Denuncian a nueve cónsules destinados en Cuba, Argentina, México y Venezuela por irregularidades en la concesión de nacionalidades con la ‘ley de nietos’
19.10.2026
Por posibles delitos de falsedad documental y prevaricación administrativa
Denuncian a nueve cónsules destinados en Cuba, Argentina, México y Venezuela por irregularidades en la concesión de nacionalidades con la ‘ley de nietos’
LA GACETA - Unai Cano- 19 de octubre de 2026
Nuevo golpe a los planes electorales de Pedro Sánchez en plena controversia por las nacionalizaciones concedidas a través de la ‘Ley de Nietos’. El sindicato Manos Limpias ha presentado una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción contra nueve responsables consulares españoles destinados en Cuba, Argentina, México y Venezuela, a los que atribuye presuntas irregularidades en la tramitación de expedientes de nacionalidad. La organización solicita investigar posibles delitos de falsedad documental y prevaricación administrativa, ante las sospechas de que se hayan concedido ciudadanías sin comprobar debidamente el cumplimiento de los requisitos legales.
La iniciativa, promovida por el secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad Remón, está fechada el pasado 14 de octubre y señala a los responsables de los consulados de La Habana, Buenos Aires, Bahía Blanca, Córdoba, Rosario, Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara y Caracas. El sindicato reclama que se examinen las actuaciones realizadas en estas oficinas diplomáticas y se esclarezca si las autoridades españolas admitieron documentación insuficiente para autorizar las nacionalizaciones.
Una de las principales acusaciones gira en torno a la supuesta aprobación de solicitudes mediante simples fotocopias, sin las comprobaciones necesarias para garantizar su autenticidad. Según sostiene Manos Limpias, determinados consulados habrían flexibilizado los procedimientos de verificación ante el elevado número de peticiones recibidas desde la entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática en 2022. La denuncia plantea que estas prácticas podrían haber permitido reconocer la nacionalidad a personas que no reunían las condiciones exigidas.
El escrito también cuestiona la aceptación de documentos relativos a antepasados españoles que emigraron antes del 18 de julio de 1936, una circunstancia que los denunciantes consideran especialmente relevante para determinar si se está aplicando correctamente la legislación. No obstante, la existencia de ascendientes que abandonaron España antes de esa fecha no supone automáticamente una irregularidad, ya que la norma contempla diferentes supuestos para acceder a la ciudadanía.
La controversia vuelve a situar en el centro del debate a Sofía Puente Santiago, hermana del ministro Óscar Puente y antigua directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública. La responsable del Ministerio de Justicia firmó el 25 de octubre de 2022 una instrucción que desarrolló la aplicación de la ‘Ley de Nietos’ y estableció criterios administrativos para resolver las solicitudes presentadas por descendientes de españoles.
Entre otras disposiciones, aquella instrucción introdujo una presunción de exilio para quienes hubieran abandonado España entre julio de 1936 y diciembre de 1955, siempre que pudiera acreditarse documentalmente su salida. Para determinados desplazamientos posteriores, hasta finales de 1978, se establecieron requisitos adicionales de justificación. Manos Limpias sostiene que una instrucción administrativa no puede ampliar los derechos reconocidos expresamente por una ley, por lo que reclama examinar si las decisiones adoptadas por los consulados respetaron ese límite.
La denuncia llega, además, cuando el Tribunal Supremo ha cuestionado los efectos electorales de determinadas nacionalizaciones realizadas al amparo de la Ley de Memoria Democrática. La controversia judicial afecta a alrededor de 163.000 españoles residentes en el extranjero y ha provocado una disputa sobre su participación en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. El Defensor del Pueblo ha acudido al Tribunal Constitucional para cuestionar las restricciones cautelares acordadas sobre su derecho al voto.
Manos Limpias advierte de que las posibles irregularidades en la concesión de nacionalidades podrían tener consecuencias sobre la composición del censo electoral, dado que los nuevos ciudadanos españoles adquieren derechos políticos cuando cumplen los requisitos establecidos. Sin embargo, la denuncia no acredita que exista una operación organizada para alterar las elecciones ni que las personas nacionalizadas hayan cometido fraude electoral.
El sindicato fundamenta su petición en los artículos 390, 391 y 404 del Código Penal, relativos a distintas conductas de falsedad documental y prevaricación administrativa. Corresponderá ahora a la Fiscalía determinar si los hechos denunciados justifican la apertura de diligencias y si existen indicios suficientes para investigar individualmente las actuaciones de los responsables consulares.
La presentación de la denuncia abre así otro frente jurídico sobre la aplicación de la ‘Ley de Nietos’, una normativa que ha permitido acceder a la nacionalidad española a numerosos descendientes de emigrantes. El examen de los expedientes y de las comprobaciones efectuadas por los consulados será determinante para establecer si las concesiones cuestionadas se ajustaron a derecho. Por el momento, no existe una resolución judicial que declare ilegales las nacionalidades a las que se refiere Manos Limpias.
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