El texto de la Fiscalía del TSJC critica que la Generalitat haya
utilizado argucias jurídicas para culminar las votaciones del 9N
Los nueve fiscales del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) decidieron por unanimidad no presentar la querella contra Artur Mas por el proceso del
9N
según ha podido saber La Vanguardia. En
la asamblea extraordinaria celebrada por los fiscales y que concluyó
ayer el asunto ni se sometió a votación ante el total acuerdo de todos
los participantes en ella.
De la asamblea salió un informe que se remitió a Madrid en el que a
lo largo de diez páginas de desmenuzaba con argumentos jurídicos porque
no había delito de desobediencia, la única posibilidad que contemplaban
los fiscales de Catalunya. Esto era así porque no existía ningún
requerimiento formal del TC dirigido a ninguna persona en concreto y
sobre qué aspectos del proceso debían ser interrumpidos.
En el mismo texto los fiscales del TSJC critican que la Generalitat haya utilizado argucias jurídicas para culminar las votaciones del 9N.
La querella ha abierto una crisis sin precedentes en la Fiscalía. El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, convocó anoche a la Junta de Fiscales de Sala, el máximo órgano de la carrera, para que se reúna mañana tras la
negativa de la Fiscalía de Catalunya
. Tal como avanzó La Vanguardia el pasado sábado, será este órgano el que finalmente decida si se presenta la querella contra Artur Mas y sus consellers.
Se trata de una de las mayores crisis abiertas en la Fiscalía General del Estado probablemente en toda la era democrática. Nunca toda una Fiscalía territorial se había opuesto así al fiscal general. Torres-Dulce, al tener conocimiento de la situación -los fiscales de Catalunya eran desde el principio contrarios a iniciar acciones penales contra Mas, y en ello se ratificaron ayer-, dio la orden de que la querella se presentara, y el fiscal jefe de Catalunya, José María Romero de Tejada, le contestó que no podía hacerse. Tejada argumentó que los fiscales de Catalunya lo consideraban totalmente improcedente, y que apelaba a las previsiones del Estatuto del Ministerio Fiscal para resolver la discrepancia.
Estas indicaciones se hallan en el artículo 27 de dicho Estatuto, que prevé que la última palabra corresponde al fiscal general del Estado, "oyendo a la Junta de Fiscales de Sala". Se trata de máximo órgano de la carrera fiscal, presidido por el propio Torres-Dulce, y los máximos representantes de la Fiscalía en todos los órdenes jurisdiccionales.
La postura del fiscal general queda muy clara en el comunicado difundido anoche por la Fiscalía General. Torres-Dulce quiere que se presente la querella y, sin duda, así ocurrirá. La Junta de Fiscales de Sala muy difícilmente sostendrá de forma mayoritaria un criterio contrario al del fiscal general. Puede ocurrir, no obstante, que la postura de los fiscales catalanes tenga algún apoyo.
La Fiscalía General siempre estuvo a favor de presentar la querella, y además no sólo por desobediencia, sino por varios delitos. Se manejó la hipótesis de que la iniciativa incluyera los supuestos de malversación de fondos públicos y prevaricación. El fiscal general expondrá su tesis definitiva en la Junta de Fiscales de Sala que tendrá lugar mañana. Pero con toda probabilidad no se limitará al delito de desobediencia ni irá dirigida sólo contra el presidente de la Generalitat y contra la vicepresidenta, Joana Ortega. La Fiscalía General creía que las responsabilidades penales incluían a la consellera de Ensenyament, Irene Rigau, porque gran parte de las votaciones se efectuaron en institutos y colegios públicos, y no cabe descartar a priori que la querella incluya también a otros consellers, como el de Interior, Ramon Espadaler.
La crisis de la Fiscalía ha suscitado una gran preocupación en el Gobierno. Se trata de una grieta muy importante en lo que el Ejecutivo considera el normal funcionamiento del Estado de derecho, no menor que la que se habría producido si el Tribunal Constitucional (TC) hubiera desestimado los recursos del Gobierno contra la ley de Consultas y el decreto de convocatoria del 9-N y la posterior consulta alternativa. Con la agravante de que la Fiscalía es un órgano jerárquico, en el que muy raramente se produce este tipo de choques, y menos en torno a un asunto que el propio fiscal general y el Gobierno consideran una cuestión de Estado.
La Fiscalía General corre ahora otro gran riesgo si, como todo indica, presenta finalmente la querella, y es que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) la inadmita, lo cual no puede descartarse en absoluto.
De hecho, los fiscales catalanes no han querido secundar la iniciativa precisamente porque creen que carece de fundamento jurídico y será rechazada. La Fiscalía, en todo caso, tendrá que fijar una posición, incluso en el supuesto de que la querella acabe por no presentarse o sea inadmitida. Y es que ayer llegaron al TSJC las doce primeras denuncias presentadas en varios juzgados de Catalunya. El fiscal tendrá que informar sobre esas denuncias. El comunicado de la Fiscalía General así lo recoge, al recordar que los fiscales de Catalunya expresaron su parecer el 9-N "en las diferentes denuncias ciudadanas a favor de la admisión a trámite de todas ellas por entender que existían indicios racionales de delito". En otras palabras, la Fiscalía General se pregunta por qué los fiscales catalanes opinaban una cosa el 9-N y ahora otra. En la Fiscalía de Catalunya eran partidarios de continuar las diligencias y decidir más adelante.
Se trata de una de las mayores crisis abiertas en la Fiscalía General del Estado probablemente en toda la era democrática. Nunca toda una Fiscalía territorial se había opuesto así al fiscal general. Torres-Dulce, al tener conocimiento de la situación -los fiscales de Catalunya eran desde el principio contrarios a iniciar acciones penales contra Mas, y en ello se ratificaron ayer-, dio la orden de que la querella se presentara, y el fiscal jefe de Catalunya, José María Romero de Tejada, le contestó que no podía hacerse. Tejada argumentó que los fiscales de Catalunya lo consideraban totalmente improcedente, y que apelaba a las previsiones del Estatuto del Ministerio Fiscal para resolver la discrepancia.
Estas indicaciones se hallan en el artículo 27 de dicho Estatuto, que prevé que la última palabra corresponde al fiscal general del Estado, "oyendo a la Junta de Fiscales de Sala". Se trata de máximo órgano de la carrera fiscal, presidido por el propio Torres-Dulce, y los máximos representantes de la Fiscalía en todos los órdenes jurisdiccionales.
La postura del fiscal general queda muy clara en el comunicado difundido anoche por la Fiscalía General. Torres-Dulce quiere que se presente la querella y, sin duda, así ocurrirá. La Junta de Fiscales de Sala muy difícilmente sostendrá de forma mayoritaria un criterio contrario al del fiscal general. Puede ocurrir, no obstante, que la postura de los fiscales catalanes tenga algún apoyo.
La Fiscalía General siempre estuvo a favor de presentar la querella, y además no sólo por desobediencia, sino por varios delitos. Se manejó la hipótesis de que la iniciativa incluyera los supuestos de malversación de fondos públicos y prevaricación. El fiscal general expondrá su tesis definitiva en la Junta de Fiscales de Sala que tendrá lugar mañana. Pero con toda probabilidad no se limitará al delito de desobediencia ni irá dirigida sólo contra el presidente de la Generalitat y contra la vicepresidenta, Joana Ortega. La Fiscalía General creía que las responsabilidades penales incluían a la consellera de Ensenyament, Irene Rigau, porque gran parte de las votaciones se efectuaron en institutos y colegios públicos, y no cabe descartar a priori que la querella incluya también a otros consellers, como el de Interior, Ramon Espadaler.
La crisis de la Fiscalía ha suscitado una gran preocupación en el Gobierno. Se trata de una grieta muy importante en lo que el Ejecutivo considera el normal funcionamiento del Estado de derecho, no menor que la que se habría producido si el Tribunal Constitucional (TC) hubiera desestimado los recursos del Gobierno contra la ley de Consultas y el decreto de convocatoria del 9-N y la posterior consulta alternativa. Con la agravante de que la Fiscalía es un órgano jerárquico, en el que muy raramente se produce este tipo de choques, y menos en torno a un asunto que el propio fiscal general y el Gobierno consideran una cuestión de Estado.
La Fiscalía General corre ahora otro gran riesgo si, como todo indica, presenta finalmente la querella, y es que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) la inadmita, lo cual no puede descartarse en absoluto.
De hecho, los fiscales catalanes no han querido secundar la iniciativa precisamente porque creen que carece de fundamento jurídico y será rechazada. La Fiscalía, en todo caso, tendrá que fijar una posición, incluso en el supuesto de que la querella acabe por no presentarse o sea inadmitida. Y es que ayer llegaron al TSJC las doce primeras denuncias presentadas en varios juzgados de Catalunya. El fiscal tendrá que informar sobre esas denuncias. El comunicado de la Fiscalía General así lo recoge, al recordar que los fiscales de Catalunya expresaron su parecer el 9-N "en las diferentes denuncias ciudadanas a favor de la admisión a trámite de todas ellas por entender que existían indicios racionales de delito". En otras palabras, la Fiscalía General se pregunta por qué los fiscales catalanes opinaban una cosa el 9-N y ahora otra. En la Fiscalía de Catalunya eran partidarios de continuar las diligencias y decidir más adelante.
La Fiscalía de Catalunya acatará la orden que le dé Torres-Dulce
Por su parte, la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de
Catalunya (TSJC) acatará la orden que le dé el fiscal general del Estado
si finalmente decide querellarse contra el president. La Fiscalía
General del Estado -que abordará la querella el miércoles- no se plantea
por el momento medidas disciplinarias contra los fiscales catalanes
por posicionarse en contra de una querella, aunque estas medidas
podrían darse en caso de desobedecerse una orden que pueda darse a
partir de ahora, han señalado fuentes fiscales.
Por otra parte, fuentes judiciales han explicado que la Fiscalía del
TSJC no se pronunciará sobre si cree conveniente admitir a trámite las
denuncias que varios particulares presentaron el 9N contra Mas, al
considerar los fiscales deben esperar para dar su opinión a que el mismo
tribunal decide si admite o no su propia querella.
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