A diferencia de sus padres, nacionalizados por una disposición de la Ley de Memoria Democrática de 2022 y a quienes el Supremo suspendió cautelarmente el derecho a voto salvo que acreditasen que son descendientes de exiliados, sus hijos sí podrán votar el 29 de noviembre, al descartar el tribunal la petición cautelar de Iustitia Europa y Vox. La Abogacía del Estado, en nombre del Gobierno, se había pronunciado en contra de ambos partidos por no resultar conformes y ajustadas a derecho.
La sección cuarta de lo Contencioso del alto tribunal ha denegado las medidas cautelares solicitadas en un auto notificado este lunes -día festivo en la ciudad de Madrid-, que cuenta con el voto particular discrepante de uno de sus seis magistrados, y con el concurrente de otra jueza, que apoya que estas 190.000 personas puedan votar pero discrepa de alguna argumentación de sus compañeros.
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