La Organización para la Seguridad y Cooperación Europea (OSCE), ha emitido un durísimo informe, fechado en 2012 y silenciado por la práctica totalidad de los medios de comunicación españoles, en el que denuncia que el “sistema” que sustenta al actual régimen español bloquea el acceso a la política de los ciudadanos y de la sociedad civil para crear sus propias candidaturas, algo que le ocurre también a los nuevos partidos. Además, enriquece a los actuales políticos mediante subvenciones que van más allá del pago de las papeletas, censura hasta las cuentas de Twitter y no respeta ni la igualdad ni el secreto del voto. La podredumbre de este “sistema” llega a tal punto que el órgano encargado de fiscalizar la contabilidad de los partidos (Tribunal de Cuentas) envía sus informes a éstos antes de ser publicados para que puedan reformarlos y la Junta Electoral Central debate las denuncias electorales de forma secreta. También lamenta que los 6,5 millones de ciudadanos que han participado en manifestaciones de protesta ni sean escuchados ni estén representados y que el voto blanco y nulo, que alcanza niveles en España sin parangón en el mundo, no genere escaños vacíos.
El régimen
español, conocido en Europa como Monarquía de partidos o
“partitocracia”, es penoso y lamentable, según la descripción que de él
hace la OSCE: “no se respeta plenamente la igualdad de voto”, “la financiación de las campañas electorales” por parte de los partidos no es “transparente”, no se promueve una mayor participación de la mujery se impide siempre que se puede el “pleno acceso” de observadores independientes “a todas las fases del proceso electoral”, desde el secreto del voto hasta su cómputo.
Los ciudadanos españoles agudizan el ingenio para protestar
Los políticos españoles, sobre todo de PP y PSOE, que se han turnado durante casi 40 años, han ideado un sistema según el cual el
voto en las provincias pequeñas, donde pueden dominar mejor sus
intereses con prácticas caciquiles, vale hasta 3 veces más que en las
grandes ciudades, lo que produce una adulteración tan profunda
que de ahí procede la drástica negativa a introducir distritos
electorales uninominales más pequeños que favorezcan la elección
directa: si cada voto valiese igual, los ciudadanos echarían
prácticamente a todos los políticos profesionales y entraría savia nueva
en la representación, algo que temen con verdadero pánico.
La OSCE pone el dedo en la llaga en su informe sobre España:“el sistema electoral favorece a los partidos más grandes” y
llega a la aberración de dejar fuera a los ciudadanos que participaron
en las manifestaciones derivadas del 15-M. La OSCE afirma que “se estimó en 6,5 millones el número de personas que participaron en las protestas”, pero incluso se cambió la ley electoral en el año anterior a los comicios de 2011, algo expresamente prohibido por la OSCE, que
no admite modificaciones en las reglas de juego a tan corto espacio de
tiempo de la apertura de las urnas. También reclama que las reuniones de
la Junta Electoral Central sean públicas, con presencia de observadores y prensa, pues hasta ahora son secretas.
Los políticos han ideado un sistema para enriquecerse e impedir el acceso ciudadano a las candidaturas
La OSCE también
aprecia que la actual partitocracia discrimina a las asociaciones de
ciudadanos y a los partidos sin representación parlamentaria si desean
presentarse a las elecciones, exigiendo a los candidatos más requisitos,
trabas y firmas que a los viejos partidos. Por eso pide “establecer
condiciones de igualdad para la nominación de los candidatos de los
partidos no parlamentarios y grupos de ciudadanos”.
La OSCE dibuja un régimen podrido en España: ni voto secreto ni igualdad
Este organismo
recuerda que organizaciones relacionadas con el movimiento 15-M pusieron
en marcha un proyecto denominado “Doriyakitu”, pidiendo a los votantes
que denunciasen en las propias mesas electorales las anomalías del
sistema español. Las 3 quejas que recuerda la OSCE aluden a la imposibilidad de votar a listas prohibidas “por no haber recogido los avales exigidos mediante
la inconstitucional ley electoral vigente, que vulnera el pluralismo
político restringiendo los derechos de sufragio pasivo y, en
consecuencia, también el sufragio activo, ya que no permite votar lo que
realmente se quiere”, según “Doriyakitu”.
El voto blanco en España es porcentualmente el más alto del mundo
El sistema tampoco acepta “el voto blanco, la abstención y el voto nulo”, pues desprecia estas opciones a la hora del reparto de actas. Además se produce sin igualdad pues “los votos de los ciudadanos no tienen el mismo valor a la hora de atribuir escaños” ya que “vulnera el derecho a la igualdad entre las personas, y entre los votos de dichas personas”. La OSCE sugiere que “los
votos en blanco (que se cuentan como válidos), en realidad deberían
asignar escaños en el Parlamento, y dichos asientos deberían permanecer
vacíos”. Y recuerda que el partido político “Escaños en Blanco” se registró en 21 distritos electorales.
Coches oficiales con subvenciones
Este organismo internacional desvela que la situación española es tan anómala democráticamente que “algunos
partidos políticos comparten con la OSCE la opinión de que el nivel de
las subvenciones es demasiado generoso y debería reducirse”. Además, según ellos, estas transferencias de dinero público solo deben cubrir “los costos de impresión de las papeletas y no deben ser utilizadas para el reembolso de otros gastos”, como ocurre ahora, pues se pagan las sedes, sueldos políticos, gastos de funcionamiento, campañas electorales, seguridad, etc…
OSCE ridiculiza al régimen por censurar Twitter
La OSCE también reprocha en su informe “que se hayan cerrado cuentas en Twitter durante la campaña electoral porque se parodiaba a candidatos” así como “la censura en la publicación de encuestas cinco días antes de los comicios”, algo “anticuado en la era de internet”. También demanda la presencia de “observadores internacionales” en las votaciones. “La
ley electoral no garantiza plenamente el respeto al secreto del voto,
un principio fundamental para unas elecciones democráticas. Las
autoridades deben considerar medidas para mejorar aún más el secreto de
la votación”.
Los órganos
reguladores están copados en España por los partidos y el Tribunal de
Cuentas le pasa sus informes a los políticos fiscalizados
Las trampas de los partidos políticos han sido descubiertas por la OSCE en su informe: el Tribunal de Cuentas, que fiscaliza los gastos electorales, es una costosa pantomima porque solo aprueba la contabilidad después de que ésta pase de nuevo a los propios partidos del Parlamento (y
además los miembros del Tribunal de Cuentas son en su mayor parte
políticos en activo elegidos por los partidos). Pero además de
adulteradas, las cuentas se publican “con significativo retraso”, según la OSCE, logrando evitar así su actualidad informativa.
Y aunque la OSCE
recuerda que España está obligada a cumplir estas exigencias “con
prontitud” y la Oficina para las Instituciones Democráticas y Derechos
Humanos le transmitió al Gobierno que “estaba lista para ayudar a
aplicar estas recomendaciones”, la respuesta del ejecutivo español fue no aceptar críticas ni recomendación alguna. Aunque
la mayor parte de la prensa española no informa de estas condenas
internacionales, lo cierto es que la OSCE tiene ya a España como un país
con serias deficiencias democráticas.
Prácticamente
todos los ministros han sido denunciados por abusos en el ejercicio de
su cargo. Ninguno ha dimitido ni ha podido ser revocado
Muy
pocos países del mundo han dado lugar a que se emitan en un mes dos
notas públicas de condena, como ha ocurrido en septiembre de 2013, pero
es que además en 2012 ya se advirtió que las elecciones en España poseen
graves deficiencias y otra de ellas particularmente grave: la OSCE recuerda a los políticos españoles del actual régimen que “el mandato de los funcionarios electos debe incluir la posibilidad de revocarse antes de que expire”, pues los políticos han hurtado también a los ciudadanos los mecanismos para ello.
Ingrid Sartiau y Albert Sola reclamaron la paternidad del rey con su ADN. Las leyes impiden en España siquiera investigarla.
Y es que los cargos públicos españoles han ideado un sistema según el cual los
ciudadanos no pueden retirarles el apoyo en caso de corrupción,
malversación de fondos o incluso asesinato, como ocurre con la
“inviolabilidad” del Jefe del Estado, al que han hecho creer “intocable”
desde el punto de vista legal hasta en los casos de denuncia
de hijos consanguíneos por paternidad manifiesta, como ha ocurrido
recientemente con el rey Juan Carlos.
Pérez de los Cobos, presidente del Constitucional, ocultó con obscenidad su militancia en el PP.
Este moderno “derecho de pernada”, que impide incluso a los jueces investigarlo, alcanza también a los fueros especiales de los diputados en el Tribunal Supremo (con una Sala II, especial para juzgarlos a ellos) y en los tribunales autonómicos (Tribunales Superiores de Justicia). Estos jueces son designados por las cúpulas de los partidos políticos sin más méritos que la militancia, simpatía, amistad o connivencia, como ha ocurrido recientemente con el presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos o antes con el filosocialista Pascual Sala.
En España son los
partidos políticos los que se reparten el Poder Judicial y la Fiscalía y
muchas veces se cuelan hasta diputados que no son ni jueces ni fiscales
La promiscuidad llega a tal extremo que el
Consejo General del Poder Judicial es designado por los líderes de los
partidos (PP, PSOE, CiU y PNV) mediante un descarado “reparto”, al igual que el Fiscal General del Estado, que se va rotando entre militantes o simpatizantes de PP y PSOE, como han sido Leopoldo
Torres (PSOE), Javier Moscoso (PSOE), Conde Pumpido (PSOE), Eligio
Hernández (PSOE), Jesús Cardenal (PP), Carlos Granados (PP) o Torres
Duce (PP). A veces incluso son los propios políticos los que
con descaro se incluyen en órganos judiciales, como el CGPJ, aún no
siendo siquiera jueces, como ocurrió con el caso de los diputados Margarita Uría y Emilio Olabarría (PNV) o Ramón Camp y Mercé Pigem (CiU), entre otros muchos.
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