ULTIMA PROPUESTA PARA NO IR A CONCURSO
Florentino
Pérez quiere que, como sucedió con el Castor y como presuntamente
ocurrirá con las autopistas de peaje, el Gobierno se haga cargo de otra
infraestructura
Florentino Pérez quiere que, como sucedió con el Castor y
como presuntamente ocurrirá con las autopistas de peaje, el Gobierno se
haga cargo de otra infraestructura que está a punto de ir a concurso de
acreedores. Así se deriva de la propuesta de rescate que ACS (ver cotización) y su socio francés Eiffage han presentado al Ministerio de Fomento
y a los acreedores para evitar que el próximo 31 de marzo entre en vía
muerta la empresa que gestiona el AVE que une España con Francia.
A falta de quince días para que venza el plazo por el que TP Ferro tiene que hacer frente al pago de 428 millones a un grupo de acreedores, ACS e Eifage,
los dueños de esta sociedad que gestiona los trenes de alta velocidad
que unen Barcelona con París, han hecho una propuesta a los dos
Gobiernos para que aporten capital con el fin de evitar que esta línea
férrea que fue inaugurada en 2012 por el rey Felipe VI entre en impago.
El plan consiste en que el Ministerio de Fomento aporte 100 millones de euros a fondo perdido, así como un alargamiento del periodo de pago de los créditos. En concreto, piden poder pagar la deuda en 2034, dentro de 19 años, un periodo que BBVA, CaixaBank, Bankia y los fondos que compraron la deuda que en su día vendió Banco Santander
consideran “una tomadura de pelo”. No obstante, la propuesta es mejor
que la anterior, en la que ACS e Eiffage solicitaron una prórroga de 40
años –hasta 2055– para hacer frente a los 420 millones que deben pagar
en dos semanas.
La situación es muy complicada porque la ministra de Fomento, Ana Pastor,
se niega a hacer una nueva aportación de capital a TP Ferro, a la que
el anterior Gobierno del PSOE ya ayudó en diciembre de 2009 por el
retraso en la puesta en marcha de la línea férrea. En aquel momento, el
Estado le dio un préstamo participativo de 54,77 millones, le hizo otra aportación de 54,10 millones y le alargó la concesión por tres años, hasta febrero de 2057.
Pastor se opone frontalmente a inyectar dinero público en una
concesión privada por el escándalo que supondría que el Gobierno
volviese a salir al auxilio de una constructora. Una polémica que
coincide en el tiempo con la última reclamación de la patronal del
ladrillo, Seopan,
que la semana pasada reclamó a Mariano Rajoy que solucionase de una vez
por todas la crisis de las autopistas de peaje si no quería enfrentarse
a litigios por hasta 8.000 millones de euros.
Sin trenes, sin viajeros
Como
ha sucedido con las autovías de pago y las radiales que bordean Madrid,
el problema de TP Ferro es que el tráfico de trenes es muy inferior al
previsto cuando entre el PP y el PSOE le dieron la concesión a ACS.
Frente a los 80 convoyes proyectados a la semana entre Barcelona y
París, apenas circulan 10 de pasajeros y 24 de mercancías, una cifra irrisoria porque además en el caso de los primeros van con una ocupación muy baja. En definitiva, se trata de una concesión condenada a perder dinero durante muchos años.
Por
este motivo, Florentino Pérez ya pidió al Gobierno que le compensara
con el reequilibrio patrimonial de la línea, es decir, con una
subvención que le resarciera por los números rojos diarios. En concreto,
TP Ferro presentó una demanda en un tribunal internacional de arbitraje
de Suiza en la que exigía al Estado una indemnización de 93 millones, que crece en 3,6 millones cada mes.
El
tribunal helvético con sede en Ginebra todavía no se ha pronunciado
sobre esta petición, pero sí lo ha hecho sobre otra denuncia de ACS y su
socio galo en la que reclamaban al Gobierno un cheque de 350 millones por sobrecostes de
una obra que ascendió a 1.200 millones de euros. Cuatro de los cinco
jueces consideraron que la constructora de Florentino Pérez no tenía
derecho a reclamar nada porque los problemas técnicos que se encontró al
desarrollar el proyecto los tenía que haber calculado mejor.
Pese
a la situación tan avanzada de preconcurso, TP Ferro no ha movido ficha
hasta hace apenas unas semanas para evitar rascar el bolsillo, ya que
su compromiso de aportaciones dinerarias también acaba el 31 de marzo,
según el contrato de la concesión. Por tanto, o los acreedores le dan
una prórroga, comodín que ahora no se contempla, o Rajoy tendrá que
rescatar la línea férrea con dinero público.
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