La policía española usó de manera excesiva la fuerza contra manifestantes en Cataluña durante un controvertido referéndum, utilizando porras para golpear a personas que se resistían pasivamente y causando múltiples heridas.
(Londres) - La policía española usó
de manera excesiva la fuerza contra manifestantes en Cataluña durante
un controvertido referéndum, utilizando porras para golpear a personas
que se resistían pasivamente y causando múltiples heridas, dijo hoy
Human Rights Watch. Human Rights Watch recibió muchas acusaciones de un
uso injustificado de la fuerza por parte de la policía el 1 de octubre
de 2017 y llevó a cabo investigaciones in situ después de la votación
para documentar incidentes específicos.
Human Rights Watch habló con
víctimas y testigos y revisó pruebas fotográficas y médicas, así como
imágenes de vídeo, de la ciudad de Girona y dos municipios de las
provincias de Girona y Barcelona. Human Rights Watch encontró que la
Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía hicieron en ocasiones un
uso excesivo de la fuerza en los tres lugares el 1 de octubre, conforme
trataban de ejecutar órdenes judiciales para impedir la votación.
“Nuestra detallada investigación de
tres casos encontró que los agentes de la Policía Nacional y de la
Guardia Civil utilizaron la fuerza de manera excesiva el 1 de octubre en
Cataluña”, dijo Kartik Raj,
investigador de Europa Occidental de Human Rights Watch. “Puede que la
policía tuviera a la ley de su parte para ejecutar una orden judicial,
pero eso no le daba derecho para usar la violencia contra manifestantes
pacíficos”.
A pesar de ser declarado
inconstitucional por el Tribunal Constitucional de España, el referéndum
de Cataluña se celebró el 1 de octubre. En toda la región, las dos
fuerzas policiales enviadas por el gobierno central, junto con los
Mossos d’Esquadra, la policía autonómica de Cataluña, trataron de
ejecutar una orden judicial para impedir la celebración del referéndum,
pero que también les obligaba a garantizar “la convivencia
constitucional”. Se enfrentaron en gran medida a manifestantes
pacíficos, aunque hubo incidentes en los que algunos respondieron a las
fuerzas nacionales con violencia.
Cientos de manifestantes resultaron heridos, algunos de gravedad. El 2 de octubre el Departamento de Salud de Cataluña estimó que 893 personas habían reportado lesiones a las autoridades. El Ministerio del Interior de España
dijo el 1 de octubre que 19 policías nacionales y 14 guardias civiles
habían requerido atención médica inmediata y que fueron “innumerables
los agentes” que habían sido heridos.
Tras el referéndum, Human Rights
Watch documentó el uso excesivo de la fuerza contra manifestantes
pacíficos por parte de la Guardia Civil o la policía nacional en una
escuela primaria de Girona que estaba siendo usada como centro de
votación, y en los municipios de Aiguaviva (provincia de Girona) y
Fonollosa (provincia de Barcelona). Human Rights Watch recibió otras
denuncias y presuntas pruebas de malos tratos policiales, que no ha
podido verificar o examinar en detalle, además de varios casos de
agresiones contra agentes de policía por parte de algunos manifestantes.
Las imágenes y fotos publicadas por
los medios de comunicación y las que aparecieron colgadas en las redes
sociales y que fueron revisadas por Human Rights Watch parecen mostrar
muchos otros casos de uso manifiestamente desproporcionado de la fuerza
contra personas reunidas pacíficamente en los centros electorales y
alrededor de los mismos, expresando su opinión política y, en algunos
casos, recurriendo a la resistencia pasiva para obstruir a la policía.
El gobierno español ha insistido
en que los agentes del orden actuaron “prudente, apropiada y
proporcionadamente, con el objetivo de asegurar el cumplimiento de la
ley y la protección de los derechos de todos los ciudadanos”, y añadió
que las actuaciones policiales “no estuvieron dirigidas contra los
ciudadanos y sus ideas”. Sin embargo, el 6 de octubre, el delegado del
Gobierno en Cataluña expresó pesar y pidió disculpas por las cargas policiales durante una entrevista televisada.
El Gobierno español tiene la obligación de garantizar una investigación efectiva sobre las denuncias del uso excesivo de la fuerza, incluidos los graves incidentes documentados por Human Rights Watch. Dada la tensión actual entre las autoridades centrales y regionales y las preguntas complejas de jurisdicción, España debería considerar solicitar la asistencia de un organismo internacional independiente, dijo Human Rights Watch. Hasta el 8 de octubre, 23 juzgados de Cataluña estaban examinando denuncias por mala conducta policial, uno de los cuales investigaba denuncias presentadas por 36 personas en relación a 17 lugares en Barcelona.
En Girona (población 98.255), Human
Rights Watch entrevistó a 37 personas que habían sufrido o sido
testigos de la violencia policial, 15 de las cuales mostraron evidencias
de lesiones que, dijeron, fueron provocadas por los malos tratos de la
policía. Testigos en el centro de votación del Col·legi Verd en la calle
Joan Maragall dijeron a Human Rights Watch que poco después de las 9 de
la mañana del 1 de octubre, la policía nacional utilizó porras y escudos
para cargar repetidas veces contra un cordón humano unido por los
brazos para evitar que entraran por la puerta del colegio, golpeando a
los manifestantes en las cabezas, los brazos, las piernas y los torsos.
La policía no avisó antes de cargar y disparó balas de salva al aire,
asustando a los niños que estaban allí presentes.
Las imágenes en
video y pruebas revisadas por Human Rights Watch corroboran las
declaraciones de los testigos de que una vez dentro del recinto escolar,
agentes de la policía nacional golpearon a numerosas personas con
porras, provocándoles moratones. Uno de los padres que denunció haber
sido golpeado era un policía de los Mossos fuera de servicio, y otro
herido era un bombero igualmente fuera de servicio.
También en Girona, en el centro de
votación de Sant Narcís, Xevi Gil Rosdevall, un bombero uniformado de 47
años, dijo que una porra de la policía le rompió un brazo. Gil
Rosdevall mostró un video sobre el incidente a Human Rights Watch que
parecía confirmar que no presentaba ninguna amenaza a la policía.
En Aiguaviva (población 763),
Human Rights Watch habló con varios residentes que experimentaron,
presenciaron o filmaron casos de violencia policial el 1 de octubre.
Aproximadamente a las 3:45 de la tarde, unos 50 policías nacionales
entraron en el pueblo donde una multitud de entre 70 y 100 personas
estaba reunida comiendo en la plaza del ayuntamiento donde había un
colegio electoral.
Un residente, Jaume Mas, un
ingeniero técnico de 52 años, dijo que le pidió repetidamente a la
policía una copia de la orden judicial autorizando su entrada. Él dice
que a modo de respuesta comenzaron a golpear a la muchedumbre con sus
porras. Human Rights Watch vio videos y fotos mostrando a un agente de
la policía nacional usando un spray irritante cerca de Mas y otros,
cuando no presentaban ningún peligro inminente.
Un hombre de 38 años que por temor a
represalias sólo quiso ser identificado como “Ramón” dijo a Human
Rights Watch que fue golpeado por la policía el 1 de octubre mientras
filmaba la incautación de urnas en Aiguaviva. Las imágenes muestran a un
policía golpeando el brazo que sostiene la cámara dos veces. Las
imágenes posteriores muestran cómo la policía saca a Ramón a empujones
del ayuntamiento y cómo éste aterriza 4 o 5 metros más lejos en el
empedrado de la plaza del pueblo. El incidente tuvo lugar después de que
la policía hubiera retirado la urna y las papeletas de votación. Ramón
dijo que le causaron contusiones e hinchazón en el torso derecho,
cuello, pierna izquierda, mano izquierda y garganta, y mostró a Human
Rights Watch su parte médico y algunas de sus lesiones.
En Fonollosa (población 1.401),
Human Rights Watch entrevistó a seis residentes, entre ellos el
alcalde. Tres de ellos dijeron encontrarse entre los heridos por la
policía el 1 de octubre. Los vecinos dijeron que habían levantado pacas
de paja decoradas con flores como una barrera simbólica en la mayor de
las tres mesas electorales en la zona. Estos testigos describieron su
sorpresa ante la llegada a la 1:30 de la tarde de lo que estimaron ser
70 agentes de policía encabezados por guardias civiles, entre ellos
agentes de civil que incautaron las papeletas y las urnas.
Magdalena Clarena, de 70 años, dijo a Human Rights Watch que dos
guardias civiles la levantaron y arrojaron al suelo después de que ella
se negase a moverse de su silla, que estaba bloqueando el camino a la
mesa de votación. Entonces sintió cómo alguien cayó sobre ella y le
partía la muñeca con el peso. Las imágenes de video muestran a Clarena
siendo arrojada al suelo y cómo Jordi Puig de Llivol, un técnico de un
taller de servicio del automóvil de 31 años, es lanzado encima de ella.
Un mecánico de 42 años que pidió
ser identificado sólo como “Francesc” denunció haber sido llevado por
cuatro guardias, arrastrado a través de la plaza, arrojado al suelo y
retenido a la fuerza, y recibir golpes y patadas en la cabeza, a pesar
de no estar bloqueando su entrada a la sala. Human Rights Watch ha visto
sus lesiones e imágenes grabadas desde múltiples ángulos, así como sus
informes médicos que corroboran sus testimonios.
https://www.hrw.org/es/news/2017/10/12/espana-la-policia-utilizo-la-fuerza-de-manera-excesiva-en-cataluna
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