Hace unos años, tanto en el Congreso de los Diputados como en el
Parlament de Catalunya, solía haber un instrumento legislativo que hacía
un poco las veces de cajón de sastre de leyes o iniciativas que eran de
mal encajar, pero que había que aprobar aunque fuera por la puerta de
atrás. Era la ley de acompañamiento de los presupuestos y por esta vía
se habían colado cosas realmente trascendentes prácticamente sin un
debate profundo. Cuando he leído este viernes el auto del juez Manuel Marchena,
por el que el Tribunal Supremo denegaba la libertad provisional de los
presos políticos encarcelados en la prisión de Soto del Real, y de Carme Forcadell y Dolors Bassa
en Alcalá Meco, lo que más llama la atención no es la enésima privación
de libertad sino cómo destila el magistrado su irritación por el
informe del grupo de trabajo de Naciones Unidas sobre Detenciones
Arbitrarias que pedía la inmediata puesta en libertad de Jordi Sànchez, Jordi Cuixart y Oriol Junqueras.
De hecho, como sucede con todos los pronunciamientos que llegan desde
el extranjero, el recorrido siempre es el mismo. Primero, se le
ningunea de la manera más descarnada posible: no son nadie, carecen de
prestigio alguno, se han dejado intoxicar por las mentiras del
independentismo catalán... Y, al final, siempre se acaba en el mismo
sitio: sacando la mayor artillería posible disponible en aquel momento
para desactivar lo que sin duda es un golpe seco y contundente de los
que hace un enorme daño. El informe de la ONU, en
síntesis, ha sido esto y las consecuencias ya se empiezan a ver. De poco
o nada sirve al Supremo, más allá del siempre confortante consumo
interno, considerar que en el informe de la ONU hay afirmaciones
extravagantes o carentes de toda lógica o que, en otro momento,
determinados análisis sean considerados una insidia contra el tribunal.
También que, más adelante, la ONU señale ante la inexistencia de
violencia que lo que el Supremo pretende es coaccionarlos por sus
opiniones políticas.
Marchena no ofrece argumentos ante las acusaciones, sino tan solo una
defensa genérica del sistema judicial español. El Observatorio del
Sistema Penal y Derechos Humanos ya ha acusado al Supremo de mentir en
sus argumentos contra el dictamen del la ONU. Y el abogado Ben Emmerson
ha anunciado próximamente un segundo informe del grupo de trabajo de
detenciones arbitrarias que hará referencia a Joaquim Forn, Josep Rull,
Raül Romeva y Dolors Bassa y su detención ilegal. En su opinión, saldrá
pronto.
Demasiados frentes para un Tribunal Supremo atrincherado en su verdad
y que desde que acabó el juicio los únicos mensajes que se filtran son
los de una sentencia dura que sea ejemplarizante. Todo ello, además, en
un momento en que el Estado español tiene por delante una prueba
internacional de enorme calado como es si Carles Puigdemont y Toni Comín
serán finalmente eurodiputados el próximo 2 de julio y podrán acceder
al Parlamento de Estrasburgo. Las tropelías hechas por las autoridades
españolas no incluyendo los nombres de Puigdemont, Comín y Junqueras
como eurodiputados, aunque sus nombres fueron publicados en el BOE como
electos, tiene por delante una batalla trascendente jurídica y
políticamente hablando. Y con un resultado enormemente incierto.
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