"De relato en relato"
La realidad del
conflicto catalán es mucho más seria, más profunda y de más severas
consecuencias que las recientes decisiones y dichos gubernamentales
27.06.2021. - eldiario.es. G. Boye - @boye_g
Abogado de Carles Puigdemont, Meritxell Serret y Toni Comín.
(El artículo repite a menudo la palabra relato como eje del discurso. El subrayado de esta palabra, y los fosforitos son míos. Cuca de Llum)
Algunos, que llevan años viviendo instalados en una
concatenación de relatos, ahora han comenzado a sembrar uno nuevo: la
sentencia del procés está tocada de muerte en Europa por los indultos
concedidos y las declaraciones realizadas por miembros del Ejecutivo de
Pedro Sánchez. Tal cual ha ocurrido en los últimos casi cuatro años, tal
afirmación no pasa de ser un relato mediante el cual se trata de
adaptar la realidad a unos concretos intereses que distan mucho de ser
los encomendados constitucionalmente hablando.
No, la sentencia del procés y el procedimiento penal del que
trae su origen no están tocados de muerte ni por los indultos ni por las
declaraciones que, como corresponde a todo actor político, han
concedido y realizado desde el Gobierno de Pedro Sánchez. Tanto el
procedimiento como la sentencia estaban ya tocados de muerte mucho antes
y ahora lo que se pretende no es más que trasladar las culpas propias a
un nuevo enemigo bien determinado que estaría encarnado por el actual
Gobierno de España.
La realidad, que siempre ha distado mucho de los distintos
relatos con los cuales se han ido creando, difundiendo y modulando a lo
largo de los años de politización del conflicto catalán, es mucho más
seria, más profunda y de más severas consecuencias que las recientes
decisiones y dichos gubernamentales.
La sentencia del procés, desde una perspectiva europea y de
interpretación democrática del derecho, nació muerta, porque todo el
procedimiento se ha asentado en bases incompatibles con los pilares
fundamentales del derecho de la Unión entre los que destacan aquellos
contenidos en el Título I del Tratado de la Unión y, también, a lo largo
del articulado de la Carta Europea de los Derechos Fundamentales y del
Convenio Europeo de Derechos Humanos.
La concatenación de relatos surgidos para mantener vigente una
visión de la realidad que, como digo, es incompatible con el derecho de
la Unión ha sido extensa y muy variopinta, pero una somera revisión de
esa ya dilatada lista nos permite asumir que, una vez más, estamos en
presencia de un relato que solo pretende confundir a la gente y negar la
mayor: el procedimiento al procés nunca sobreviviría a la
internacionalización del mismo tal cual venimos demostrando desde el 3
de noviembre de 2017. Vamos por partes.
Cuando un grupo relevante de miembros del Govern del president Puigdemont marchó al exilio en octubre de 2017, el primero de los relatos fue bifocal: no era posible tomarles declaración por videoconferencia y Bélgica les entregaría a España en menos de 30 días. Ya el 5 de noviembre, cuando todos ellos quedaron en libertad en Bruselas, el relato comenzó a hacer aguas. En paralelo, se había enviado a prisión al resto de dicho Govern.
El 5 de diciembre de 2017, cuando el juez Llarena, en lo que no
fue otra cosa que una honda preocupación por el resultado de la primera
euroorden europea de detención y entrega (OEDE), la retiró, se instaló
el segundo de los relatos: es un gran estratega que está construyendo el
procedimiento para asegurarse la entrega. Otro tanto se dijo en enero
de 2018, cuando el mismo Llarena se negó a cursar una OEDE, en este caso
a Dinamarca.
En marzo de 2018, después de dictado el auto de procesamiento y
tras la detención de Puigdemont en Alemania –en base a una segunda OEDE
por los mismos hechos–, el relato que se construyó fue que Alemania
marcaba el camino de regreso de "los fugados". Ese relato duró 12 días,
los que estuvo en prisión, y se transformó en una serie de reproches y
menosprecios hacia una justicia y un tribunal que fue el que primero
dictaminó la verdadera enfermedad del procedimiento que se seguía en el
Tribunal Supremo.
El 16 de mayo de 2018, la Justicia belga se negó a tramitar la
segunda OEDE en contra de los políticos catalanes por venir mal
formulada, al carecer de una orden nacional de detención que la
sustentase, y surgió un nuevo relato que se decantaba por que los belgas
nos tienen manía y han convertido a su país en un refugio de
terroristas y delincuentes. Nadie quiso admitir que el fallo radicaba en
el Supremo y no en Bélgica.
En julio de 2018, después de que el Tribunal Superior de
Schleswig-Holstein dictara sentencia en la OEDE cursada en contra de
Puigdemont, todo fueron ataques, una vez más, a la Justicia alemana y se
gestaron una serie de relatos entre los que se establecía que los
jueces alemanes se habían excedido en sus funciones y que el juez
Llarena cursaría una prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión
Europea (TJUE) para que les pusiese en su lugar. Una vez más, solo
fueron relatos pero que permitieron ocultar un hecho esencial: Alemania
había terminado por emitir el parte de defunción del procedimiento que
se seguía en España y ello en base a una serie de elementos que,
primero, tuvo muy en consideración el Grupo de Trabajo de Detenciones
Arbitrarias de Naciones Unidas y, recientemente, la Asamblea
Parlamentaria del Consejo de Europa.
En ese proceso de concatenación de relatos tampoco podemos
olvidar la serie construida a partir de la elección de Puigdemont, Comín
y Ponsatí como miembros del Parlamento Europeo; entre ellos destaco
aquel que decía que la condición de eurodiputado se adquiría mediante el
juramento ante la Junta Electoral en Madrid. Este relato duró hasta el
20 de diciembre de 2019, fecha en que el Tribunal General de la Unión
Europea (TGUE) dictaminó lo contrario y su criterio fue asumido por el
Parlamento Europeo, al que se incorporaron el 13 de enero de 2020 con
efectos a junio de 2019.
Por sorprendente que parezca, tal planteamiento sobre el momento de la adquisición de la condición de eurodiputados sigue sosteniéndola, ya casi en solitario, la Sala Tercera del Supremo, que es la misma que tendrá que resolver los recursos interpuestos por la derecha en contra de los indultos.
Pero como la cosa de los relatos nunca resulta suficiente para no reconocer los errores propios, se instaló un nuevo relato según el cual la concesión del suplicatorio les traería de regreso a España; no contaron ni con las dos sentencias de Puig ni con las cautelares acordadas por el TGUE.
Finalmente, y ante el varapalo que ha representado el dictamen
de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, que no dice nada
distinto a lo que ya dijo Schleswig-Holstein en julio de 2018 o haya
dicho la Justicia belga o la escocesa, se instala este nuevo relato
según el cual los grandes males que afectan al procedimiento y
sentencias dictadas en el caso del procés son única y exclusivamente
culpa de Pedro Sánchez.
La verdad es muy otra: construir contra viento y marea un
proceso y una sentencia que no encaja en un derecho, el europeo, que es
tan propio como el que surge de las Cortes, no solo es un error, sino un
empecinamiento que más temprano que tarde llegaría a este punto.
Los indultos no han dado el certificado de defunción a la
sentencia del procés, eso ya se consiguió en 2018 –fue en
Schleswig-Holstein– solo que, de relato en relato, nunca se ha tenido la
honradez intelectual de asumir el error propio y siempre se ha
trasladado la culpa a un tercero. Esta vez le toca a Pedro Sánchez que,
en definitiva, parece que se ha convertido en caza mayor porque siempre
se vive mejor contra un enemigo que contra los fantasmas propios.
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