La justicia británica también ha bloqueado la indemnización del Prestige, valorada en 1.000 millones.
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España aprobó una serie de incentivos con los que pretendía impulsar la
energía renovable. Las primas surtieron efecto y captaron más de 60.000
millones de euros de inversión extranjera. Sin embargo, entre 2010 y
2014, la crisis de deuda que enfrentó nuestro país motivó diversos
cambios regulatorios y fiscales que dejaron sin efecto el esquema de
ayudas.
Esta decisión motivó decenas de litigios que están siendo dirimidos en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI).
Esta institución pertenece al Banco Mundial y canaliza alrededor del
70% de los arbitrajes internacionales. En el caso que nos ocupa, es
importante recordar que España es uòn país firmante del Tratado de la
Carta de la Energía, de modo que las disputas en esta materia se elevan
al CIADI.
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afectados han presentado un total de 52 querellas. De los 33 que ya han
sido resueltos, solo 6 se han saldado en contra de los denunciantes.
Además, puesto que los fundamentos de derecho son muy similares, se
espera que el saldo final de todos los arbitrajes arroje un 90% de
victorias para las compañías que han llevado a nuestro país ante el
CIADI.
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Puesto que el gobierno de Pedro Sánchez se ha negado a responder ante
estas obligaciones, las empresas e inversores afectados han empezado a
mover ficha, invocando la confiscación de activos del Reino de España
como medida de protección. De momento, el proceso de rastreo de activos ha resultado en el embargo de cuatro bienes: (1) la indemnización de 1.000 millones de euros por la catástrofe del barco Prestige, (2) la sede del Instituto Cervantes en Londres,
(3) una cuenta bancaria de dicha entidad y (4) una oficina de promoción
exterior de Cataluña radicada también en pleno corazón de la capital
inglesa.
¿A
cuánto puede llegar la factura final? La Autoridad Independiente de
Responsabilidad Fiscal ha considerado esta cuestión en su último informe
de presupuestos y ha elevado la cifra a 1.175 millones de euros. El
fragmento del documento que aborda lo cuestión reza lo siguiente:
"Existen otros riesgos fiscales sin origen macroeconómico,
principalmente relacionados con la ejecución de sentencias (…). Sigue
abierto el litigio de las energías renovables. En este sentido, aunque
el gobierno considera improbable tener que indemnizar a las empresas
demandantes, el importe de los laudos desfavorables asciende a 1.175 millones, por lo que es un riesgo que sigue vivo y que puede afectar a las cuentas de los próximos ejercicios".
La
propia AIREF reconoce que el gobierno de Sánchez confía en su capacidad
de vulnerar la obligación de responder ante las empresas e inversores
afectados. No obstante, los embargos de activos que se han conocido en
los últimos meses ponen de manifiesto que las compañías denunciantes
pueden obtener esos 1.175 millones por la vía de incautar activos de
España en el extranjero, en vez de recibiendo un pago ordinario, como
sería normal.
Sin
embargo, las estimaciones de la AIREF se pueden quedar cortas, puesto
que hay 19 laudos pendientes de resolución y, en caso de que el CIADI
siga aplicando el criterio observado en los 33 laudos que ya se han
resuelto, cabe esperar que el monto final se eleve de 1.175 a 2.000 millones.
De ensancharse la lista de obligaciones, también podrían ir a más los
embargos, en caso de que el gobierno insista en vulnerar los derechos de
los denunciantes.
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