President A. Mas, Joana Ortega i Irene Rigau, citats a declarar per la consulta del 9N 2014. Foto La Vanguardia.
El president comparecerá ante el Tribunal Superior de
Justicia de Catalunya dos días después de que lo hagan Irene Rigau y
Joana Ortega
Política | 29/09/2015
El presidente en funciones de la Generalitat, Artur Mas, la vicepresidenta, Joan Ortega, y la consellera d’Educació, Irene Rigau, han sido citados a declarar como imputados por el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), por su implicación en la consulta del 9N. Mas comparecerá el día 15, y Ortega y Rigau, el 13.
Así consta en una providencia
hecha pública ayer por el TSJC, y firmada por el magistrado que
instruye la causa, Joan Manel Abril Campoy. En ella se expresa que Mas,
Ortega y Rigau son citados en calidad de querellados, que equivale a una
imputación, pues tienen que presentarse en compañía de sus letrados y
pueden negarse a contestar a las preguntas, cosa que no ocurre con los
testigos. En principio, los tres deben acudir a la sede judicial,
precisamente por estar imputados, pero algunas fuentes jurídicas señalan
que podrían acogerse al privilegio de declarar en sus despachos
oficiales.
Es la segunda vez que un presidente de la Generalitat
prestará testimonio como imputado, después de que Jordi Pujol cumpliera
igual trámite el 2 de octubre de 1984 por el caso Banca Catalana. En ese
momento, el juez Ignacio de Lecea (instructor), los fiscales Carlos
Jiménez Villarejo y José María Mena y los abogados de Pujol, Joan Pique
Vidal y Joan Córdoba, se desplazaron a la Casa dels Canonges, residencia
oficial, donde el president declaró durante una hora y cuarenta y cinco
minutos.
La fecha escogida, 13 y 15 de octubre, es poco antes de
la posible constitución del Parlament, prevista para el arco que va del
19 al 26 de octubre. La casualidad es que la comparecencia de Mas se
producirá un un día muy simbólico: el 75 aniversario del fusilamiento del president de la Generalitat Lluis Companys, ocurrido el 15 de octubre de 1940.
En la causa del 9N, la Fiscalía acusa a Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau
de un delito de desobediencia y otros posibles derivados de este, como
prevaricación o malversación de caudales públicos, por la convocatoria y
organización de la consulta; presuntamente cometidos entre los días 5
de noviembre (fecha de la resolución del Tribunal Constitucional contra
la convocatoria) y el 9 (cuando se produjeron las votaciones).
El
Ministerio Público persigue conocer el grado de implicación de los tres
en la organización de la consulta, qué medios públicos se utilizaron
para ello y su coste. Hasta el momento se ha ido recopilando
documentación, de la que se deriva que se habilitó una partida de
1.200.000 euros para soporte tecnológico (aunque al final se gastaron
sólo 698.685) y que el CIRE (departamento para la reinserción de presos)
facturó 150.000 euros para su ayuda al proceso, centrada en la
elaboración de urnas y papeletas. También han declarado inspectores
d’Ensenyament y directores de institutos, y algunas declaraciones
señalan la existencia de reuniones en el Departament para la cesión de
locales.
La misma providencia por la que se imputa a Mas, Ortega y
Rigau cita a declarar a cinco testigos el día 19 de octubre. El
president en funciones pidió al tribunal comparecer antes que los testigos.
La Fiscalía mantenía la tesis de que las declaraciones de imputados y
testigos podían ir en paralelo, no hacía falta que primero fueron los
querellados. El juez Abril ha decidido atender la petición de los abogados de Artur Mas.
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