25 de setembre de 2016

"Era una revolución" article per Ramon Cotarelo: "La primera ley de desconexión es una bomba política"



25.09.2016
Recuérdese la famosa anécdota del Duque de la Rochefoucauld y Luis XVI, un telediario antes de la toma de la Bastilla: "¿Qué ocurre? ¿Es una revuelta?" "No, Sire, c'est unerévolution". Cambien tiempo y lugar: "¿Qué ocurre?¿Es una algarabía" "No, Presidente, es una revolución". Pues sí, es la revolución catalana. La derecha no se ha enterado o no ha querido enterarse y, lo más curioso, la izquierda, tampoco. Y, ya curiosísimo, la verdadera izquierda, tampoco y eso que el término todavía ocupa algún remoto lugar de su imaginario.


Nadie ha querido hacer caso de la abrumadora sucesión de síntomas en los útimos años. Las señales de la tormenta aproximándose. Nadie. Los analistas, los comentaristas y tertulianos, los medios, todos mudos. O peor que mudos, desinformando. No solo por vicio sino también por ignorancia. Llevan años aplicando al movimiento independentista categorías de la apacible época autonómica, cuando un nacionalista catalán podía ser español del año.



Es claro, razonan los cerebros de la izquierda, no está pasando lo que está pasando. Las revoluciones tienen unas pautas, necesitan un partido de vanguardia; no pueden ser obra de una alianza transversal de políticos de todo credo y movimientos sociales; no pueden ser movidas de los ricos contra los pobres; el nacionalismo y la revolución son agua y aceite. No, no está en el cuadro de las revoluciones. No es una revolución.

Entonces, ¿qué es?



El primer proyecto de ley de desconexión corta el nudo gordiano de la transición al estilo alejandrino. Es más, inaugura la segunda parte de la transición. No digo la segunda ni otra transición porque son determinaciones sobadas por los políticos y despojadas de todo sentido.


La Transición, IIª parte o segundo acto. El Parlament pretende declarar la nulidad en Cataluña de todos los procedimientos penales del franquismo, los consejos de guerra, los sumarísimos. Eso es algo que debía haberse hecho en toda España al día siguiente de la muerte del dictador. Nulas todas las actuaciones judiciales penales del franquismo. Y no solo las militares sino también las civiles de la jurisdicción especial de Orden Público.



En realidad, ese día tendría que haberse declarado la nulidad del franquismo erga omnes. Nada de lo actuado en aquellos años era legítimo y, por tanto, no podía ser base de la legalidad democrática. Todo nulo, desde la abolición del Estatuto Catalán hasta la designación de Juan Carlos como sucesor de Franco "a título de Rey".



Y ahí está el nudo de la cuestión. No andaba el horno para bollos. Los militares controlaban la escena. El mundo se inhibía. La oposición, fragmentada y todavía muy asustada. Así que se transigió y se edificó un régimen constitucional sobre decenas de miles de asesinados y enterrados en fosas anónimas en las cunetas de toda España. Durante el largo mandato de Felipe González no se intentó siquiera abordar la cuestión de la justicia a las víctimas de la guerra, la postguerra y una larga dictadura que murió matando. Esto solamente se enmendó con la ley popularmente conocida como Ley de la Memoria Histórica, correspondiente al mandato de Zapatero. Y justamente, este gobierno se asustó ante las consecuencias de una declaración de nulidad erga omnes y dejó las reparaciones reducidas a los procesos penales y los asesinatos extrajudiciales y, además, restringió su alcance al orden puramente moral y simbólico. Nada de reesarcimiento material. Los gobiernos de Zapatero, que mostraron cierta osadía al comienzo se revelaron luego pusilánimes: la Ley de la Memoria Histórica rebajada, la reforma del derecho de propiedad intelectual y la de relaciones entre la Iglesia y el Estado, abandonadas en los cajones de La Moncloa.



La decisión del Parlament es una bomba de (muy escaso) tiempo. De adoptarse, supongo, provocará el habitual recurso del gobierno al Tribunal Constitucional que, a su vez, hará lo que acostumbra: suspender y/o prohibir. Hasta aquí hemos llegado en otras ocasiones en esta crisis constitucional; pero de aquí no hemos pasado. Al aquilatar el efecto de los pronuncimaientos del Constitucional conviene recordar que la Generalitat no le reconoce autoridad mientras que ella misma, como órgano, deriva la suya del Estatuto de Nùria, al que considera en vigor porque su derogación por la dictadura fue ilegal.



La controversia es muy interesante y pilla a la izquierda española con el paso cambiado, en cueros. Nadie en la izquierda puede oponerse a la anulación de la Causa General y aledaños a través de otra Causa General de condena de la Dictadura y anulación de sus actos. Pero, la aceptación y hasta el apoyo de la reclamación pone a las izquierdas españolas en coalición con el independentismo. Y el asunto se complicaría extraordidnariamente si hubiera que votar en el Congreso a favor o en contra de la propuesta catalana, teniendo en cuenta la mayoría de la izquierda. 


Era una revolución y no han sabido verla.



Los candidatos, en el fondo, no quieren ser presidentes por no tragarse el marrón de Cataluña. Y no haya duda de que será un marrón. Pongo un ejemplo inmediato: ¿cómo va a explicar en los medios y las cancillerías extranjeras el ministro de Exteriores, García Margallo, más conocido como Gibraltar español, que el Parlamento catalán anula ahora las actuaciones judiciales de la dictadura? Espero que no lleve a la lumbrera de Interior, diciendo eso tan agudo y original de que hay que mirar hacia delante y no hacia atrás. A ver cómo explican todos que en España no se haya condenado el franquismo a los 41 años de la muerte del dictador y se siga tolerando su iconografía y subvencionando con fondos públicos una fundación que lleva su nombre y se dedica a ensalzar su memoria.

Cap comentari: