En EE.UU. la fórmula del cheque escolar ha estado sometida a
distintos avatares, al compás de decisiones judiciales que en algunos
estados la han permitido y en otros no. Pero los legisladores han
intentado también otros métodos para favorecer la libertad de elección
de escuela con financiación pública.
IGNACIO ARÉCHAGA - 22.MAY.2017
Uno de estos programas son las Education Savings Accounts
(ESA), una fórmula parecida a la de los cheques, pero en la que el
dinero aportado por el Estado puede ser empleado por los padres no solo
para la educación de sus hijos en escuelas privadas sino también para
para otros fines educativos.
Arizona fue el primer estado que utilizó esta fórmula
en 2011, después de que el Tribunal Supremo del estado anulara el
cheque escolar. Las familias que renuncian a la educación de su hijo en
la escuela pública, reciben del estado una cantidad correspondiente al
90% del coste escolar en una cuenta que pueden utilizar para distintos
fines educativos: la matrícula en una escuela privada, enseñanza en casa
(home schooling), clases de refuerzo, material escolar y otros gastos educativos aprobados por el estado.
El programa se había limitado a una minoría de alumnos (unos 3.300),
principalmente los que tienen necesidades especiales o provienen de
escuelas por debajo de los estándares educativos. Pero ahora los
legisladores de Arizona han extendido esta posibilidad a todos los
alumnos. Cada estudiante de secundaria podrá acogerse al sistema, aunque
para las nuevas inscripciones habrá un tope de 5.000 al año.
En la cuenta se depositará un importe de 5.600 dólares, que se estima
sería suficiente para cubrir la matrícula en la mitad de las escuelas
privadas de Arizona. La ley impone medidas de control, que incluyen que
el alumno se someta a tests estandarizados y que se publiquen los
resultados del conjunto.
La fórmula de las cuentas de ahorro educativo se está aplicando
también en otros estados. Florida, Mississippi y Tennessee han
establecido ESA para estudiantes con necesidades especiales. Nevada
aprobó una legislación para ampliar la fórmula a todos los alumnos, pero
el mecanismo de financiación de la ley fue rechazado por el Tribunal
Supremo del estado, si bien reconoció su constitucionalidad. Más de
8.000 padres se habían apuntado al programa, pero ahora hace falta que
el gobernador republicano del estado convenza a la cámara legislativa
que hoy es de mayoría demócrata.
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