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Extremadura va a iniciar un programa, al menos así lo ha anunciado, para promover que los jóvenes que no han terminado la Secundaria acudan a la escuela para lograrlo. A cambio de ello, tendrán como incentivo 1.000 euros. Es una forma de combatir el fracaso escolar, que resulta extraordinariamente elevado en toda España y algo por encima de la media en el caso de aquella comunidad autónoma. La medida ha recibido críticas. Esto no debería llamar especialmente la atención ya que loa enseñanza, siempre que se aborda algún tipo de cambio, despierta por algún lado críticas. Existe en nuestro país una extraordinaria dificultad para alcanzar el consenso, y así nos va. Pero es que el caso extremeño merece una consideración específica.
Extremadura va a iniciar un programa, al menos así lo ha anunciado, para promover que los jóvenes que no han terminado la Secundaria acudan a la escuela para lograrlo. A cambio de ello, tendrán como incentivo 1.000 euros. Es una forma de combatir el fracaso escolar, que resulta extraordinariamente elevado en toda España y algo por encima de la media en el caso de aquella comunidad autónoma. La medida ha recibido críticas. Esto no debería llamar especialmente la atención ya que loa enseñanza, siempre que se aborda algún tipo de cambio, despierta por algún lado críticas. Existe en nuestro país una extraordinaria dificultad para alcanzar el consenso, y así nos va. Pero es que el caso extremeño merece una consideración específica.
La
pregunta de fondo es si se debe incentivar o no para que obtengamos una
mejora en los resultados escolares. La respuesta, creemos que es obvio,
es que todos coincidiremos en afirmar que sí. La cuestión es cómo. Para
muchos, pagar 1.000 euros para
hacer algo que es obligatorio, estudiar, resulta una injusticia, porque
no se premiará a los mejores sino a los peores. Es todo lo contrario de una sociedad que busque la excelencia, una sociedad meritocrática.
Entonces,
¿cómo combatir esta plaga? Seguro que no con un ministro como Wert, que
convierte en campo de batalla lo que tendría que ser un espacio de
consenso, sin que esto quite nada de positivo en parte de las medidas
que contiene su borrador de ley.
No
se puede resolver la educación de los hijos que no estudian sin contar
con los padres ni atender el problema, porque detrás de un niño o joven
que no estudia, en la mayoría de ocasiones, hay una familia que tiene
dificultades, del tipo que sean, para realizar su función educativa.
De ahí que a quien se tuviera que estimular económicamente es a las
familias con hijos, y por una doble razón. En primer lugar, por el
simple hecho de tenerlos, porque ello significa dos cosas vitales para
nuestro futuro inmediato: la primera, la formación de capital humano; y.
segunda, la posibilidad de equilibrar más y mejor el sistema público de
pensiones. Sin una media ligeramente superior a los dos hijos por mujer
en edad fértil, el sistema público de pensiones que tenemos es
absolutamente inviable (esto sin hablar del problema añadido del paro).
Pero, además, si estos hijos aprovechan en gran medida sus estudios
conseguiremos personas con una mayor productividad en un futuro.
De ahí que las
familias deberían tener una doble ventaja: sobre todo para aquellos que
tienen dos o más hijos; y también en los resultados que fueran
obteniendo ellos a través del transcurso de la enseñanza. Esto sí
que tendría sentido y no resultaría una injusticia, porque los que
mejores objetivos consiguieran serían precisamente los que tendrían una
recompensa. Y así se podrían corregir deficiencias y limitaciones, a
veces de naturaleza económica, que los padres tienen en orden a velar
por el buen rendimiento escolar de sus hijos.
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