13 de maig de 2015

La UE ve ilegal el plazo que impone la ley española para recurrir desahucios

Imatge de La Vanguardia.


El abogado general del Tribunal de Justicia de la UE avisa a España de que la recién reformada legislación también incumple el derecho comunitario | 

El dictamen comunitario considera inadecuado que se diera por informados a los afectados de su posibilidad de recurrir por la mera publicación de la l

13/05/2015 -
La ley hipotecaria española sigue sin ser conforme a la directiva europea sobre protección de los consumidores. Es la conclusión a la que ha llegado el abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea tras examinar la reforma aprobada por el gobierno en mayo del 2013, ya que en una disposición transitoria de la ley permitió que no se notificara adecuadamente a las personas afectadas por procesos de desahucio en marcha de su posibilidad de recurrir la ejecución hipotecaria.

El dictamen, que sirve de orientación para la sentencia definitiva que se dictará en unos meses, es especialmente incómodo para el Gobierno español, que acumula media docena de sentencias negativas de la Justicia europea por este asunto. En un momento de gran clamor social contra los desahucios, el gobierno de Mariano Rajoy se vio obligado a reformar su legislación a instancias de una sentencia del Tribunal de Justicia europeo, adonde acabó recurriendo el ciudadano marroquí Mohammed Aziz, vecino de Martorell. La Justicia europea le dio la razón y condenó la ley hipotecaria española por abusiva, ya que no preveía mecanismos para que el afecto por una ejecución hipotecaria pudiera impugnar el proceso ni defenderse debidamente. No acabaron aquí los litigios, porque la justicia europea se ha pronunciado en varias ocasiones más contra los pasos dados por España para ajustar la legislación al derecho comunitario.

De acuerdo con el abogado general del Tribunal, Maciej Spuznar, el plazo de un mes que previo la nueva ley hipotecaria española para recurrir los procesos de desahucio que ya estaban en marcha en ese momento, no se ajustó a la directiva europea de protección de los consumidores. Los afectados, argumenta, no pudieron hacer valer sus derechos e innovar el posible carácter abusivo de las cláusulas contractuales (el avance previsto en la nueva ley) ya que no fueron debidamente informados. La ley preveía que el plazo de un mes empezaba a correr desde el momento de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), un procedimiento que el abogado general de la UE no considera adecuado como notificación en un caso de carácter procesal.

El caso ha llegado hasta Luxemburgo, sede del Tribunal europeo, a raíz de la denuncia de dos ciudadanos españoles que presentaron recursos contra su desahucio, iniciado por el BBVA, el 17 de junio de 2013, poco después de que expirara el plazo previsto en una disposición transitoria de la nueva ley. Este procedimiento "imposibilitó o dificultó en exceso el ejercicio de los derechos conferidos a los consumidores" y generó además “un elevado grado de inseguridad jurídica, inadmisible en el ámbito de la protección de los consumidores”, afirma el abogado general.

El dictamen destaca la importancia vital del asunto en cuestión (“pueden perder irreversiblemente sus bienes inmuebles”) y el su carácter “bastante complejo”, ya que se ha de buscar asesoría profesional para poner en marcha los recursos. De acuerdo con la Comisión Europea, indica la sentencia, puede hacer “cientos de miles” de personas afectadas por este conflicto, un dato que hace aún más clamorosa la inacción de esta institución ante los defectos de la ley hipotecaria española.

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