"Las facturas" (de los recursos públicos destinados a la "acción exterior"), por Gonzalo Boye. La esencia de las irregularidades del Tribunal de Cuentas

  

 

 

 

30 julio 2021

 

 

Como siempre pasa cuando se trata de reprimir al independentismo, en el caso del Tribunal de Cuentas, una vez más, el foco mediático está puesto en un sitio distinto de aquel que correspondería en cualquier estado democrático y de derecho. Las explicaciones a tal desenfoque pueden ser muchas, pero ninguna deja en buen lugar a una profesión que está llamada, en democracia… también en dictadura, a actuar como auténtico contrapoder ante los desmanes de los poderes públicos. La gran mayoría de los medios se han centrado en dos temas que, siendo graves, no apuntan a la esencia del problema. Básicamente, apuntan al posible comienzo de las incautaciones, mal llamados embargos, y a la licitud o ilicitud de los avales aportados por la Generalitat.

 

 Los temas pueden parecer interesantes, pero, el primero entra dentro del ámbito de lo morboso y el segundo, dentro de lo que es un dislate jurídico producto de la frustración que a la delegada instructora le genera que el supuesto afectado —la Generalitat— haya aportado los avales, como no podía ser de otra forma.

 

 No parece existir mucho interés en otros temas de evidente mayor calado como son la esencia del procedimiento que se está siguiendo y las irregularidades que en él se están detectando; si de transparencia, limpieza y cultura democrática se tratase, esos y no otros serían los temas que hablar y publicar.

 

 En lo esencial, este procedimiento se basa en la discrepancia que tiene el Tribunal de Cuentas con la Generalitat sobre la forma en que se han invertido los recursos públicos destinados a la denominada “acción exterior”, que está claramente establecida y amparada dentro del vigente Estatut de Catalunya.

 

 

Dicho más claramente, como al Tribunal de Cuentas no le gusta en qué se ha gastado dicho dinero, entiende que puede derivar la responsabilidad de dicho gasto en quienes ejecutaron la política exterior de la Generalitat en el periodo que al propio Tribunal de Cuentas se le ha antojado.

 

 En definitiva, se está sentando el precedente para que sea el Tribunal de Cuentas el que sancione qué política es la adecuada y cuál no. Obviamente, esto no solo amplía las ya amplias prerrogativas de un órgano que carece de cualquier tipo de control, sino que deja indefensos no solo a los distintos gobiernos de la Generalitat sino a los de cualquier administración.

 

 Los demócratas de toda la vida, esos que van con la bandera hasta al servicio, o los progres de siempre bien deberían preocuparse de este procedimiento, porque de este precedente surgirán otros que, seguramente, cuestionarán las políticas y gastos públicos desplegados por cualquier gobierno que no entre dentro de la esfera especialísima o particularísima del Tribunal de Cuentas.

 

https://www.elnacional.cat/es/opinion/gonzalo-boye-facturas_633440_102.html

 

 

 

 

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