El Estado francés ha tenido que multarse a sí mismo. Por no
haber alcanzado el mínimo fijado de nuevas incorpora-ciones de mujeres a
los cuadros directivos de la admi-nistración pública, el Ministerio de
Justicia tendrá que pagar 60.000 euros de sanción, y el de Defensa,
120.000. También han sido castigadas tres entidades territoriales, con
240.000 euros.
La llamada ley Sauvadet, de 2012, exige que el 40% de las promociones
al nivel superior de la función pública se reserven a mujeres (o a
hom-bres, si son ellos los que están en minoría, cosa que no se da). En
2013, la proporción fue del 32%, y en 2016 subió al 35%, aún por debajo
de la cuota mandada. El calendario de aplicación progresiva de la ley ya
no concede más gracia, y en un año las administraciones tendrán que
cubrir los cinco puntos que quedan hasta el 40%, o sea, casi el doble de
lo que han ganado en el triple de tiempo. Y la cuantía de la multa por
no cumplir aumentará un 50%.
No es que la administración pública francesa sea un reducto
masculino. El funcio-nariado tiene una amplia mayoría de mujeres: el 62%.
Pero no en el nivel superior. Y ahí la desigualdad no es tanto por el
sexo cuanto por la maternidad.
Los puestos bajos y medios de la administración permiten, en general,
atender bastante bien las obligaciones familiares, mejor que los
empleos de categorías equivalentes en el sector privado. En cambio, los
altos cuadros de la función pública se ven sometidos a jornadas muy
largas y frecuen-tes cambios de destino; ade-más, para llegar arriba hay
que hacer méritos entre los treinta y los cuarenta años. Todo ello deja
en desventaja a las madres (también, aunque no en tan gran medida, a los
padres; pero en el caso de ellos está más aceptado que no logren
conciliar familia y vida laboral).
La socióloga Sophie Pochic, coautora de un libro sobrq e el tema, dice en Le Monde:
“Hay que convertirse en monja o fraile del Estado para aacceder
a las
responsabilidades más altas”. Si lo que se pide, de hecho, es gente sin
familia o con familia descuidada, parece claro que la cuota femenina no
basta porque no ataca la raíz del problema. Mientras la organización del
trabajo no se acomode bien a las necesi-dades de las madres, ni siquie-ra
en la Administración pública y por mandato de la ley se consigue la
igualdad. De hecho, para las madres no hay cuota.
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