La cuestión tiene origen en una pregunta remitida por el primer ministro, Mateusz Morawiecki, en la que pedía que se aclarasen "dudas constitucionales de gran alcance y justificadas" acerca de posibles conflictos entre el Derecho nacional y el europeo. El gobierno ultraconservador de Ley y Justicia (PiS) está involucrado en una serie de disputas con la UE sobre temas que van desde los tribunales y la libertad de los medios de comunicación hasta los derechos LGTBIQ. El caso sobre el que ha fallado el tribunal se refiere a los cambios que el PiS realizó en el sistema judicial del país.
"La primacía del derecho constitucional sobre otras fuentes del derecho se deriva directamente de la Constitución de la República de Polonia", ha tuiteado el portavoz del gobierno, Piotr Muller: "Hoy (una vez más) esto ha sido claramente confirmado por el Tribunal Constitucional".
"Tengo que leer la decisión antes de analizar todos los detalles", ha dicho el comisario de Justicia europeo, Didier Reynders, tras conocer la sentencia: "Es una situación que nos preocupa. Ya lo dije en los últimos meses: hay una serie de principios de la UE, que están en el núcleo creador de la UE, como las sentencias del TJUE, vinculantes para todos, que el derecho comunitario prima sobre el derecho nacional. Así que todo esto hay que tenerlo en cuenta y vamos a seguir usando todos los instrumentos a nuestro alcance para que se respete todo esto. Queremos ser firmes y utilizar todo lo que tenemos a mano para proteger nuestros principios, porque son el núcleo fundacional de la UE. Estamos discutiendo los fondos europeos y vamos a seguir con el proceso de condicionalidad. Quiero que quede claro que no queremos desviarnos en absoluto de estos principios".
El juez Marek Szydlo, que forma parte del panel de cinco magistrados constitucionales encargados de dictar sentencia, ya había dicho hacía unos días que en el fondo de la cuestión están "la manera en que afecta a la Constitución el derecho internacional, incluido el derecho de la UE, y el papel de la Constitución como ley suprema en Polonia", informa Efe.
Uno de los conflictos abiertos entre Polonia y el Tribunal de Luxemburgo radica en la legalidad o no de los nombramientos de jueces por parte del presidente polaco.
Hasta tal punto hay un conflicto entre Bruselas y Varsovia, que Polonia tiene bloqueados los fondos europeos de recuperación –23.900 millones de euros– y los de cohesión en Bruselas por la cruzada de su Gobierno –comandado por el PiS, principal aliado europeo de Vox– contra los colectivos LGTBI y la independencia judicial.
Hace exactamente un mes, el Ejecutivo comunitario dio un paso más en la medida en que el Gobierno polaco mantiene su asalto al poder judicial del país y a su desafío de la preeminencia de la legislación comunitaria sobre la estatal.
Así, la Comisión Europea solicitó al Tribunal de Justicia de la UE que imponga sanciones económicas a Polonia para garantizar el cumplimiento de la orden de medidas cautelares del Tribunal, que se refería al funcionamiento de la Sala Disciplinar del Tribunal Supremo de Polonia y la suspensión de otras disposiciones de la legislación polaca que afectaban a la independencia judicial.
En segundo lugar, la Comisión también ha decidido enviar una carta de emplazamiento a Polonia por no haber adoptado las medidas necesarias para cumplir plenamente la sentencia del Tribunal de Justicia (de 15 de julio de 2021), que dictamina que la legislación polaca sobre el régimen disciplinario contra los jueces no es compatible con el Derecho de la UE.
"El Tribunal confirmó todas las reclamaciones presentadas por la Comisión. El régimen disciplinario polaco socava la independencia judicial de los jueces polacos y no asegura las garantías necesarias para proteger a los jueces del control político", dice Bruselas: "Si el Tribunal de Justicia determina que un Estado miembro ha incumplido una obligación en virtud del Tratado, el Estado está obligado a tomar las medidas necesarias para cumplir plenamente la sentencia del Tribunal de Justicia".
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