30 de juny de 2013

Jualiana atribueix a Pujol i Roca que no tinguem concert

             El periodista explica que Trias Fargas "va quedar en minoria"


El delegat de La Vanguardia a Madrid, Enric Juliana, ha atribuït a Jordi Pujol i Miquel Roca que Catalunya no tingui el concert econòmic a l'estil del País Basc o Navarra.


En un article d'opinió al diari del Grupo Godó, el periodista ha assenyalat que Ramon Trias Fargas es "va quedar en minoria" defensant aquesta opció al començament de la transició.



Després de definir Trias Fargas com a "concertista i federalista", ha remarcat que "el concert fiscal no va ser bandera catalana en el passatge Constitució-Estatut de Sau. 1978-1979. És ben sabut. El dirigent basc Juan de Ajuriaguerra hi va clavar mossegada a Bilbao, poc després de tornar de l’exili: 'Aquests catalans es creuen no sé què, perquè tenen ponents constitucionals; nosaltres, amb menys, aconseguirem més'".

"Cobrar impostos? No era una idea gens grata a l’esquerra industrial. Un altre temps. No hi havia ordinadors, no hi havia l’Agència Tributària i l’IRPF amb prou feines s’acabava d’implantar. I la solidaritat amb el sud era un concepte mític que no admetia matisos en una Catalunya amb més d’un milió d’andalusos i extremenys en fase d’arrelament", ha reblat.

Segons Juliana, "a CDC va prevaler el sentit pràctic del tàndem Pujol-Roca: anar sumant, agregar tot l’electorat moderat i no provocar grans rebutjos. Trias va quedar en minoria, però va aconseguir pactar el 1982 una bona valoració de serveis amb el ministre d’UCD García Añoveros, que el PSOE va esborrar de cop en guanyar de manera aclaparadora les eleccions d’octubre".



( A la Cuca de Llum hem publicat una resenya sobre Trias Fargas que recomanem ): 
(cliqueu el tag> llibres recomanats/libros recomendados (14)  )


"Narració d'una asfixia premeditada. Les finances de la Generalitat de Catalunya"" per Ramón Trias Fargas , Llibre recomanat. Pròleg resumint la història del tres Estatuts de Catalunya per Elisenda Paluzié.

Elisenda Paluzie i Hernàndez
Degana de la Facultat d’Economia i Empresa
de la Universitat de Barcelona



27 de juny de 2013

Entramos en el Tribunal de Cuentas



Es la institución más opaca de España. Y también una de las más poderosas. Es el máximo controlador de las cuentas públicas del Estado y tiene capacidad para juzgar a los gestores que cometan irregularidades. El organismo abre sus puertas en exclusiva a 'El País Semanal'

 

27 JUN 201 -
El Tribunal de Cuentas está pero no está. Es, en teoría, enormemente poderoso; uno de los puntales del Estado democrático; con su existencia reseñada en la Constitución; intocable; independiente de la Administración; con autonomía presupuestaria y de gobierno; con sus 12 consejeros blindados en su cargo durante nueve años. La pieza clave para fiscalizar la gestión económica de las instituciones públicas. El largo brazo del Parlamento (su único cliente) para controlar (a toro pasado) en qué gastan y cómo gestionan el dinero de nuestros impuestos el Gobierno, los Ayuntamientos, las comunidades autónomas, las sociedades estatales, las empresas públicas, la Seguridad Social o los partidos. Los hombres de negro del Tribunal tienen que inspeccionar cada ejercicio las cuentas de 15.000 organismos. Y además averiguar si esos gastos se han hecho bajo criterios de eficiencia, eficacia y economía. Esa sería la misión ideal del Tribunal: no limitarse a comprobar si los balances que les entregan (siempre con retraso; muchas veces incompletos) cuadran; también deducir si ese dinero se ha empleado bien. Por ejemplo, que las contrataciones (especialmente de obras y gestión de servicios) han cumplido las normas de concurrencia, objetividad y transparencia; es decir, que no se han adjudicado a dedo a algún amigo del alcalde.

“La clave de nuestra existencia es que sepamos si el gasto es eficaz. Y a partir de ahí, que las recomendaciones que enviamos a las Cortes para que insten al Gobierno a que mejore su gestión se tengan en cuenta”, resume Enrique Álvarez Tol­cheff, director de la Sección de Fiscalización (que concentra la labor de auditoría a través de siete departamentos especializados en sectores públicos, Ayuntamientos y ­autonomías). “Tenemos que ir más allá de la auditoría financiera; lo importante no es solo que cada gasto esté justificado, sino que sea eficiente. La mayor transparencia en un Estado democrático es saber cómo emplea el Ejecutivo tu dinero”.

Los ‘hombres de negro’ del tribunal tienen que fiscalizar 15.000 organismos cada año
El Tribunal de Cuentas debería ser el Gran Hermano del sistema; el sumo inquisidor de los excesos y ligerezas de sus administradores; la sala de justicia donde la nación pida cuentas a los gestores que recaudan, administran o custodian fondos del Estado, y les obligue a devolver de su bolsillo el dinero que han empleado mal. Así lo marca la ley. No siempre se cumple. La gran cuestión es para qué sirve el Tribunal de Cuentas. Si alguien le hace caso. Si tiene el suficiente prestigio para hacer valer su fuerza moral por encima del juego político. Y llegar hasta el final; caiga quien caiga. Ante esa cuestión, los letrados y auditores del Tribunal (funcionarios por oposición, con prestigio y experiencia) titubean. Se nota cierto desánimo. Y mucho victimismo. Una de las frases más repetidas entre estas adustas paredes es: “Estamos hartos de clamar en el desierto”. Hay otra del mismo estilo: “Nuestros informes son un brindis al sol”. Hay una tercera reflexión muy extendida, que sintetiza Juan Carlos López, director del Departamento Quinto (al que rinden cuentas decenas de entes como RTVE, el Banco de España, el Museo del Prado o el CNI): “Este no es el organismo que va a acabar con la corrupción. No tenemos policías. Somos un tribunal, pero no mandamos a la gente a la cárcel. Somos técnicos. No tenemos potestad para pinchar un teléfono, confiscar un ordenador o acceder a las cuentas de los familiares-testaferro. No sabemos si hay una contabilidaden B. Pedimos papeles. Y rastreamos en ellos con los procedimientos que nos proporciona la técnica de la auditoría. Y pedimos facturas. Y hacemos un informe. Y si nuestra fiscalía detecta un perjuicio para las arcas públicas, actúa la Sección de Enjuiciamiento, para que se devuelva ese dinero al Tesoro. Tenemos que ser más ágiles, pero no somos el centro nacional contra la corrupción”.

Un cuarto análisis que se puede escuchar en los pasillos del palacio es este: “Los partidos están usando al Tribunal como coartada. Cuando no hacemos constar ninguna irregularidad sobre su actividad económico-financiera (porque no la hemos detectado), esgrimen nuestros informes y se les llena la boca diciendo: ‘Somos inocentes; hemos pasado todos los controles del Tribunal de Cuentas’. Y no es exactamente así. Un auditor no puede abrir la caja fuerte del tesorero de un partido; no ve los maletines. Los partidos nos están usando como un escudo que les exonera de todo”. Para terminar, esta quinta y última idea, en la que coinciden muchos profesionales del Tribunal: “Tenemos que concentrarnos en controlar lo que preocupa a los ciudadanos. Tenemos que hacer fiscalizaciones sobre asuntos más concretos, cercanos y recientes. El Tribunal no está dando respuesta a las demandas de la sociedad”. Cuando uno pide a esa fuente que concrete esas demandas, salta como un resorte: “Por ejemplo, conocer al céntimo las cuentas de la Casa del Rey. Nuestro presidente afirmó en el Parlamento que no podemos entrar a valorar, analizar o fiscalizar cómo distribuye el Rey la asignación que recibe cada año porque lo impide la Constitución; pero también es cierto que, revisando las cuentas de los Ministerios de Defensa, Interior, Exteriores y Presidencia, podemos saber lo que cuesta cada soldado, escolta, jardinero y viaje de la Casa. ¿Más demandas? Tenemos que estar atentos con las entidades financieras que ha nacionalizado el Gobierno (Bankia, Catalunya Caixa, Novagalicia) y ver cómo emplean el dinero público que se les ha inyectado. Y hay que estar encima de los ERE y de la corrupción urbanística de los Ayuntamientos. Eso es lo que se nos pide”.


Al Tribunal de Cuentas le ocurre lo que a su severa y palaciega sede, inmersa en pleno barrio de Malasaña (uno de los rincones más vibrantes de la contracultura madrileña), junto a la que pasan a diario miles de personas que ignoran ese viejo caserón custodiado por policías y cuyo pórtico, con frontón y bandera, engulle y expele lujosos coches oscuros oficiales y vehículos con quintales de papeles. Es invisible. Casi nadie sabe qué ocurre tras estos decimonónicos muros de granito. La imagen (acertada o no) que se ha ido formando la opinión pública sobre el Tribunal en los últimos tiempos (en especial, desde la aparición en escena del extesorero del Partido Popular Luis Bárcenas, al frente de una presunta trama de corrupción, financiación ilegal y sobresueldos no detectada por el Tribunal), y que confirman en privado algunos de sus técnicos, es que se trata de un organismo lento, caro (tiene un presupuesto superior a los 60 millones de euros), endogámico, dividido por los intereses corporativos de sus miembros (una batalla que enzarza a los cuerpos específicos del Tribunal, los de la casa, y los que proceden de otros cuerpos del Estado, los pitufos); con una pesada burocracia y que maneja criterios de auditoría ya caducos en el sector privado. Y, sobre todo, que está manejado por los dos grandes partidos, que nombran, a través de pactos, a sus 12 consejeros (algunos de ellos con una clara filiación política) con el objetivo de que no salgan a la luz las irregularidades de su gestión. En medio de esa espiral, en abril de 2012 saltaba una nueva polémica: se daba a conocer que el último ejercicio de la contabilidad de los partidos que el Tribunal había fiscalizado era el de 2007. Cinco años de retraso. Las irregularidades que se podrían derivar del informe habrían prescrito. El informe, de 400 páginas y anexos, críptico y farragoso, encuadernado en el desvaído beis del Tribunal, proporcionaba, sin embargo, algunas claves sobre los usos de los partidos. Por ejemplo, en relación con el PP, el informe aseguraba que la contabilidad facilitada no contenía ninguna información sobre las actividades de su estructura territorial; y además no se sabía quién firmaba el preceptivo informe interno sobre su situación financiera. En 2007, Bárcenas era gerente, y Álvaro Lapuerta, tesorero, pero su rúbrica no aparecía por ningún lado. El informe llegaba tarde. Pregunta generalizada: ¿para qué sirve entonces el Tribunal?
Las audiciones parlamentarias a las que están sujetos los consejeros antes de ser nombrados se han desaprovechado

Ese reciente escrutinio sobre su actuación ha colocado al borde del ataque de nervios a los 12 consejeros del Tribunal; los cinco fiscales, los tres abogados del Estado, la veintena de directores técnicos; los cerca de 400 auditores, contadores y letrados, y los otros 400 cargos auxiliares; habituados al silencio y la serenidad de sus luminosos despachos, y a unos sueldos inusualmente altos en la función pública (se supone que para evitar sobornos), que van de los más de 6.000 euros netos mensuales que cobra un consejero (además de coche oficial y dos secretarias) a los 4.500 de un director técnico, 4.100 de un subdirector y 3.700 de un adjunto; un microcosmos de funcionarios anónimos, grises, corteses y poco acostumbrados a colocarse bajo el foco de la opinión pública, más allá de las versallescas comparecencias de su presidente ante la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal, de las que nunca se saca mucho en limpio.

También representan un trámite desaprovechado las audiciones parlamentarias a las que están sujetos los consejeros antes de ser confirmados en su cargo, con el objeto de ser interrogados por los miembros de las Cámaras para comprobar su idoneidad. Una ocasión perdida para profundizar en el perfil de los futuros responsables del Tribunal. En las últimas audiencias, en el Senado en julio de 2012, después de que los aspirantes abundaran en sus méritos, cuando les llegó el turno a los parlamentarios de preguntar, declinaron esa posibilidad, especialmente con los dos que más juego político podían haber dado: Manuel Aznar López (hermano del expresidente José María Aznar) y Margarita Mariscal de Gante (exministra de Justicia y exdipu­tada del PP). Ningún senador lo consideró necesario. Aznar y Mariscal serán consejeros hasta 2021. Ninguno de los dos tenía la más mínima experiencia en el Tribunal [El señor Aznar afirma mediante carta que "esta aseveración no se corresponde con la realidad"]. Todo atado y bien atado. La diputada de UPyD Rosa Díez, presente en la comparecencia del Congreso, tachó esa práctica parlamentaria de “farsa”.

El Tribunal no es muy dado a abrir sus puertas a los periodistas. Ni siquiera cuando sus consejeros de Enjuiciamiento consiguieron un gran éxito al condenar a los herederos de Jesús Gil a que devolvieran más de 80 millones de euros (y 15 de intereses) expoliados en Marbella; o cuando exigieron a Luis Roldán devolver 3,5 millones de ­euros por su gestión de la Guardia Civil. Silencio sepulcral. Tradicionalmente, tampoco ha formado parte de los barómetros del CIS sobre instituciones públicas. Cuando, en 1998, el CIS pidió a una muestra de los ciudadanos para que valoraran La democracia y sus instituciones, e incluyó al Tribunal de Cuentas, este quedó relegado al último lugar de la clasificación. Fortificado en el corazón de Malasaña, como un Fort Apache urbano de lustrados y solitarios corredores (por los que circulan mozos empujando carros de supermercado repletos de legajos y bedeles uniformados de azul y oro); decorado con muebles de ministerio, cuadros sin historia, madera oscura y multitud de relojes que marcan con sus campanadas cada paso que das, tienes la sensación de que aquí se vive ligeramente al margen de la realidad. A las tres suena la sirena y concluye la jornada laboral. Y llega la hora del pádel, al que se han aficionado muchos trabajadores del Tribunal.

“Si funcionáramos a pleno rendimiento, tendríamos a la Administración en vilo”, explica Olayo González, fiscal jefe y miembro número 13 del Pleno, con su cabellera gris tan alborotada como sus quejas. Es el encargado de bucear en cada informe de auditoría para descubrir anomalías e iniciar un procedimiento que puede concluir con un gestor público en el banquillo de la sala de vistas del Tribunal. Donde nunca se han sentado un ministro ni el líder de un partido político. “Si obligáramos a los gestores públicos a que respondiesen con su patrimonio cuando han provocado el mínimo menoscabo de los caudales públicos; si nos fuéramos a ver si tal Ayuntamiento ha puesto 56 alcantarillas como tenía presupuestado y nos encontráramos que solo hay 26; si pidiéramos explicaciones por cada desvío presupuestario (como el 31% en el AVE Madrid-Barcelona) o cada contratación dudosa (como el Plan E); si tuviéramos el poder efectivo de sancionar, cuando nos vieran aparecer esos gestores, se echarían a temblar. Y se lo pensarían antes de actuar irresponsablemente. Sin embargo, es cierto que hemos avanzado mucho. Este Tribunal, que se limitaba a ser una especie de perseguidor de los carteros que se quedaban con los giros, está dando pasos para convertirse en una jurisdicción contra las malas prácticas contables en la Administración. Ya no hablamos de centenares de euros. Ahora reclamamos al Forcem (una fundación que gestionaba cursos para el empleo con financiación pública) 2,5 millones de euros. Y en lo que va de junio hemos reclamado 1,5 millones de euros a los gestores de distintos organismos por menoscabo de fondos públicos; en mayo, 3 millones; en abril, 3,8 millones; en marzo, 12,3 millones; en febrero, 3,3 millones; en enero, 12,5 millones. Esto se mueve. Ya no es un balneario”


Fuera del Tribunal, a media voz, algunos técnicos de la institución dan pistas de lo que no funciona: “Se trabaja con rigor y calidad, pero el problema es la lentitud, que no es siempre achacable a nosotros, sino al retraso con el que los cuentandantes nos entregan las cuentas y, después, a que la comisión parlamentaria tarda hasta dos años en leerse nuestros informes (si es que se los lee). Y más aún en periodo electoral, donde todo se paraliza. La paradoja es que no podemos sancionarles por esos retrasos; y si lo hacemos es con una cuantía ridícula: entre 60 y 900 euros. Y luego, en el tema de la fiscalización de los partidos, es imprescindible que nos ayuden la Agencia Tributaria y la Seguridad Social, y nos aporten los datos que necesitamos para cruzarlos con los nuestros y llegar a conclusiones sobre la financiación, la contratación ilegal y los sobresueldos. No lo hacen. De ninguna manera. Este año, por fin hemos conseguido que la Central de Riesgos del Banco de España nos informe sobre los créditos que tienen contraídos las formaciones políticas y sus condonaciones irregulares. Hemos estado ocho años pidiéndoselo. Hay zonas de la Administración que parece que no quieren que se haga la luz en el tema de los partidos”.

Para varios profesionales del Tribunal, lo que más credibilidad resta a la institución es la elección de los consejeros por parte de los partidos: “Porque no siempre se dejan el carné en la puerta del Tribunal. En el día a día no se nota ese bipartidismo; pero cuando hay algo políticamente gordo, los partidos tocan a rebato. El PP y el PSOE están reflejando aquí sus mayorías parlamentarias. Y el presidente del Tribunal es normalmente del partido que gana. Pero eso tampoco quiere decir que mande; aquí, realmente, no manda nadie; no hay liderazgo; todo es colegiado, y así no se llega a ningún lado; el presidente no es un presidente ejecutivo, es un primus inter pares, encargado de los asuntos internos y la representación. El único poder que tiene es el voto de calidad”, explica un técnico de la casa. Para otro, el problema de la credibilidad de los consejeros se agrava cuando se aproxima su reelección: “Es cuando están obligados a retratarse con el partido que les nombró para que les vuelvan a elegir. Habría que estudiar si el cargo de consejero debería ser vitalicio (como en el Supremo de Estados Unidos) o, al menos, que no hubiera reelección, para que el Tribunal quedara libre de sospecha”.

Cuando le expongo al presidente esas críticas, Ramón Álvarez de Miranda, de 58 años, hombre de la casa desde 1988 y al frente desde julio de 2012, rechaza mis argumentos: “A nosotros nos elije el Parlamento, no los partidos. Y hay garantías legales sobre nuestra independencia. Está la Constitución; está la Ley Orgánica; está nuestra inamovilidad. Y es el Pleno del Tribunal el que decide los asuntos que va a fiscalizar cada año (además de los que tenemos asignados por ley y los que nos encarga la Comisión Mixta). Este año, de los 113 previstos, 77 son nuestros. Y nadie en la Administración (ni en los partidos) se puede negar a rendirnos cuentas”.

El escrutinio sobre su actuación ha colocado a los 12 consejeros del Tribunal al borde del ataque de nervios

Lo que no explica Álvarez de Miranda es que la mitad de los asuntos que el Pleno decidió fiscalizar en el ejercicio de 2012 no se concluyeron y han saltado a este año, donde el Tribunal está intentando acelerar al máximo el ritmo de las fiscalizaciones para terminar el curso con 60 informes concluidos, frente a los 39 de 2012 y los 34 de 2011.

La sobrecarga de trabajo nunca ha sido la seña de identidad del Tribunal. Un panteón de hombres ilustres que sesteó durante el franquismo: “Nadie le iba a fiscalizar las cuentas a Franco”, explica Isabel Urzaiz, jefa del archivo. Y que se mantuvo en el limbo (existencial y jurídico) desde la proclamación de la Constitución, en 1978, hasta la definición legal de la naturaleza del Tribunal, en mayo de 1982. Aún tardaría seis años más en concretarse su Ley de Funcionamiento. Ya estábamos en 1988; y había que partir de cero. Para empezar, era necesario crear una plantilla de auditores. Se tiró de funcionarios de Hacienda y la Seguridad Social para completar la diezmada estructura del Tribunal, donde muchos censores de cuentas no habían hecho una auditoría moderna en su vida.

En aquellos primeros pasos, el Tribunal no tenía entre sus misiones fiscalizar a los 1.500 partidos políticos. Nadie lo hacía. El descontrol era absoluto. Sus cuentas eran rupestres. En 1985 le fue asignado al Tribunal el control de la contabilidad de los mismos durante los procesos electorales (que es cuando más dinero público reciben), y en 1987, el de su contabilidad ordinaria. Era un encargo especial. Los partidos no formaban parte del sector público, pero el 90% de su financiación se nutría de dinero público (solo para gastos de funcionamiento y seguridad, más de 80 millones de euros al año). Alguien tenía que hacerlo. Un técnico del Tribunal lo explica así: “Se nos acabó la paz. No era mucho dinero a fiscalizar (para los miles de millones a que estábamos acostumbrados), como mucho 200 millones, pero era una patata caliente con la que nadie quería cargar. Y nos la endosaron”.

A partir de ese momento, el Tribunal de Cuentas se iba a convertir en un campo de batalla entre los grandes partidos. El primer asalto se libró en junio de 1988, cuando, a propósito de Rumasa, el Pleno se dividió entre los ocho consejeros que consideraban que el Gobierno (socialista) no había cometido irregularidades en su reprivatización y los otros cuatro que votaron en contra de esa decisión y pronunciaron un voto particular. El segundo asalto se libró en junio de 1991, cuando, en torno al asunto Filesa, de financiación ilegal del PSOE, el Pleno se volvió a fracturar entre los que estaban a favor de exculpar al PSOE por aquellos hechos y los que estaban en contra. Ganaron in extremis los socialistas, gracias al voto de calidad del presidente, Adolfo Carretero. Los consejeros populares volvieron a emitir votos particulares. Fue un escándalo. “Ganamos aquella votación, pero fue una derrota”, analiza Milagros García Crespo, consejera del Tribunal entre 1991 y 1994, a propuesta socialista, y presidenta entre 1994 y 1997.

El Tribunal sesteó con el franquismo y estuvo en el limbo existencial hasta cuatro años después de la Constitución

Había estallado la guerra en la calle de Fuencarral. El Tribunal estaba deshecho antes de empezar a funcionar. Nadie se fiaba de nadie. La única solución para firmar la paz fue disolver, en julio de 1993, el Departamento de Fiscalización de Partidos Políticos (que estaba controlado, como el resto de los departamentos del Tribunal, por un solo consejero), y la creación de una extraña unidad, sin adscripción fija, denominada Coponencia para la Fiscalización de los Partidos Políticos, que sería monitorizada directamente por dos consejeros, uno de cada color político. “Uno muy conservador y otro muy progresista”, recuerda el exconsejero Juan Velarde. “Como cada uno tiene el corazón a un lado, se decidió que hubiera dos coponentes, para que vieran conjuntamente la contabilidad de los partidos y no fuera uno solo, porque a lo mejor se dejaba traicionar por su ideología”. Ese estado de excepción continúa hoy. La Coponencia está formada por Javier Medina (nombrado a propuesta del PP) y Felipe García (del PSOE). Y es la fuente principal de los retrasos y el lenguaje tibio y maquillado que abunda en los informes de fiscalización de los partidos. La mejor prueba es la demora que está experimentando el informe de 2008, que el Tribunal tenía previsto concluir en mayo. Según un miembro del Pleno, “están valorando cada coma. Lo lee un director técnico; luego, otro; luego, un consejero; luego, otro. Hasta que se ponen de acuerdo en la redacción y en el mensaje”, señala.

La ‘unidad’ no está situada en el edificio del Tribunal; está muy cerca, en un par de pisos de un discreto inmueble vecinal, en cuyo patio huele a comida y juegan los niños. Aquí, en despachos desnudos, varios equipos de auditores (que agachan la cabeza ante la presencia de las cámaras) intentan fiscalizar las cuentas de los partidos. No es una misión fácil. Para empezar, las formaciones políticas han carecido hasta hoy de un plan contable homogéneo a la hora de presentar sus cuentas. Además, durante todos estos años, la plantilla de la unidad ha sido de solo 15 personas (mientras las de los otros departamentos está entre las 50 y 60); tras los últimos terremotos políticos cuyas réplicas han alcanzado al Tribunal, ha crecido (manu militari) hasta 40 personas. Sin embargo, sigue sin ser un destino muy demandado entre los técnicos. La previsión del presidente es que con ese refuerzo concluirán este año todas las fiscalizaciones de la contabilidad ordinaria de los partidos hasta 2011. No todos aquí están convencidos de la viabilidad de ese calendario.

La unidad de partidos políticos está monitorizada por dos consejeros, cada uno de un color político
El jefe de la unidad desde 1995 es Guillermo Castro, un veterano auditor del Tribunal, que suda ante los periodistas y afirma que no le importaría cambiar de destino. Explica que se está avanzando en la fiscalización gracias al impulso de las leyes de financiación de los partidos de 2007 y 2012, que han acabado con las donaciones anónimas, con la posibilidad de que un mismo donante (físico o jurídico) aporte más de 100.000 euros al año a un grupo político y de que las entidades financieras puedan condonar a las formaciones más de 100.000 euros al año, y que, sobre todo, les ha permitido extender su control a las fundaciones unidas a los partidos. “Pero queda mucho por hacer; el delincuente siempre va por delante”.

Situarse bajo la lupa de la opinión pública parece haber puesto en forma al Tribunal. Para empezar, su Consejo, nombrado en julio del año pasado, es más joven (una media de 58 años frente a los casi 80 del anterior) y técnico que antes. La nueva Ley de Financiación les proporciona más herramientas para poner luz en las difusas cuentas de los partidos; y la plataforma telemática de rendición de cuentas facilitará su control de los díscolos Ayuntamientos. Solo les falta credibilidad. Y llegar hasta el fin. “Pero lo que nunca conseguiremos son los papeles de Bárcenas”, me comenta el jefe de la unidad de partidos políticos cuando nos despedimos: “Esos los tiene EL PAIS"

http://elpais.com/elpais/2013/06/26/eps/1372241280_119051.html
 

( Agradecemos a El País este reportaje  de un tema clave para la democracia como son sus órganos de control. Cuca de Llum)

23 de juny de 2013

AVE: viaje a ninguna parte. Ninguna línea es rentable.


España es un país obsesionado con construir trenes a todas partes. Con más de 3.100 kilómetros de vías en uso, es el segundo país del mundo con mayor implantación de la alta velocidad, sólo superado por China.

Esta inmensa red ha supuesto una inversión de 45.120 millones de euros, un 4,5% del actual Producto Interior Bruto. Los costes por kilómetros son muy dispares, dependiendo de la orografía y de la dificultad, pero, como ejemplo, construir un kilómetro de vía puede oscilar entre los 4 y los 20 millones de euros. Los precios se disparan si hay que realizar túneles. Una muestra es la travesía subterránea de Gerona que costó más de 76 millones de euros por kilómetro, por no comentar la faraónica obra del Puerto de Pajares, aún inacabada. A todos estos esfuerzos financieros hay que sumarle los gastos en plataformas, electrificación, señalización y seguridad.

Además, como resultado de los elevados precios y las constantes demoras, la mayoría de los proyectos terminan con años de retraso y elevados sobrecostes.

El despilfarro continúa con los trenes. Renfe acumula un parque de 217 convoyes. Con una inversión media de 20 millones de euros por tren, el Ministerio de Fomento se ha gastado un mínimo de 1.400 millones de euros en la flota de alta velocidad. El problema está en que utiliza un máximo de 140 de ellos para su negocio actual, mientras que más de 70 atestan los hangares de La Sagra. 

Las cuentas no salen por culpa del trastorno de compra compulsiva que sufre el Estado. En el año 2006, cuando la red de alta velocidad contaba con 1.110 kilómetros la flota estaba formada por 76 trenes pero ahora, que los kilómetros de vía se han doblado, el número de trenes se ha multiplicado por tres.

Tampoco hay que olvidar los cuantiosos gastos de mantenimiento. La infinidad de túneles, puentes, viaductos y otras obras de la línea de alta velocidad suponen un desembolso de 100.000 a 150.000 euros por kilómetro al año. Eso sin sumar lo que supone mantener la ingente flota de trenes
  • Toda esta movilización de recursos públicos sólo da servicio al 1% de la movilidad de pasajeros en España. El AVE Madrid-Sevilla, con más de 20 años de vigencia, suma un promedio de uso de 14.000 pasajeros por kilómetro, algo más que el Madrid-Barcelona, que tiene 9.000, pero muy pordebajo del París-Lyon, que cuenta con un promedio de 59.000 pasajeros y ni siquiera comparable con el Tokio-Osaka, con un promedio de 235.000 pasajeros por kilómetro. El número de viajeros es deficitario hasta el punto de que hay días en que en estaciones como la de Guadalajara o la de Tardienta, en Huesca, nadie coge el AVE.       
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  • Doce líneas más 
  • A las lineas que existen en la actualidad, dividida en los diferentes corredores, con todos sus problemas, se sumarán otras 12 que están en construcción y muchas otras en fase de proyecto. O lo que es lo mismo, 2.400 kilómetros de red nuevos. Y la cosa no quedará ahí. Según el Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte, el objetivo es que en 2020 España esté cubierta por 10.000 kilómetros de lineas de AVE para que nueve de cada 10 viajeros estén a menos de 30 kilómetros de una estación de alta velocidad.
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  • Con un total de 23 millones de usuarios anuales, los expertos citados en un informe del RACC  aseguran que es mejor no proseguir con el modelo, ya que “no existen corredores con suficiente demanda para amortizar el alto coste de las infraestructuras”. Aun así, los planes de construcción continúan.

    Con esa cifra de pasajeros ninguna línea es rentable. Sólo cuatro de ellas, las rutas que unen Madrid con Barcelona, Valencia, Málaga y Sevilla, cubren los costes de explotación, es decir, no pierden dinero por mover los trenes. El resto de líneas suponen una sangría de pérdidas para la compañía estatal, por lo que necesitan una aportación estatal, ya no para generar beneficios sino para poder arrancar. Las líneas con más viajeros son la de Madrid-Barcelona y Madrid-Sevilla, con 2,4 y 2,1 millones. Una cifra muy inferior a la cantidad mínima indicada por la propia Comisión Europa, que estima que no deberían impulsarse líneas de AVE con menos de seis millones de usuarios al año.

    La falta de viajeros es uno de los problemas más graves que tiene este medio de transporte pero no es equiparable a la carga presupuestaria que suponen las derrochadoras obras impulsadas por la megalomanía y los caprichos de muchos políticos.

    Gastar miles de millones de euros para ganar un cuarto de hora de viaje no tiene mucha lógica. Es lo que sucede con los túneles de Pajares. Este tramo, el más complejo y caro del AVE, servirá para acortar la distancia entre León y Asturias en 34 kilómetros respecto a la actualidad.

    La variante, el hito de la ingeniería española, es de momento un fiasco. Los problemas con la orografía, se han pinchado más de 20 acuíferos, y la infinitud de retrasos han engordado económicamente la obra hasta los 3.200 millones de euros, más de 60 millones por kilómetro, casi el triple de lo proyectado inicialmente cuando se fijó el precio de los túneles en 1.342 millones de euros.

    Tras retrasar la puesta en funcionamiento de los túneles en más de una ocasión parece que la fecha definitiva para la finalización de las obras será el 2014, una década después de que éstas dieran comienzo.

    Pero la duración de las obras pueden superar incluso los 10 años. Más de una década se tardará en finalizar la construcción del AVE Madrid-Granada. El proyecto de alta velocidad para conectar la capital nazarí con Madrid y el Levante podría ser una realidad en 2015, tras 11 años en construcción y miles de millones invertidos. Sólo la estación de AVE de Granada estaba presupuestada en 700 millones de euros.

    En igual, o en mayor medida, que los retrasos en las obras se producen los sobrecostes. Las obras para unir Madrid con Barcelona por alta velocidad tuvieron un conste de 8.966,71 millones de euros un 31% más del precio por el que se adjudicaron los trabajos (6.822,83 millones de euros), lo que supone un coste de 14,4 millones de euros por kilómetro. Un precio relativamente económico si tenemos en cuenta otros tramos. Sin duda, uno de los mayores gastos públicos se ha producido en la conexión entre Madrid y Galicia. El tramo entre la capital española y Valladolid tuvo un coste de 4.000 millones de euros (23 por kilómetro) y el de Ourense y Santiago de 2.500 millones (29 millones por cada 1.000 metros).


    Un balance ruinoso
    Renfe, cuya liberalización está prevista para este verano, perdió el pasado año 40 millones de euros. Estas nuevas pérdidas se suman a la gigantesca deuda que arrastra la empresa estatal que supera los 5.000 millones. Y la cifra seguirá engordando al término de este ejercicio. El propio presidente de la compañía, Julio Gómez-Pomar, indicó recientemente que Renfe prevé cerrar el año con unas pérdidas de 173 millones de euros.
     
    De las 20 relaciones entre origen y destino de alta velocidad que administra la compañía sólo cuatro cubren los su coste de explotación sin necesidad de subvención. La venta de billetes no logra llenar los trenes de alta velocidad y por eso el Estado abarata el AVE, para evitar asientos vacíos a costa de la cuenta de resultados.

    Desde la implantación de la nueva política de precios impulsada por el Ministerio de Fomento, con rebajas del 11% en todos los pasajes y descuentos de hasta el 70%, el número de usuarios ha aumentado un 14%, mientras que los ingresos sólo han crecido en 1,5 millones de euros.

    Lo cierto es que los ingresos por venta de billetes no logran cubrir ni una tercera parte del coste real que supone el trayecto. Los otros dos tercios corren a cargo de los bolsillos de todos los ciudadanos porque por cada euro que paga el viajero el Estado lo subvenciona con otros dos.

    El pasado lunes el Gobierno inauguró su último derroche. El tramo abierto del AVE Madrid-Alicante, el que une Albacete con la ciudad valenciana, 165 kilómetros de vías, ha supuesto un gasto de 1.920 millones de euros. 11,6 millones por cada kilómetro. Esta inversión ha servido para reducir el trayecto 50 minutos respecto al tiempo actual.

    El precio general del billete en turista es de 64,9 euros y el máximo descuento, el del 70%, se podrá obtener sólo sacando el billete con mucha antelación y cuando salgan ofertas especiales.

    El presidente valenciano, Alberto Fabra, presentó el trayecto Madrid-Alicante como “la punta de lanza de la recuperación económica”, cayendo en los mismo errores del pasado. Según las cifras previstas la nueva línea tendrá un impacto económico de 70 millones de euros anuales y supondrá la creación de mil empleos. Pero lo cierto es que el AVE no ayuda ni a salir de la crisis ni a bajar del paro. 
    http://www.intereconomia.com/noticias-negocios/claves/ave-viaje-ninguna-parte-20130622

Wert trepitja el vesper, per Vicent Sanchis


Diumenge, 23 de juny del 2013- ElPuntAvui-
Mentre que Mariano Rajoy acaba d'ajustar encara més el pacte aquell del capó del 23-F, el seu ministre de Cultura, Educació i Esports (!) no sap el vesper que acaba d'alterar. Aquesta setmana, els responsables d'Escola Valenciana han dit que, quan s'aprovi la reforma de la llei d'educació, aniran als tribunals, cada escola, cada pare, per demanar que se'ls faci efectiva la liquidació per “dret a triar llengua”. És a dir, que si les famílies catalanes que volen immersió castellana cobren perquè la Generalitat no els la facilita a l'escola pública que han triat, les valencianes que volen i no poden que els seus fills facin els estudis en català faran exactament igual. Enguany, hi ha 12.000 pares que no han pogut matricular els fills a línies en valencià a la primària “per falta de recursos”. I de ganes del govern. N'hi ha més de 100.000 a la mateixa situació a tots els nivells. Wert necessitarà una calculadora i el pressupost del Ministeri de Defensa per cobrir tanta llibertat. Ja s'ho ha fet mirar?
http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/7-vista/8-articles/657222-wert-trepitja-el-vesper.html

17 de juny de 2013

Germà Bel: "Sin AVE no hay paraiso" (artículo en El Mundo, 16 de junio de 2013)



El 29 de mayo la Comisión Europea emitió su “Evaluación del Programa Nacional de Reformas y del Programa de Estabilidad de España para 2013”

(http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/nd/swd2013_spain_es.pdf). En la página 38 se lee: “Hay que analizar con más rigor la relación coste-beneficios de los proyectos propuestos a fin de evitar nuevas sobreinversiones y optimizar la infraestructura existente. El Programa Nacional de Reformas 2013 expone algunos objetivos contradictorios para la política de transporte, como reducir los costes de explotación de la red y seguir construyendo líneas ferroviarias de alta velocidad”. En la Comisión saben que el AVE es cómodo, rápido, y puntual. También que su inversión no se recupera. Y aún más, lean bien, que cada nueva inversión agrava el problema de los costes de explotación.


Ya nadie discute que la inversión es a fondo perdido. La última trinchera argumental es que pasa igual con todas las infraestructuras. Pero los aeropuertos y puertos, como sistema, financian inversión y operación con pago de usuarios. Y las autopistas tienen un grado relevante de financiación por peajes (donde los hay, y sin rescates masivos) y de impuestos sobre combustibles.


El AVE tampoco mantiene la red y estaciones. El canon que Renfe paga a Adif (gestor de infraestructura) no llega. Entre las incógnitas más cuchicheadas está cuándo explotará la situación financiera de Adif. Los plazos de amortización que superan hasta en el 70%  los de Francia y las tasas de amortización crecientes en el 3% pasan factura en el futuro, y el futuro ya está aquí. Por último, y sobre coste estricto del servicio móvil, los anuncios de líneas ‘rentables’ olvidan cómo se ha pagado gran parte del material móvil. Nadie encontrará ese nivel de detalle.


Sobre efectos sociales, los beneficios ambientales sólo se dan en líneas de gran demanda. En las de uso moderado toma una eternidad compensar las emisiones de la fase constructiva. En las de poca demanda el AVE daña el medioambiente. ¿Y su contribución al equilibrio territorial? Pues su servicio suele desviar actividad de los nudos más pequeños a los principales. ¡Vaya! Más información sobre estos aspectos se encuentra en mi libro (con Daniel Albalate) The Economics and Politics of High-Speed Rail (Lexington Books)


Con todo, es normal que los líderes regionales quieran tener cuanto antes su AVE a Madrid. Es cómodo, rápido, y puntual. Además, Aznar lo prometió en 2000 a todas las capitales de provincia, en 2004 Zapatero añadió dos huevos duros (1000 km más), y en 2012 Rajoy, a través de su ministra de Fomento, adoptaba el lema: ‘el AVE nos hace más iguales a los españoles” (sic).


Porque sin AVE no hay paraíso. Otros, más tontos y más pobres, se conforman con no tener el 27% de paro.

14 de juny de 2013

Martí Anglada, nou llibre. Creu que "Si Catalunya s'independitza, Espanya haurà de sortir de l'euro"



Martí Anglada afirma que "la independència té efectes benèfics per a tot Europa"



Martí Anglada, periodista expert en política internacional, acaba de publicar "Quatre Vies per a la independència" un llibre que, segons ell, és una “recepta com les de cuina” sobre els processos d’independència d’Estònia, Letònia, Eslovàquia i Eslovènia.


- Acaba d’arribar d’Alemanya. Realment els fa por el futur d’Espanya sense Catalunya?
A Alemanya, França i al conjunt d’Europa. La gent està preocupada per la viabilitat d’Espanya sense Catalunya. No ens hem d’enganyar. L'únic que ens vol fer creure que es preocupa per la viabilitat de Catalunya és el Govern de Madrid, però està sol en això. A Europa ningú no es preocupa per la viabilitat de Catalunya. Som set milions d’habitants amb un PIB per sobre de la mitjana europea, no hi ha cap problema.


Els preocupa Espanya aleshores?
Sí, el problema de viabilitat és Espanya i més si li treuen el 19% del PIB... La pregunta és: Què passa amb el deute públic si vostès se’n van? Qui respon? El gran problema és la viabilitat d’Espanya sense Catalunya. Potser és hora d’ampliar el megàfon i que Espanya pogués decidir si vol viure parasitàriament de Catalunya o volen fer les reformes que fa 300 anys que no fan. Potser ja seria hora que ho decidissin.


Parasitàriament?
Sí, l’Estat espanyol ha tingut un parasitisme fiscal amb els impostos de Catalunya històricament. Vostè pot dir que això és molt fort, però, l’únic ministre que va tenir un atac de sinceritat va ser Gallardón que va anar al Cercle d’Economia i davant dels empresaris va dir que anessin amb compte que si Catalunya surt d’Espanya, Espanya haurà de sortir de l’euro. Això vol dir que l’Estat espanyol no pot continuar amb aquesta ficció, amb la pèssima administració o amb el desgavell en l’organització territorial i administrativa. Aquest problema de la viabilitat espanyola sense Catalunya la veu el govern de Madrid per això fan la campanya de la por.


-  Què li diuen a Europa del procés?
A Alemanya i França ho he comentat molt. Ells veuen que, per una banda, si Catalunya se’n va està en perill el deute públic espanyol, que ja ho està ara, però encara més si hi ha la independència. Però en canvi, també reconeixen que hi ha un cas com de parasitisme que és que Espanya enganxada a Catalunya i tirant de la veta catalana no es reforma mai. Sap greu dir-ho però és així. Hi ha una sèrie de castes, de l'oligarquia administrativa de Madrid que mai no es reformen. Hi ha una oligarquia econòmica que inclòs va portar-nos a la Guerra civil. A l’Estat espanyol hi ha una al·lèrgia enorme a les reformes. Des del segle XIX s’han creat unes capes d’inutilitat i d’ineficàcia administrativa tan grans, de desgavell territorial i això demostra que mai no ha estat un país intel·ligent. Recordi que Espanya ha tret més diners del Fons de Cohesió, és a dir de Catalunya que de la Unió Europea. Sap per què a Madrid no es queixen?


- Per què?
Perquè el Fons de Cohesió va anar principalment allà. Cinquanta estacions de metro, M40, M50... El forat que crea el sistema de finançament el van tapar amb Fons de Cohesió i, quan han deixat de rebre, han creat el deute però el crea l’Ajuntament, no la Comunitat de Madrid. El deute de l’Ajuntament de Madrid és set vegades superior a la mitjana dels ajuntaments espanyols però mai no han apujat els impostos. En una enquesta de l’any 90 els barcelonins pagaven un 25% més d’impostos que un ciutadà de Madrid.


Ells no es queixen.
És clar que no es queixen, perquè mai no els han tocat el “voraviu”. Sempre han tapat el dèficit del finançament amb altres fons o ara amb deute. Potser que a Espanya se’n comencin a assabentar d’això. És hora d'adonar-se que Europa demana reformes a crits i que mentre hi hagi Catalunya per tirar de la veta, no hi haurà reformes. Si s’hi fixa és un cercle pervers.


- Els europeus simpatitzen amb el moviment català?
Alguns, no tots. Simpatitzen per la forma democràtica, pacífica, enraonada i europea amb què s’està tirant endavant. Els espanta el problema del deute però, d'altra banda, reconeixen que l’Espanya que coneixem o se sacseja o no hi ha qui la reformi, no és reformarà mai, és endogàmica. Per a què serveixen els registres de la propietat?


Hi ha molts canvis que es podrien fer...
Si algú m’explica per què no podem ajuntar funcions entre notaris... Vostè sap qui és el president del Govern espanyol? Un registrador de la propietat. Diuen que hi ha molts advocats de l’Estat, és clar que n’hi ha molts i intenti tocar-los el sou. En necessitem tants? L’Administració espanyola, a qui volen reformar? Però si la vicepresidenta del Govern és advocada de l’Estat, la Cospedal és advocada de l’Estat... vagin a reformar, a veure com els reben. Això a Europa també ho saben.


Estan a favor de la independència a Europa?
Veuen que la independència de Catalunya seria la manera de provocar d’una vegada la reforma espanyola i per altra banda veuen que hi ha el deute públic. Si vostè és un banc francès o alemany i tenen el 36% del deute públic espanyol dius “alerta”. El deute públic  és negociable. La quota de responsabilitat sobre el deute es pot pactar.


- Veu Catalunya independent després de tot això que m’explica?
Jo veig que pot ser-ho, en té la capacitat. Altra cosa és si em faria il·lusió...


-  Pregunta obligada, doncs. L'hi faria il·lusió?
Sí, és clar que me’n faria. Crec que seria bo a llarg termini pels espanyols. Recordi quan van perdre Cuba i Filipines, seria una altra sacsejada i això els faria reaccionar i molts dels que ara són establishment haurien de deixar de ser-ho perquè l’establishment que estem patint de l’Administració espanyola és penós. Això ho pateix molta gent, també els andalusos, encara que no vulguin admetre-ho. Acabar amb el parasitisme de Catalunya és una cosa necessària per les dues bandes.


Espanya no ho veu així...
Però seria bo per a Europa perquè ara té un mal crònic per sempre. Espanya només creix a cops de bombolla i això no interessa a Europa. La independència de Catalunya té efectes benèfics per a tot Europa.


- Al llibre analitza els processos d’independència d’Estònia, Letònia, Eslovènia i Eslovàquia i com els ha anat després. Catalunya ha de tirar endavant el procés tenint present com han actuat aquests països?
Ha d’estar informada del que van fer aquests països, això no vol dir ni que els hagi de seguir ni que s’hi hagi d’emmirallar. Si hi hagués hagut un país que s’assemblés molt a Catalunya n’hauria analitzat un i no quatre. No hi ha un cas igual. Com que no hi ha un cas idèntic o que s’hi assembli molt, n’he agafat quatre amb els quals tenim alguna cosa en comú. El que he volgut fet és un receptari d’independències. He mirat les independències més recents a Europa.


- Quins errors han comès que no hauria de repetir Catalunya?
D’errors en van cometre pocs. Jo podia haver fet un llibre dels que no van aconseguir la independència com Txetxènia o el Kurdistan i explicar el que van fer malament perquè, finalment, no van arribar a la independència. Els quatre que jo he agafat tots van arribar a un final d’èxit.


En tots els processos menys a Eslovàquia hi ha moments de sang. En tots els processos hi ha situacions límits?
La “guerra dels 10 dies”, com així l'anomenen, i que en va durar vuit va passar a Eslovènia. És l’únic que parla del terme guerra. Hi va haver disset morts. Als altres hi va haver aldarulls, com en el cas de Letònia. Des d’un punt de vista pacífic prou bé ho han fet tots quatre. Malgrat que tots quatre han acabat amb èxit perquè han assolit la independència, no a tots els va igual de bé després. No hi ha cap història dels quatre que sigui una història de fracàs però alguns han pres decisions que els han anat millor que a d’altres.


Ha de ser un procés ràpid?
Hi ha un cert tempo d'un, dos, tres anys des de que el procés és seriosament sobiranista fins que culmina. Hi ha quatre coses que s’han de tenir: un parlament, una policia pròpia, uns mitjans de comunicació propis i un sistema de recaptació d’impostos que funcioni; això és l’únic que tenim a mitges, per poder funcionar des del primer dia. Aquestes estructures s’han de tenir i, després, també són necessàries majories àmplies.


Què vol dir “àmplies” per a vostè?
De dos terços cap amunt al Parlament. En referèndums cap al 60%. Estem molt a la vora d’aquestes dades. La majoria social hauria de ser una mica més folgada del que és.


També s’han de tenir amics internacionalment?
Nosaltres no estem malament. Des de les últimes eleccions fins ara s’està fent amb molta seriositat i s’estan consolidant canals. No es pot ser molt explícit amb aquestes coses per l’essència del procés, perquè cap país sobirà sortirà amb una bandera dient que és amic.


Però Catalunya en té pel que diu.
Catalunya té bona premsa i bona opinió importants. Als Estats Units, a la Gran Bretanya, a Alemanya. Aquesta última té gran comprensió pel que fa a balances fiscals i aquests tipus de coses les entén millor que ningú perquè és el pare de la criatura. A Alemanya hi ha un gran grau de comprensió. Bones relacions amb el Mediterrani, amb Israel, millorables amb Turquia però força presentables... Tot i així, s’ha de treballar, consolidar i que sigui un moment històric propici.


Ara és el moment?
Totes les crisis són marcs que permeten canvis importants històrics. Crisi en tenim, per tant, és qüestió que el vent de la crisi econòmica bufi i sapiguem aprofitar aquesta ventada.


El Govern sap cap on tira?
Aquest Govern ho fa el millor que pot. No tinc cap ànim crític ni amb el Govern ni amb cap dels partits. Crec que fan el que poden, cadascú des del seu lloc. Globalment, fins ara, s’han fet bé les coses.


A Eslovàquia no hi va haver referèndum, els dos es volien separar. Catalunya sembla que ho té difícil per arribar a aquesta situació.
Aquí fa la sensació que no, només cal mirar el signes. No ho fan probable, no ens hem d’enganyar. Els signes que ens vénen d’Espanya i del govern de Madrid no ho fan gens probable. La via eslovaca no sembla la més factible en aquests moments.


La ruptura entre Catalunya i Espanya es produirà si es fan prevaler les lleis en l’àmbit català per sobre les espanyoles?
Als quatre països comencen amb unes eleccions plebiscitàries, cosa que a Catalunya encara no s’ha fet. A partir d’aquestes eleccions és quan el procés es fa irreversible i encara no hi som en aquesta fase. El final del procés és la declaració d’independència i al mig hi ha una ruptura legal que varia en alguns casos. Permeti’m una ironia... 


Digui’m
Qui podria decidir que hi ha hagut una ruptura legal, paradoxalment i irònica, seria el Tribunal Constitucional perquè resulta que, aquí, hi va haver una declaració de sobirania i qui la va fer, va dir que no era una ruptura legal, però els que la van escoltar no ho veuen clar. Per tant, el Tribunal Constitucional podria acabar decidint que això és una ruptura. Tot i així, crec que aquí no s’ha arribat encara a la ruptura legal.


Els mitjans de comunicació seran clau en el procés?
El que haurien de fer és explicar la gènesi del marasme econòmic en què estem i, analògicament, altres zones d’Europa amb la mateixa capacitat econòmica que Catalunya com estan en canvi? Perquè la gent vegi què ens està passant realment aquí. Si no ho fan els mitjans, qui ho pot fer? Els polítics no tenen la capacitat d’anar fent conferències cada vegada que parlen.


Vol dir que tothom ha de ser independent pel tema econòmic només?
Jo, l’únic que constato és que les enquestes sobre l’independentisme de Catalunya han augmentat molt a cavall de la crisi econòmica, i després faig una hipòtesi: si hi ha molta gent que ha entès quins són els mals polítics històrics del nostre moment de crisi econòmica, quan podria ser molt menys, segur que hi ha molta més gent que ho podria entendre. És clar que hi ha sentiment però el sostre de la majoria independentista ha augmentat amb la crisi i la capacitat d’augmentar és sobretot entenent de què va. No estic restant importància, ni molt menys, al cor identitari que sempre hi ha hagut. Dic que amb la crisi està creixent i no s’ha tocat sostre. Tots els ciutadans de Catalunya estan coixos econòmicament quan podrien no ser-ho, tot i la crisi de l’euro.

Una entrevista de Mireia Giné



9 de juny de 2013

Simposi "Espanya contra Catalunya: una mirada històrica", organitzat per Jaume Sobrequés director del Centre d'Història Contemporània de Catalunya

El director del Centre d'Història Contemporània de Catalunya, Jaume Sobrequés, es mostra sorprès pel conjunt de reaccions contràries que ha generat entre l'unionisme el simposi acadèmic Espanya contra Catalunya: una mirada històrica (1714-2014). Des del seu punt de vista, "l'espanyolisme més tronat ha tingut una reacció psicosomàtica davant la convocatòria d'un congrés acadèmic i dels temes que s'hi tractaran", i recomana analitzar-ho amb calma. Tot i les crítiques de Ciutadans i de diversos mitjans de comunicació espanyols, Sobrequés explica que el simposi "serà una aportació acadèmica" a l'estudi de les conseqüències que ha tingut per a Catalunya la Guerra de Successió.

«Batalla al baluard de Santa Clara», de Jacques Rigaud, reflectint la batalla de l'Onze de Setembre. Foto: Wikipedia.

Al simposi hi participaran una dotzena de catedràtics universitaris, a més a més de doctors, advocats i professors d'universitat, que analitzaran "les conseqüències que ha tingut per al país l'acció política, gairebé sempre de caire repressiu, de l’Estat espanyol en relació amb Catalunya". "La solvència acadèmica del simposi, de l'enfocament i dels temes que s'hi tractaran està totalment garantida, és alta recerca", assegura Sobrequés, i es lamenta de la "flamarada mediàtica" que ha causat.


El conductor del programa matinal d'Onda Cero, el periodista Carlos Herrera, assegurava avui que el simposi és "una forma més de manipular la història que des de l'escola han muntat tots aquests cara-dures", i l'historiador de la Complutense de Madrid José Álvarez Junco ha assegurat que "el que va ocórrer el 1714 van ser guerres internacionals i de dinasties entre els Borbons i els Hasburg. I això no té absolutament res a veure amb els catalans".


Sobrequés reconeix que el conjunt de la historiografia espanyola no fa exactament la mateixa lectura del 1714 que en fa la historiografia catalana, però defensa que el simposi és "del màxim nivell científic", i es lamenta que l'opinió pública espanyola "està molt mediatizada per les propagandes". De fet, remarca: "Quan hi va haver el retorn dels papers de Salamanca, va ser impossible que cap historiador solvent d'universitats espanyoles donés suport explícit i públic al dret de Catalunya a recuperar aquests papers fruit d'un espoli. I es tractava d'una cosa tan simple com uns papers!"


Durant el simposi, el catedràtic emèrit de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) Josep Fontana analitzarà el "conflicte polític" que fa 300 anys que confronta Espanya i Catalunya, el professor de sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) Salvador Cardús dissertarà sobre "La humiliació com a desencadenant de l’eclosió independentista", i la catedràtica d’Economia Pública de la Universitat de Barcelona (UB) Núria Bosch analitzarà "L'apoteosi de l’espoli: segle XXI", entre d'altres aspectes.



Dels "500 años" a Pío Moa
Tot sovint, diversos dirigents polítics espanyols remarquen que Espanya té més de 500 d'història, un argument que xoca frontalment amb la interpretació del 1714 que fa la historiografia catalana. Segons Sobrequés, fixar el casament dels reis catòlics com a data de naixament d'Espanya és "una barbaritat històrica", que "parteix d'un fet mancat de qualsevol base científica i que probablement no és ni un problema de desconeixement, sinó que es basa en la mala fe".


A partir d'aquesta interpretació del naixement d'Espanya, d'altres visions de la història formulades per personatges com Pío Moa o Cesar Vidal encara entren més en conflicte amb els fets ocorreguts a Barcelona l'Onze de Setembre. Sobrequés remarca que "ni l'acadèmia espanyola no reconeix aquests discursos, ni les interpretacions reaccionàries de Moa, Vidal i d'altres no tenen cap aval acadèmic", i assegura que "només compten amb el suport d'alguns sectors del món mediàtic espanyol".


Per tot plegat, augura poc recorregut al soufflé mediàtic: "La polèmica durarà com a molt fins diumenge."