19 de setembre de 2010

Cuando la UNESCO duerme...


Artículo publicado en agosto 2009, denunciando cómo el Ministerio de Cultura engañó a la Unesco en el Congreso de Sevilla en julio 2009, mintiendo sobre dos puntos:  1) el Ministerio dijo que NO habia trazados alternativos. 2) El Ministerio mintió respecto a la distancia entre la Fachada del Nacimiento y el túnel del AVE. Se publicó en una noticia (pagada) en La Vanguardia del 28-08-2010. Clicar sobre las imágenes para verlas a mayor tamaño)

(Cuca de Llum suscribe totalment este artículo)


El mismo comité que ha sacado a las Galápagos de la lista de bienes en peligro no impide el nuevo rascacielos de Sevilla o la ampliación del puerto de Ibiza 


LOLA GALÁN  19/09/2010   -  La perspectiva sorprende al que la mira como si dos Sevillas antagónicas se miraran frente a frente. De un lado, una ciudad hermosa a escala humana: edificios, agujas, cúpulas, torres de iglesias, dominados por la Giralda. Del otro, un gigante de cristal, una torre de 178 metros, que se yergue al borde del río y a 100 metros del barrio de Triana, la torre Cajasol, nueva sede de la entidad bancaria. La imagen, afortunadamente para muchos, es solo una recreación virtual. Pero los promotores de la obra, diseñada por el arquitecto estadounidense de origen argentino César Pelli, esperan que sea una realidad pronto.


Las plataformas ciudadanas contrarias al proyecto confiaban en que la Unesco tomaría cartas en el asunto. Sevilla tiene tres monumentos en la lista de patrimonio de la humanidad —la catedral con la Giralda, el Archivo de Indias y el alcázar—, y la agencia de Naciones Unidas pidió el año pasado informes sobre el tema. Pero las excavadoras trabajan en el solar, y el comité reunido este verano en Brasilia para estudiar, entre otras cosas, los problemas de conservación de más de setenta bienes incluidos en la lista no ha dicho nada concluyente sobre la torre Cajasol. Ha lamentado el inicio de las obras. Y ha pedido a España que "reconsidere el proyecto para evitar cualquier posible impacto adverso" sobre el conjunto. También ha reclamado un nuevo informe para entregar antes de junio de 2011. Pero, mientras tanto, las obras avanzan. "Desgraciadamente, la Unesco actúa con mucha lentitud, tarda en tomar las decisiones y eso favorece la política de hechos consumados", dice Ana Ávila, portavoz de la plataforma Túmbala, que agrupa a una decena de asociaciones contrarias al proyecto.

Mechtild Rössler, responsable para Europa y Norteamérica del Centro de Patrimonio, la secretaría técnica que asesora al comité de la Unesco, se defiende de estas críticas. "La cuestión es compleja porque la torre se encuentra fuera del sitio patrimonio de la humanidad y de la zona de amortiguamiento", el área fijada por este organismo para preservar el entorno de los monumentos catalogados.
No es la de la torre Cajasol la única decisión de las tomadas en Brasilia que afecta a bienes españoles. En la agenda de la reunión, que terminó a primeros de agosto, había media docena de casos españoles a estudio. Entre ellos, la ampliación iniciada en mayo del puerto de Ibiza, ciudad que figura en la lista de patrimonio de la humanidad desde 1999 por su biodiversidad y cultura. Los ecologistas y los organismos asesores de la Unesco temen que esta ampulosa infraestructura destruya la estética del lugar y afecte a "la calidad paisajística del conjunto amurallado de Dalt Vila". Y no solo eso. La gran pradera de posidonia que se extiende entre Ibiza y Formentera a lo largo y ancho de 700 kilómetros cuadrados puede quedar dañada para siempre por los más de 600.000 metros cúbicos de fangos contaminados que está previsto remover para dar calado al nuevo puerto.
La Unesco, alarmada, envió el otoño pasado una delegación de expertos de las dos organizaciones que la asesoran, el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS por sus siglas en inglés) y la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN). "Nos consta que los expertos quedaron horrorizados por lo que vieron en Ibiza", dice Neus Prats, del Grupo de Estudios de la Naturaleza GEN-GOB Eivissa. Pero el comité intergubernamental que toma las decisiones ha sido más sensible a las razones de España. La pradera de posidonia, dicen las autoridades locales, está a casi 10 kilómetros del puerto. La obra se hará, aunque la Unesco recomienda mucha prudencia y mucho cuidado con el drenado del puerto. Poca cosa, piensa Prats, que hubiera querido ver en el escrito de decisiones la palabra "detener".

Bajo la hojarasca del lenguaje burocrático asoma también claro el veredicto del comité sobre el controvertido trazado subterráneo del AVE en Barcelona. Los guardianes del patrimonio mundial habían sido llamados en causa en este tema, que está aún en los tribunales españoles, porque las obras de Gaudí en Barcelona se encuentran en la lista de patrimonio de la humanidad y el túnel del AVE pasará a solo 140 centímetros por debajo de los cimientos de la Sagrada Familia y bajo la Casa Milá. Pero la agencia, contra el parecer de sus organismos asesores, ha aceptado el trazado elegido, y ha dado el visto bueno, aunque con muchas cautelas, a las obras, que se realizan en estos momentos con un impresionante despliegue de seguridad y bajo la atenta supervisión de los técnicos de Adif y de la propia Unesco.

Ana Ávila no se explica por qué en otras ocasiones la agencia de la ONU ha sido mucho más severa. En 2009, por ejemplo, el comité expulsó a Dresde de la lista de patrimonio por seguir adelante con la construcción de un puente gigantesco sobre el valle del río Elba. También amonestó a Burdeos por la proyectada construcción de un puente sobre el Garona, y le exigió importantes modificaciones, bajo amenaza de pasar a la lista de bienes en peligro. ¿Por qué ha sido tan blanda ahora? Para empezar, no se trata del mismo comité. Doce de los veintiún miembros del actual equipo ejecutivo fueron renovados en octubre pasado. Y la impresión de Ávila es que los nuevos son más sensibles a las presiones políticas. Maribel Montaño, delegada de Cultura del Ayuntamiento de Sevilla, que defendió en Brasilia la torre Cajasol, no lo niega, pero matiza: "La Unesco navega entre las presiones de los Gobiernos y las de los organismos asesores que tienen una reputación de severidad muy grande", dice. "Si fuera por ellos no se haría nada. Y las ciudades históricas son también ciudades vivas que tienen que desarrollarse".

Ángeles Albert, directora general de Bellas Artes del Ministerio de Cultura, el interlocutor del Estado español con el comité de la Unesco, quita también hierro al asunto. "La proliferación de torres y su relación con los bienes de patrimonio mundial es un tema que trasciende las fronteras de nuestro país", asegura. Albert considera inevitables las tensiones "entre las exigencias de la preservación del patrimonio y las derivadas del desarrollo económico y social, pero sin duda hay ámbitos de conciliación en los que se trabaja cada día". Después de todo, España, con 42 bienes en la lista de patrimonio de la humanidad, no tiene ninguno oficialmente en peligro. Al contrario, el Estado "se caracteriza por seguir una política cultural de compromiso y responsabilidad con el mismo", dice.

No es esa la opinión de las asociaciones preocupadas por el legado cultural. Una cosa es conservar la Giralda, y otra muy distinta es mantener intacto el espacio que la rodea. Y eso incluye la visión aérea del conjunto. Los madrileños saben lo que eso significa. Desde 1973 conviven con la torre de Valencia, que destruye una de las perspectivas más bellas de la ciudad, asomando por encima de la puerta de Alcalá. "El paisaje es la verdadera asignatura pendiente de España. No se puede invadir el paisaje natural ni el urbano con obras que lo destruyen y lo afean. Es una pérdida, incluso económica, irreparable. El paisaje no es un capricho estético, es un bien social de primer orden", dice Víctor Fernández-Salinas, profesor de la Universidad de Sevilla y directivo del comité español de ICOMOS.

El comportamiento de las autoridades españolas con los bienes históricos, le parece inaceptable a este profesor . "Aquí, la lista de patrimonio mundial es un objetivo político, porque es un excelente reclamo turístico, pero no se asume lo que significa. No se entiende que estar en ella es una responsabilidad, no un premio. Además, la presión inmobiliaria, combinada con la megalomanía de algunos políticos, termina por resultar fatal".

Fernández-Salinas reparte las responsabilidades entre las instituciones públicas, "y los propios ciudadanos, que nos merecemos lo que está ocurriendo porque no nos movilizamos". Pero también se queja del nuevo comité de la Unesco. "Es muy blando, y eso es negativo para el patrimonio que debe cuidar". Nada menos que 911 sitios culturales y naturales. Y en esa queja coincide con el presidente de ICOMOS internacional, Gustavo Araoz, que define el comportamiento del nuevo comité de patrimonio universal como "menos riguroso" y más "indulgente" con las peticiones de los Estados miembros.

Y las decisiones tomadas en Brasilia parecen avalar esta opinión. ¿Cómo explicarse, si no, que el comité se plegara a las presiones de Ecuador para rescatar las islas Galápagos de la lista de bienes en peligro donde figuraban desde 2007? Aquella decisión no fue un capricho. Se trataba de exigir al Gobierno de Quito que pusiera remedio al deterioro galopante de un lugar único, sometido a la sobreexplotación turística y a la presión demográfica. La Unesco, nuevamente, ha decidido contra la opinión de su asesor principal en temas de bienes naturales, la IUCN. El clamor internacional ha sido tal, que hasta el semanario británico The Economist se preguntaba recientemente "si está en peligro la propia lista de bienes en peligro".

El comité solo ha sido más enérgico en casos extremos. Ha amenazado a Perú con incluir el santuario histórico de Machu Picchu en esa lista fatídica si no se toman medidas para acabar con el acceso incontrolado al sitio y si no se reparan los graves daños causados por recientes inundaciones y corrimientos de tierras en las áreas de acceso.

También ha dado algunas satisfacciones a los defensores del patrimonio en España. Ha pedido que se abandonen las obras del auditorio que proyectaba construir Caja Duero en el huerto del convento de las adoratrices, en plena ciudad vieja de Salamanca. "Estamos muy satisfechos con esta decisión", dice Isabel Muñoz, presidenta de la asociación que defiende el patrimonio en esa ciudad. Pese a las modificaciones introducidas en el proyecto, la agencia ha reiterado su negativa a las obras, que ya dio el año pasado, y ha pedido que se abandone el aparcamiento previsto en la plaza de los Bandos de la misma ciudad. "Creo que, aunque esté mal decirlo, es mérito nuestro. Llevamos nueve años luchando contra este proyecto. Nos hemos movido mucho y al final hemos conseguido paralizarlo", añade Muñoz. Es un triunfo temporal porque, reconoce, "Salamanca sufre una presión tremenda. Igual que Segovia. Allí querían construir en el huerto del convento de las oblatas".

Tampoco ha habido luz verde para un aparcamiento estratégicamente situado en la zona histórica de Ávila. "Pero se han hecho cosas tremendas en esa ciudad. Al final, hasta la Unesco reconoce que se han destruido por completo los perfiles emblemáticos", se lamenta Muñoz.

¿Cómo no entender a la Unesco cuando son tantos los atropellos en marcha?, se pregunta esta profesora. Sin embargo, las últimas decisiones del comité han hecho tambalearse la confianza que muchos tenían en su juicio. Demasiada política, es la sospecha general. Mechtild Rössler, que habla en nombre de la agencia cultural de Naciones Unidas, no niega que haya presiones políticas en un organismo en el que las decisiones corren a cargo de un comité integrado, al fin y al cabo, por políticos de 21 países que se elige de forma rotatoria. "Como en todos los procesos intergubernamentales, las presiones políticas son inevitables". Pero la Convención de 1972, que pone en pie la lista de patrimonio de la humanidad, "pide que los Estados estén representados por expertos". Entre otras cosas, para que las discusiones se basen "en un análisis profundo" y "estén orientadas a la preservación de los sitios y no fundadas en argumentos políticos".
Pero una cosa son las declaraciones teóricas, y otra, la práctica de las reuniones que se celebran a puerta cerrada.