Por fin tenemos los Presupuestos Generales del Estado para el 2012.
Hemos tenido que esperar a la resolución de las elecciones andaluzas,
pero ya están aquí. Al Gobierno se le ha llenado la boca con la palabra
austeridad, pero mirando a los Presupuestos en detalle es fácil concluir
que eso no es más que un espejismo. ¿Por qué digo eso? Porque los
gastos no financieros (es decir, aquellos que no incluyen la compraventa
de los activos como los pasivos financieros) suben un 2% sobre los
Presupuestos de 2011 y sólo cae un 1% respecto al gasto ejecutado en ese
mismo año.
¿Cómo llegamos a este 2%? Los gastos corrientes, que incluyen
personal, gastos en bienes y servicios, intereses y transferencias
corrientes suben un 6% sobre el presupuesto de 2011. Sí, han leído bien,
un 6% cuando nuestra prima de riesgo está donde está y después de que
hayamos reconocido un déficit de más del 8% para el total de las
Administraciones Públicas para el año 2011. Es verdad que el gasto en
intereses sube un 5% y está fuera de nuestro control, pero con la que
está cayendo, el Gobierno debería haber compensado con recortes en las
otras partidas (personal y transferencias aumentan y sólo gastos en
bienes y servicios bajan).
Habría sido doloroso y políticamente costoso, pero, en mi opinión, y
si queremos evitar una intervención no hay más remedio. El Ejecutivo
podría defenderse diciendo que los gastos en bienes y servicios bajan un
4%. Pero desde 2008 en esta partida se ha ejecutado, en media,
alrededor del 20% por encima del presupuesto.
Todo el ajuste, de nuevo, se hace, a través de inversión que baja un
36% —se rebaja al 32% incluyendo el fondo de contingencia— que es la
partida que más sufre el recorte. Esto quiere decir peores carreteras,
aeropuertos y laboratorios de investigación... Aunque doloroso, este
recorte es necesario. El problema es que sólo puede ser pasajero. No
podemos recortar la inversión pública de forma indefinida. El problema
de nuestras finanzas públicas no se puede solucionar con un recorte
temporal de la inversión. El problema es estructural. Dada nuestra
presión fiscal gastamos demasiado y de forma continuada.
Podemos aumentar la presión fiscal; pero si no lo hacemos, tenemos
que bajar nuestro gasto de forma permanente. Estos presupuestos no lo
hacen. Las partidas que forman el núcleo de gasto permanente y que están
bajo el control del Ejecutivo son personal, gasto corriente y
transferencias corrientes. Esas, como en el pasado lo hicieron bajo
Aznar o Zapatero, sobreviven casi intactas el recorte.
¿Qué quiere decir todo esto? Primero, que no hay ajuste; los
Presupuestos suben un 2%. Segundo, este ajuste es sólo de corto plazo,
ajustando partidas que deberán volver a sus niveles normales si no
queremos que nuestras infraestructuras dejen de ser tales en poco
tiempo. Tercero, las partidas que debieran afectar a la sostenibilidad
de las cuentas públicas a largo plazo, que es lo que realmente
necesitamos, como gastos de personal y transferencias corrientes, no se
tocan. Cuarto, los resultados electorales en Andalucía han afectado a
los Presupuestos. Y quinto, si el Banco Central Europeo quiere que
dejemos de ser un problema para el futuro del euro, debería parar de
comprar nuestra deuda y, así, obligar al Ejecutivo a realizar el ajuste
que necesitamos.
Juan Rubio-Ramírez es catedrático de Economía en la Universidad de Duke e investigador de Fedea.
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