28 de gener de 2013

¿Qué respuesta se ha de dar a la corrupción política?



Dos ejemplos de falta de transparencia: la inoperancia del Tribunal de Cuentas y la opacidad de los partidos al no publicar su contabilidad; y dos formas de evitarlo: el ejemplo alemán de auditorías externas e interventores independientes.


 28.01.2013
El caso sobre las supuestas retribuciones en metálico del ex tesorero del PP Luís Bárcenas a cargos del partido ha vuelto a sacar a la luz, aún con más intensidad si cabe, la deficiente gestión y control sobre las finanzas de los partidos en España y el malestar de los ciudadanos ante una corrupción que parecer no tener fin ni un color político determinado.

Hay que recordar que los propios informes del Consejo de Europa han denunciado reiteradamente la existencia de malas prácticas por parte de los partidos políticos españoles, así como la opacidad de una buena parte de sus finanzas.

Ante la preocupante situación que genera la corrupción política, una primera cuestión a destacar es que este país es especialista en crear muchas leyes para después no activar los medios para hacer cumplirlas. En ese sentido, se podría hablar más bien de que se legisla de cara a la galería, y el ejemplo más espectacular es quizás el de la ley de dependencia.

La cuestión de fondo es que si las leyes fueran acompañadas de unas memorias reales, que de hecho es obligado que sea así, y de los medios necesarios para desarrollarlas, el fenómeno de la corrupción se podría paliar en gran medida.

Siendo así la situación la que es, cabe preguntarse qué respuesta se puede dar a la corrupción política que, día sí y día también, va saliendo a la luz en España. Antes de intentar dar una respuesta a esa pregunta, veamos dos ejemplos de falta de transparencia por parte de los partidos políticos.


Un Tribunal de Cuentas que cuenta tarde y mal

Una primera cuestión la tenemos en el funcionamiento del Tribunal de Cuentas, al que el Consejo de Europa ha calificado de incapaz para realizar una supervisión efectiva y que puede tardar hasta seis años en divulgar los informes sobre la contabilidad de los partidos políticos.

Hay que destacar, por ejemplo, que los datos más recientes del Tribunal de Cuentas sobre la contabilidad del PP se remontan a 2006 y 2007, cuando Bárcenas era gerente (pasó a ser tesorero en 2009).

Como publicaba el pasado 20 de enero el diario El País, un portavoz del Tribunal de Cuentas asegura que a finales de 2013 se pondrán al día con las cuentas de 2008, 2009, 2010 y 2011, lo que da una idea del atraso que llevan. Y así y todo hay expertos que dudan de esa afirmación.

Por este motivo, el Consejo de Europa, a través del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO), ha destacado por qué "los riesgos de corrupción son particularmente altos" en España.

Tampoco parece que en este caso el PP, aunque la está haciendo, esté muy por la labor de realizar una correcta auditoria interna, por lo que el Tribunal considera que "no es posible evaluar el grado de cumplimiento y adecuación del sistema de control interno".


Opaca transparencia

Y lo que vale para el PP vale para el resto de los partidos. Eso es lo que puede deducirse de la información que a su vez publicaba el pasado 22 enero el diario La Vanguardia, en la que venía a confirmar que los partidos eluden la ley que les obliga a publicar la contabilidad anual en sus propias webs.

Así, aunque la ley les obliga a ser transparentes ,y a que todas sus cuentas anuales estén actualizadas y a disposición de los ciudadanos de una forma fácil y gratuita, los diferentes partidos optan por la opacidad.

En estas cuentas han de constar los ingresos, los gastos, los créditos concedidos con el nombre del banco correspondiente y las condonaciones de deudas por parte de entidades financieras. Sin embargo, en las webs de los partidos con poder institucional no hay ni rastro de esas cuentas.

Ante este escenario, la única fuente de información válida y veraz sobre la contabilidad de los partidos es el Tribunal de Cuentas, y ya hemos visto como funciona.


Auditorías externas

Los dos ejemplos anteriores justifican, pues, la necesidad urgente de encontrar una respuesta que pueda dar a los ciudadanos las garantías mínimas de una cierta transparencia por parte de los partidos políticos en lo referente a sus cuentas, y de que se ejercerá un control que evite en la medida de lo posible la corrupción política.

Que la ley española de partidos políticos esté vacía de contenido y permita que los partidos se autorregulen es una grave anomalía más de España en el contexto europeo.

En ese sentido, el sistema de auditorías externas que funciona en Alemania es un buen ejemplo de cómo dar los pasos correctos en esa dirección de control. Allí la ley obliga a los partidos a celebrar congresos bianuales, a que los delegados en estos congresos sean elegidos por votación secreta entre los militantes, a que los candidatos electos sean elegidos en primarias, y a someterse a auditorías externas.

Claro que también existe corrupción política en Alemania, pero los mecanismos legales previstos evitan cualquier espiral degenerativa y contagiosa, como en el caso de España.

Interventores independientes

Por otra parte, una buena fórmula para contrarrestar la perversión y degeneración de la política radica, entre otras cosas, en crear la figura del interventor que pueda actuar ante cualquier incidencia con visos de corrupción en el seno de los partidos.

Y no hablamos de interventores nombrados por los propios partidos, sino del cuerpo de interventores, independientes y ajenos totalmente al grupo político sobre el que tienen que intervenir, como los que deberían actuar también en los ayuntamientos para impedir la corrupción local.

Sin embargo, tanto la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), en manos del PP, como el PSOE se han opuesto a este tipo de interventores, en nombre de una supuesta autonomía local.