Sindicatos, organizaciones medioambientales y
colectivos religiosos convocan manifestaciones en Berlín y otras seis
ciudades germanas en contra de ambos tratados.
17.09.2016
Un informe del CEO al que 'Público' ha tenido acceso
en primicia alerta de los peligros del mecanismo de protección de
inversores en el CETA, y recuerda los resultados de otros acuerdos de
libre comercio anteriores, que teóricamente también iban a resultar
positivos.
ALEJANDRO LÓPEZ DE MIGUEL @Alopezdemiguel
MADRID.-
Bruselas no desperdicia ninguna ocasión para presumir de su flamante
ICS, el mecanismo de blindaje de las multinacionales que incorporan los
tratados de libre comercio que negocia con Washington y Toronto, TTIP y CETA. Pero,
al igual que su antecesor, el ICS permitirá a las empresas demandar a
estados por cifras millonarias ante tribunales de arbitraje cuando
consideren que sus inversiones se han visto perjudicadas por cambios
normativos ejecutados por estos estados.
Un estudio elaborado por el Observatorio Corporativo Europeo (CEO) al que Público ha tenido acceso en primicia en España desmonta el nuevo mecanismo vendido por el Ejecutivo comunitario, e insiste en que no es necesario crear “un régimen jurídico especial para proteger a los inversores extranjeros”.
“Las multinacionales de hoy en día se encuentran entre las más
prósperas y sofisticadas del mundo, y disponen de capacidad para evaluar
los posibles riesgos y la rentabilidad que cabe esperar en función de
estos. Y en caso de que los riesgos sean demasiado grandes, esas
multinacionales ya disfrutan de otras opciones, como los tribunales
ordinarios, los seguros privados y los mecanismos públicos de garantía
de inversiones”, reza el documento.
“En todo el mundo, los inversores han
impugnado leyes que protegen la salud pública, como leyes antitabaco o
prohibiciones sobre el uso de productos tóxicos”, recuerdan
La democracia en venta, Cómo las normas de
protección de las inversiones en el Ceta podrían generar un auge de
demandas de inversores contra Canadá y la UE, elaborado por el CEO,
Transnational Institute, Amigos de la Tierra Europa y otras
organizaciones civiles advierte también de que el ICS “puede impedir que los Gobiernos actúen en el interés público” .
“En todo el mundo, los inversores han impugnado leyes que protegen la
salud pública, como leyes antitabaco o prohibiciones sobre el uso de
productos tóxicos”, recuerdan.
Grosso modo, estas son seis de las claves del blindaje de las multinacionales en el Comprehensive Trade and Economic Agreement (CETA, en inglés), aunque Bruselas tienda a olvidarlas.
-Ni realmente son tribunales ni las decisiones las toman árbitros: La Comisión Europea esgrime a su favor que el Investor Court System (ICS), el nuevo mecanismo que incorpora el CETA, permite la posibilidad de apelar,
y recuerda que han modificado al alza los criterios básicos para
escoger a los árbitros. Sin embargo, éstos no cuentan con un sueldo
fijo, por lo que cobran en función del número de casos en los que
participen, “y muestran una clara tendencia a interpretar la ley en favor de los emisores”,
según el CEO. “Aunque la Comisión Europea asegura que estos tribunales
son ‘públicos’, la mayor asociación de jueces y fiscales de Alemania
apunta que ni el procedimiento propuesto para designar a los integrantes
del ICS ni su posición cumplen con los requisitos internacionales
mínimos de independencia de los tribunales, y que el ICS no es un
tribunal internacional, sino más bien un tribunal de arbitraje
permanente”, afirma.
-El ICS tiene nuevos peligros.
Incorpora una cláusula que protege las “expectativas legítimas” de los
inversores mediante lo que se conoce como “trato justo y equitativo”
-similar a la del TiSA-. “El CETA podría tipificar una interpretación
muy amplia de esta cláusula, que otorgaría a los inversores un potente
instrumento para luchar contra cualquier cambio normativo, incluso
aunque este se adopte a la luz de nuevas evidencias o decisiones
democráticas”. “El CETA ampliará de manera significativa el alcance del
arbitraje de inversiones, exponiendo a la UE, sus Estados miembros y
Canadá a unos riesgos de responsabilidad jurídica impredecibles y sin
precedentes”, asegura el informe.
Canadá ha pagado más de 153 millones de euros en concepto de daños a las empresas
-Abre la puerta a nuevas demandas de bancos, aseguradoras y sociedades financieras.
Según el análisis del CEO, los inversores especulativos, respaldados
por abogados especializados en inversiones, recurren cada vez con más
frecuencia al arbitraje de inversiones para demandar a estados que están
atravesando crisis económicas. “Los títulos de inversión de la UE en
Canadá son significativos en el sector financiero y, con el CETA, estos
conseguirían unos derechos de gran calado para iniciar litigios”, reza.
-Sirve de alfombra roja para que las filiales de EEUU en Canadá demanden a empresas europeas.
Aunque la UE excluyese o limitase el mecanismo de blindaje de las
corporaciones, las filiales de multinacionales estadounidenses con sede
en Canadá podrían recurrir a estos tribunales para demandar a los
estados europeos, y el mecanismo permitiría también operar en sentido
contrario a las filiales de EEUU en el Viejo Continente.
-Mayor riesgo medioambiental:
Según el estudio, el acuerdo incrementaría el riesgo de que la UE y los
28 sean demandados por inversores canadienses en sectores como la
minería y la extracción de petróleo y gas. “Algunas compañías mineras
canadienses ya están involucradas en una serie de polémicos proyectos
relacionados con recursos naturales en la UE. Los especialistas en
minería ya están celebrando el CETA como un acuerdo “histórico”, que
tendría “importantes repercusiones para las empresas mineras”, reza el
texto.
Estas empresas recurren con frecuencia a estos tribunales arbitrales, para los que España es ya una habitual. Fue el país más demandado en 2015 según el organismo de la ONU encargado de monitorizar esta actividad
(UNCTAD), y las 15 demandas registradas estaban relacionadas con los
recortes a las renovables y otras medidas energéticas puestas en marcha
por el PP, cuando el denostado José Manuel Soria ostentaba la cartera de
Industria, Energía y Turismo. “La demanda interpuesta por la empresa
canadiense Gabriel Resources contra el Gobierno de Rumanía, que no
aprobó un proyecto de explotación minera de oro en Roşia Montană por la
destrucción ambiental y el desplazamiento de personas que provocaría, da
una buena idea del tipo de demandas que los Estados miembros de la UE
pueden esperar de las compañías canadienses”, sostiene el estudio. De
hecho, a la vista de los documentos filtrados, otros acuerdos como el TiSA o el TTIP avanzan en una dirección bastante similar.
Con estos datos y razonamientos sobre la mesa, las organizaciones que firman el informe piden a la Comisión Europea, al Gobierno canadiense y a los 28 que rechacen el texto del CETA y el mecanismo de blindaje de las corporaciones, “que podría constituir una grave amenaza a las iniciativas de los Gobiernos para proteger a la ciudadanía y el medio ambiente”.
La siguiente cita decisiva para el acuerdo tendrá lugar el 23 de septiembre, cuando los ministros de Comercio de la UE abordarán en una cumbre informal en Bratislava el estado de las conversaciones y las respectivas hojas de ruta del CETA y de su homólogo estadounidense.
Con estos datos y razonamientos sobre la mesa, las organizaciones que firman el informe piden a la Comisión Europea, al Gobierno canadiense y a los 28 que rechacen el texto del CETA y el mecanismo de blindaje de las corporaciones, “que podría constituir una grave amenaza a las iniciativas de los Gobiernos para proteger a la ciudadanía y el medio ambiente”.
La siguiente cita decisiva para el acuerdo tendrá lugar el 23 de septiembre, cuando los ministros de Comercio de la UE abordarán en una cumbre informal en Bratislava el estado de las conversaciones y las respectivas hojas de ruta del CETA y de su homólogo estadounidense.
A diferencia del TTIP,
las negociaciones entre Bruselas y Toronto concluyeron en septiembre de
2014, y hoy el acuerdo está listo para ser ratificado por los 28
durante este mes de octubre, para después pasar a los respectivos
parlamentos nacionales. Sin embargo, antes de que el Congreso de los
Diputados y sus homólogos puedan votar, el CETA ya habrá sido
implementado parcialmente, por lo que la mayoría de sus engranajes ya
estarán en funcionamiento, y serán muy difíciles de parar.
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada