La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha declarado que el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, tiene "cierta querencia" a pronunciarse en "momentos políticos sensibles", después de que el juez haya insistido en acusar de un presunto delito de terrorismo al expresidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont en la causa sobre 'Tsunami Democràtic'. La ministra se ha pronunciado en estos términos al ser preguntada por el hecho de que el magistrado se haya reafirmado en su decisión de enviar la causa sobre 'Tsunami Democràtic' al Tribunal Supremo para que investigue por un delito de terrorismo en la causa a Puigdemont, a la dirigente de ERC Marta Rovira y a otras diez personas, al tiempo que mantiene que los hechos fueron terrorismo. Aunque miembros del Gobierno han respaldado las palabras de Ribera, fuentes de la Moncloa y algunos ministros como el de Interior, Fernando Grande-Marlaska, han salido al paso para tratar de matizarlas, asegurando que el Gobierno siempre respeta las decisiones del Poder Judicial. Desde el PP no han tardado en reaccionar y han señalado que las palabras de Ribera son de "una gravedad extrema" al insinuar que hay jueces que "prevarican en su toma de decisiones". Los Populares han pedido a Pedro Sánchez que desautorice a la vicepresidenta y utilizarán su mayoría en el Pleno del Senado para reprobarla. Por su parte, el Consejo del Poder Judicial ha rechazado las declaraciones de Ribera y considera que atacan la independencia judicial, la separación de poderes y contribuyen a la pérdida de confianza de los ciudadanos en la justicia.
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