El fiscal se encargará también de la comunicación del proceso y no se podrá difundir la identidad ni emitir imágenes de los imputados mientras se decide si van a juicio
22/07/2011- Se trata de "la reforma estructural más importante desde el inicio de la Democracia", según ha señalado el portavoz del Gobierno y ministro de Fomento, José Blanco. Y es que el nuevo anteproyecto de ley de enjuiciamiento criminal sustituye a una norma que data nada menos de 1882 y pretende constituir "un nuevo modelo de justicia que se basa en un fiscal investigador y un juez de garantías", y que va a regir el 70% de los pleitos de este país. De esta forma, la investigación judicial ya no estará en manos de los jueces, sino de los fiscales, que sin embargo investigarán bajo la luza del juez. En todo caso se trata de un cambio total en el funcionamiento de las diligencias que pretende contribuir "con más garantías, más seguridad y un funcionamiento más ágil", según Blanco.
De esta forma, el fiscal llevará el peso de las investigaciones y también soportará la responsabilidad de la comunicación con los medios: "El portavoz será el fiscal responsable de la investigación pero también habrá un portavoz del órgano judicial", con el fin de cuidar la presunción de inocencia en cada fase del proceso y evitar la llamada pena del telediario, ha explicado el ministro de Justicia, Francisco Caamaño.
El ministro ha señalado que el anteproyecto de ley fija unas normas mínimas en cada fase del proceso judicial para ciudar la presunción de inocencia y da pautas para hacer la comunicación más transparente y proteger los derechos de los ciudadanos. Aunque el ministro no lo ha adminitido claramente, el nuevo rol de comunicador que se deposita en la acusación podría pretender que el Ejecutivo quiera retirar a los magistrado la eventual figura de 'juez estrella' que han adquirido en algunos casos.
El anteproyecto pretende descargar de trabajo la tarea del juez y quiere preservar al máximo la presunción de inocencia por lo que prohíbe difundir la identidad y la imagen de las personas que se está investigando cuando aún no se ha se ha decidido si deben ir a juicio. Con la reforma, se haría imposible casos como el de los imputados en el caso Pretoria, a quien todo el mundo pudo ver esposados cuando iban a declarar.
Entre otras medidas, el anteproyecto abandona la nomenclatura de imputado, porque se asocia culpable, y se cambia por investigado. A excepción de los delitos de terrorismo y crimen organizado, se limita a un año el máximo de tiempo para instruir un caso.
También se regulan las escuchas telefónicas, que sólo podrá autorizar un juez cuando el delito pueda conllevar prisión por más de cinco años.
El texto legal no cuenta con el apoyo del PP, que recela de los nuevos poderes depositados en la Fiscalía al considerar que esta figura está próxima al poder político de turno y podría incurrir en imparcialidad.
El titular de Justicia también ha defendido las razones que han llevado al Gobierno a introducir limitaciones en el ejercicio de la acción popular, que ahora no podrá actuar si el fiscal o la víctima piden el archivo del caso, ni podrán ejercerla las administraciones públicas, partidos políticos o sindicatos. Una medida que también ha sido muy reclamada por quienes criticaban que la única acusación popular del sindicato ultraderechista Manos Limpias pudiera llevar al banquillo al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón por declararse competente para investigar los crímenes del franquismo.
Según Caamaño, la reestructuración de la acción popular es un elemento más de racionalización en el proceso penal y "no parecía razonable que si el fiscal representa el interés general estén también en la causa partidos o sindicatos". Para el ministro también es razonable que si ni el fiscal ni las víctimas acusan, tampoco pueda hacerlo la acusación popular si el delito es un delito que protege un bien individual y no está en juego el interés general.
En la rueda de prensa, Caamaño también se ha referido a la creación de los Consejos de Justicia autonómicos, aún pendiente de aprobación, al explicar que el Gobierno quiere cumplir su compromiso. Tras recordar que la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) sobre el Estatuto de Catalunya no declaró inconstitucionales estos consejos, ha reconocido que la tarea de búsqueda del consenso es más compleja que en otros ámbitos.
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