [que quiere abarcar
desde la Casa del Rey hasta el poder ejecutivo] ayudará mucho”, asegura
Garrigues.
Caen la capacidad inversora del Estado y la calidad de los servicios
¿Pero de verdad es así? ¿Mejoramos? En los rankings internacionales
de corrupción, como el que publica Transparencia Internacional, España
ocupa el puesto 30º sobre un total de 176 naciones. En concreto, entre
Botsuana y Estonia. Lejos de Italia (72º), que tiene un serio problema
en este ámbito, pero también de la prístina Dinamarca (1º). En España,
la corrupción en una década deja 800 casos y 2.000 detenidos, de acuerdo
con fuentes policiales. Una alcuza que pesa mucho menos de lo que
podríamos pensar, sobre todo en los insensibles mercados financieros,
que se rigen por sus propias normas.
“Los casos de corrupción resultan indiferentes a los mercados de
bonos”, observa Emilio Ontiveros, presidente de Analistas Financieros
Internacionales (AFI). “Es decir, piensan que no afecta a la solvencia
de la deuda pública española y que, por tanto, su inversión no se
encuentra en peligro”. De hecho, apunta Federico Steinberg, investigador
principal de Economía Internacional del Real Instituto Elcano, “si no
se ve una crisis política de gran magnitud, los inversores van a lo
suyo”.
Precisamente Cristina Manzano, directora de la publicación online de
análisis político Esglobal, citando un reciente trabajo del Instituto
Elcano (Las agencias de rating y su influencia sobre la imagen de
España), revela qué significa ir a lo suyo: “Las informaciones de las
firmas de calificación de riesgos sí influyen en el mercado español y
también las que proceden de la Unión Europea. Sin embargo, el resto de
instituciones que emiten información no afectan en nada a nuestros
mercados de capitales”. Ya lo dice Daniel Pingarrón, analista de IG
Markets: “Un dato de empleo de Estados Unidos tiene más repercusión
sobre la Bolsa española que uno de empleo de España. La globalización de
los mercados así lo dicta”.
Keith Salmon, investigador experto en política española del think
tank Oxford Analytica, explica que en Reino Unido se percibe la
corrupción en España como “un asunto muy serio” que “encuentra
similitudes no solo con los países del sur de Europa, sino con algunos
de América Latina”. Además, avisa, existe un coste mayor en el que se
repara poco, que “es la pérdida de fe de una generación de jóvenes
españoles en el Gobierno, en el sistema democrático y en el entorno
económico. Lo cual empuja a que emigren trabajadores de enorme talento. Y
esto tiene un importante coste económico para el país, ahora y en el
futuro”.
http://economia.elpais.com/economia/2013/08/09/actualidad/1376061374_331556.html
