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El presidente del Gobierno quiere que la medida entre en vigor en tan solo 60 días
Madrid
El debate sobre los aforamientos
—hay 250.000 personas que gozan de ese privilegio en España, un récord
europeo, aunque en realidad 232.000 no son políticos sino guardias
civiles y policías nacionales y autonómicos— viene de lejos. Se trata de
una protección que hace que diputados, senadores y miembros del
Gobierno solo puedan ser investigados y juzgados por el Tribunal Supremo
ante cualquier presunto delito cometido. En el caso de los diputados y
gobernantes autonómicos, el aforamiento les lleva a los tribunales
superiores de esa comunidad, compuestos en su mayoría por jueces que
llegaron ahí a propuesta de órganos con fuerte influencia política: por
eso existe el recelo de que estos tribunales sean, con excepciones, más
suaves que otros con los posibles delitos de los políticos. Algunos
partidos reclaman la eliminación total de los aforamientos, como sucede
en otros países, y mantener solo la inmunidad parlamentaria; esto es, la
necesidad de tener que pedir un suplicatorio o permiso a la Cámara.
El Gobierno ha optado por una vía intermedia. No elimina por completo
el aforamiento, como pareció en un principio por las palabras del
presidente en un acto de reivindicación de sus 100 primeros días de
Gobierno, pero sí se reducirá considerablemente, según la interpretación
del Ejecutivo, que insiste en que se trata de una reforma de fondo que
pretende acelerar al máximo. El anteproyecto de ley se llevará este
mismo viernes al Consejo de Ministros.
El Gobierno ha descartado eliminar por completo los aforamientos
porque cree que tanto los miembros del Ejecutivo como diputados,
senadores, jueces y fiscales, que también se verán afectados por la
reforma, tienen que mantener alguna protección para frenar la oleada de
querellas a las que, si no existiese, tendrían que someterse por sus
decisiones.
El Ejecutivo destaca que con la reforma exprés de la Constitución
—una operación de alto calado político que solo se había hecho en plena
crisis económica con un pacto PSOE-PP para dar más garantías a los
inversores de que España pagaría sus deudas por encima de cualquier
cosa— se pretende dar mucho más margen a los jueces. Ahora mismo, un
tribunal ordinario no puede bajo ningún concepto investigar a un
diputado ni siquiera por un delito de tráfico o fiscal. Tiene que
enviarlo directamente al Supremo. Es lo que acaba de suceder con el caso de Pablo Casado.
Con la reforma del artículo 71.3 y 102.1 de la Constitución, el
tribunal podría argumentar que el delito por el que está investigando al
político no está estrictamente relacionado con el ejercicio de su cargo
y seguir adelante.
¿Y qué pasa con las causas de corrupción, en las que los políticos
suelen ser investigados por decisiones tomadas en el ejercicio de su
cargo, como concesiones arbitrarias, contratos falsos o sobrecostes
fraudulentos? Según el Gobierno, si están claramente vinculados al
ejercicio del cargo, seguirán siendo juzgados por el Supremo, pero si
no, por ejemplo con un enriquecimiento ilícito o un lavado de dinero, se
podrá seguir adelante en el tribunal ordinario.
Los jueces y fiscales también verían reducido su aforamiento a los
delitos cometidos en el ejercicio de su cargo, por lo que habría que
reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial. La reforma de la
Constitución es compleja, y requiere el apoyo de tres quintos de las dos
Cámaras, con lo que depende del PP, que no ha recibido con buenas
palabras la iniciativa.
Después de una semana complicada, con la segunda dimisión de su Gobierno,
Sánchez logró con este asunto recuperar la iniciativa, monopolizar la
agenda política y arrebatar el protagonismo a Ciudadanos, que este
martes somete a votación su propuesta de eliminar aforamientos. Lo hizo
además con el mayor impacto posible, en un acto con algunos de los
hombres fuertes del Ibex 35 sentados en primera fila.
“El reto es que los ciudadanos vuelvan a creer en la política”,
sentenció el jefe del Ejecutivo en un discurso muy medido de
reivindicación de su gestión y de la necesidad de hacer una moción de
censura porque España “vivía una paralización generalizada” con Mariano
Rajoy y “no podía aguantar dos años más de ese bloqueo”. Esta reforma,
según Sánchez, mandaría “una señal relevante, inequívoca, de
ejemplaridad, solidaridad y empatía” hacia los ciudadanos.
Lo que no está previsto tocar es el aforamiento de la Familia Real y
en particular del rey emérito, Juan Carlos I. El Gobierno tampoco
tocará, porque no es su competencia, el aforamiento autonómico, pero
cree que, una vez cambiado el nacional, caerá por su propio. Sin
embargo, hay Parlamentos como el de Murcia que ya están yendo más lejos
que el Gobierno, y plantean eliminar por completo el aforamiento de sus
diputados y miembros del Gobierno.
Los beneficios del aforamiento
El aforamiento es una prerrogativa
por la cual las causas penales de diputados, senadores y miembros del
Gobierno son investigadas y, llegado el caso, juzgadas por el Tribunal
Supremo y no por los tribunales ordinarios como les ocurre al resto de
ciudadanos. España es el país europeo que tiene más extendida esta
figura. La mayoría de Estados de la UE no la contemplan para sus
parlamentarios —solo para los miembros de los Gobiernos— y Alemania
carece de ella.
Este privilegio procesal se ha extendido, con el paso del tiempo, a
los parlamentarios y Gobiernos autonómicos a través de los diferentes
Estatutos, así como a jueces, fiscales y miembros de las fuerzas de
seguridad. En abril de 2017, Murcia se convirtió en la primera comunidad
que suprimía los aforamientos.
De los 250.000 aforados (en distintos grados) que existen en España,
algo más de 232.000 son miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado o cuerpos autonómicos, según los datos que ofreció el
presidente del Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos
Lesmes, en una comparecencia en marzo de 2017 en la Comisión de Justicia
del Congreso. Otros cinco son miembros de la Familia Real y el resto
(17.603) pertenecen a instituciones del Estado y de las comunidades.
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