26 de desembre de 2012

¿Ajustar para crecer? España debería realizar un ajuste fiscal por encima del 8% del PIB para equilibrar sus cuentas



El propio FMI reconoce que la magnitud restrictiva exigida en la zona euro para reducir el gasto público es poco creíble y ha sido excesiva, con lo que la situación de las economías más debilitadas, como la española, es de lo más perversa


Isabel Ordóñez - Forum  Libertas - 26-12-2012

Ante el gran endeudamiento de la mayoría de los países de la zona euro, que concretamente en España se ha doblado en una década, cabe preguntarse cuál debería ser el ajuste fiscal necesario para equilibrar las cuentas, es decir qué se tendría que reducir del gasto público, y también si las actuales políticas presupuestarias constrictivas están dando respuesta a las expectativas creadas.

Una de las respuestas más aceptadas por los analistas económicos es que, en la actual coyuntura recesiva, esas políticas amparadas en la filosofía de ‘ajustar para crecer’ implican la práctica de medidas que penalizan la actividad económica, dañan las bondades del ajuste y acentúan las dudas sobre la solvencia de la economía.

La realidad es que el ideario económico de la Comisión Europea y el excesivo dogmatismo de los gobiernos de los países ‘duros’ está conduciendo a la zona euro en su conjunto, y sobre todo a los países de la periferia, como es el caso de España, a un callejón sin salida.

La dureza del ajuste fiscal

De hecho, en el caso de España, se debería realizar un ajuste fiscal por encima del 8% del PIB para equilibrar las cuentas, según las previsiones del Fondo Monetario Internacional (FMI) con datos del 2011, tal como se puede observar en la siguiente tabla, elaborada a partir de los datos del FMI sobre 11 países, 9 europeos más Estados Unidos y Japón.

Ante la magnitud de la corrección necesaria en el déficit primario cíclicamente ajustado (DPCA) para reducir el nivel de endeudamiento público hasta el 60% del PIB, los ajustes son tan extraordinarios que resultan poco creíbles, sobre todo teniendo en cuenta que el agravamiento de la recesión económica convierte el reto en un imposible para algunos países.

Los programas de ajuste extremadamente duros imponen unos objetivos poco realistas y el propio FMI reconoce que la magnitud restrictiva exigida en la zona euro para reducir el gasto público ha sido excesiva.

Si se observa, por ejemplo, la situación de Grecia, el porcentaje del PIB que necesita para equilibrar sus cuentas da entender el por qué nadie cree que este país pueda pagar sus deuda, ya que tendría que realizar un ajuste de casi el 16% de su PIB.

Todo ello viene a explicar la evolución negativa observada en los indicadores de referencia como el déficit público o la deuda pública en porcentaje del PIB de los países más endeudados, a pesar del esfuerzo de consolidación fiscal realizado por esos estados.

La pérdida de control

En definitiva, la combinación de políticas fiscales restrictivas, la fragilidad de los sistemas financieros y la creciente incerteza ha resultado ser muy perniciosa para la actividad económica.

Además, esta tendencia, en el caso de España y otras economías de la zona euro se ha visto agravada por la propia pertenencia a una moneda única. Y es que cuando un país emite deuda pública en una moneda común, como es el caso de la zona euro, el Estado pierde el control directo, que pasa a manos de los agentes financieros que operan en el mercado de capitales.

Si a esto se le suma que, en la Eurozona, los estatutos del Banco Central Europeo (BCE) le impiden actuar como prestamista en última instancia, la sensación de que la deuda pública de un país no está amparada por el BCE genera entre los inversores financieros unas expectativas de posibles impagos que suelen traducirse en una salida de capitales.

De esta manera, los países fuertemente endeudados y con problemas de competitividad de la zona euro, en las actuales condiciones, se encuentran atrapados en una trampa mortal.

En este sentido, la situación de España es de lo más perversa, ya que la gravedad de la crisis económica unida a la pertenencia a la moneda única anula el papel de los estabilizadores automáticos y limita la posibilidad de practicar una política fiscal expansiva, cuestionando el Estado del Bienestar.

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