Dos ejemplos de falta de transparencia: la inoperancia del Tribunal
de Cuentas y la opacidad de los partidos al no publicar su contabilidad;
y dos formas de evitarlo: el ejemplo alemán de auditorías externas e
interventores independientes.
28.01.2013
El caso sobre las supuestas retribuciones en metálico del ex tesorero del PP Luís Bárcenas a cargos del partido ha vuelto a sacar a la luz, aún con más intensidad si cabe, la deficiente gestión y control sobre las finanzas de los partidos en España y el malestar de los ciudadanos ante una corrupción que parecer no tener fin ni un color político determinado.
El caso sobre las supuestas retribuciones en metálico del ex tesorero del PP Luís Bárcenas a cargos del partido ha vuelto a sacar a la luz, aún con más intensidad si cabe, la deficiente gestión y control sobre las finanzas de los partidos en España y el malestar de los ciudadanos ante una corrupción que parecer no tener fin ni un color político determinado.
Hay
que recordar que los propios informes del Consejo de Europa han
denunciado reiteradamente la existencia de malas prácticas por parte de
los partidos políticos españoles, así como la opacidad de una buena
parte de sus finanzas.
Ante
la preocupante situación que genera la corrupción política, una primera
cuestión a destacar es que este país es especialista en crear muchas
leyes para después no activar los medios para hacer cumplirlas. En ese
sentido, se podría hablar más bien de que se legisla de cara a la
galería, y el ejemplo más espectacular es quizás el de la ley de
dependencia.
La
cuestión de fondo es que si las leyes fueran acompañadas de unas
memorias reales, que de hecho es obligado que sea así, y de los medios
necesarios para desarrollarlas, el fenómeno de la corrupción se podría
paliar en gran medida.
Siendo así la situación la que es, cabe preguntarse qué respuesta se puede dar a la corrupción política que, día sí y día también, va saliendo a la luz en España.
Antes de intentar dar una respuesta a esa pregunta, veamos dos ejemplos
de falta de transparencia por parte de los partidos políticos.
Un Tribunal de Cuentas que cuenta tarde y mal
Una
primera cuestión la tenemos en el funcionamiento del Tribunal de
Cuentas, al que el Consejo de Europa ha calificado de incapaz para
realizar una supervisión efectiva y 
que puede tardar hasta seis años en divulgar los informes sobre la contabilidad de los partidos políticos.
que puede tardar hasta seis años en divulgar los informes sobre la contabilidad de los partidos políticos.
Hay
que destacar, por ejemplo, que los datos más recientes del Tribunal de
Cuentas sobre la contabilidad del PP se remontan a 2006 y 2007, cuando
Bárcenas era gerente (pasó a ser tesorero en 2009).
Como
publicaba el pasado 20 de enero el diario El País, un portavoz del
Tribunal de Cuentas asegura que a finales de 2013 se pondrán al día con
las cuentas de 2008, 2009, 2010 y 2011, lo que da una idea del atraso
que llevan. Y así y todo hay expertos que dudan de esa afirmación.
Por este motivo, el Consejo de Europa, a través del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO), ha destacado por qué "los riesgos de corrupción son particularmente altos" en España.
Tampoco
parece que en este caso el PP, aunque la está haciendo, esté muy por la
labor de realizar una correcta auditoria interna, por lo que el
Tribunal considera que "no es posible evaluar el grado de cumplimiento y
adecuación del sistema de control interno".
Opaca transparencia
Y
lo que vale para el PP vale para el resto de los partidos. Eso es lo
que puede deducirse de la información que a su vez publicaba el pasado
22 enero el diario La Vanguardia, en la que venía a confirmar que los partidos eluden la ley que les 
obliga a publicar la contabilidad anual en sus propias webs.
obliga a publicar la contabilidad anual en sus propias webs.
Así,
aunque la ley les obliga a ser transparentes ,y a que todas sus cuentas
anuales estén actualizadas y a disposición de los ciudadanos de una
forma fácil y gratuita, los diferentes partidos optan por la opacidad.
En
estas cuentas han de constar los ingresos, los gastos, los créditos
concedidos con el nombre del banco correspondiente y las condonaciones
de deudas por parte de entidades financieras. Sin embargo, en las webs
de los partidos con poder institucional no hay ni rastro de esas
cuentas.
Ante
este escenario, la única fuente de información válida y veraz sobre la
contabilidad de los partidos es el Tribunal de Cuentas, y ya hemos visto
como funciona.
Auditorías externas
Los
dos ejemplos anteriores justifican, pues, la necesidad urgente de
encontrar una respuesta que pueda dar a los ciudadanos las garantías
mínimas de una cierta transparencia por parte de los partidos políticos
en lo referente a sus cuentas, y de que se ejercerá un control que evite
en la medida de lo posible la corrupción política.
Que
la ley española de partidos políticos esté vacía de contenido y permita
que los partidos se autorregulen es una grave anomalía más de España en
el contexto europeo.
En ese sentido, el sistema de auditorías externas que funciona en Alemania es un buen ejemplo de
cómo dar los pasos correctos en esa dirección de control. Allí la ley
obliga a los partidos a celebrar congresos bianuales, a que los
delegados en estos congresos sean elegidos por votación secreta entre
los militantes, a que los 
candidatos electos sean elegidos en primarias, y a someterse a auditorías externas.
candidatos electos sean elegidos en primarias, y a someterse a auditorías externas.
Claro
que también existe corrupción política en Alemania, pero los mecanismos
legales previstos evitan cualquier espiral degenerativa y contagiosa,
como en el caso de España.
Interventores independientes
Por
otra parte, una buena fórmula para contrarrestar la perversión y
degeneración de la política radica, entre otras cosas, en crear la
figura del interventor que pueda actuar ante cualquier incidencia con
visos de corrupción en el seno de los partidos.
Y
no hablamos de interventores nombrados por los propios partidos, sino
del cuerpo de interventores, independientes y ajenos totalmente al grupo
político sobre el que tienen que intervenir, como los que deberían
actuar también en los ayuntamientos para impedir la corrupción local.
Sin embargo, tanto la Federación Española
de Municipios y Provincias (FEMP), en manos del PP, como el PSOE se han
opuesto a este tipo de interventores, en nombre de una supuesta
autonomía local.
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